UGT pide a los partidos detener la destrucción de empleo público

La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Carmen Amez, reclamó a los principales partidos políticos que concurrirán el próximo 24 de mayo a las elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad que “recuperen el discurso de lo público”, ya que “es la esencia de la democracia y de la calidad del Estado”. En su opinión, es básico además “ordenar las administraciones públicas desde la transparencia y el control público”, “exigir coherencia, responsabilidad e implicación en la preservación de los polares básicos del estado del bienestar” y “detener la destrucción del empleo público para garantizar la calidad del servicio que presta”.

Así lo manifestó instantes antes de participar en la jornada de debate 'Empleados públicos de Castilla y León: presente y futuro', organizada por el sindicato y celebrada este lunes en su sede de Valladolid, donde también participaron el secretario general del grupo parlamentario socialista, José Francisco Martín; el candidato que representará a EQUO-IU en la lista de las autonómicas, Javier Rodríguez; y el director de campaña de Ciudadanos en Castilla y León, Miguel Ángel González.

En su intervención, Amez denunció que el Partido Popular “camufla las privatizaciones hablando de externalización”, y “las justifica como más eficientes cuando prestan un servicios con menos recursos humanos y la necesidad de generar beneficio económico”. Para ella, “los empleados públicos están muy denostados, porque las administraciones aprovechan para colocar a cargos de libre disposición”. Además, denunció el incremento de conciertos privados y de externalización de servicios a lo largo de la última legislatura.

“Los empleados públicos no nos hemos privilegiado de la administración, sino que en los últimos años estamos siendo los grandes sufridores, ya que de nosotros han sacado los mayores jugos demagógicos. En estos años hemos visto cómo la sociedad se ha ido empobreciendo, pero no ha sido por los empleados públicos; siempre hemos defendido la mesa del diálogo social, pero no a costa de la mesa de negociación de otros empleados que también lo necesiten”, argumentó.

Amez solicitó a los representantes políticos que intervinieron una “defensa a ultranza de lo público, de los empleados públicos y de organizaciones sindicales de base como UGT-FSP que son necesarias para defender los derechos de los trabajadores. Los empleados públicos no somos entes raros que viven por encima de sus posibilidades, sólo queremos que se nos trate de forma justa”.

“La legislatura del tsunami”

Por su parte, José Francisco Martín apuntó que todas las propuestas que el grupo parlamentario socialista ha planeado en materia de función público ha sido consensuada con las organizaciones sindicales. “Esta legislatura ha sido la del tsunami para la Administración pública, ya que ha sido un absoluto desastre. El PSOE rechaza las políticas de recorte bestial del PP y defiende el mantenimiento del Estado del Bienestar desde un punto de vista público”, algo que, en su opinión, “es imposible conseguir si no se permite que los trabajadores públicos realicen su labor en las mejores condiciones posibles”.

Por ello, los socialistas apuestan por “recuperar todo lo que se había conseguido antes del inicio de la crisis”, revirtiendo la situación y “desechando cualquier tipo de privatización, para lograr una mayor transparencia en el ejercicio de la función pública”.

Respecto a este último punto, menos tajante fue el representante de Ciudadanos, Miguel Ángel González, que evitó centrar el debate en torno a la titularidad de los servicios, y reclamó reorientar el discurso a conseguir “que lo público sea competitivo”, algo para lo cual, en su opinión, “hay que optimizarlo, hacerlo más transparente y mejorarlo”, con lo cual “quizá lo privado no sea competitivo”.

En ello abundó el representante de Equo-IU, Javier Rodríguez, que señaló que “hablar de la competitividad del servicio público es peligroso” y explicó que “ningún estudio, ni en Castilla y León ni a nivel nacional, demuestra que lo privado funcione mejor”. Para él, “la Administración de Castilla y León está envejecida, y la tasa de reposición del 10% no ayuda; está disminuida, con miles de empleos menos que hace cuatro años; y privatiza servicios que podrían desarrollar los empleados públicos”.