El PP propone blindar un suelo de inversión social en el Estatuto

El Partido Popular buscará los consensos necesarios para promover una reforma del Estatuto de Autonomía a lo largo de la próxima legislatura y blindar las que el presidente autonómico y candidato a la reelección, Juan Vicente Herrera, ha definido siempre como dos de las señas de identidad de Castilla y León: los servicios públicos fundamentales y el municipalismo.

En el Parador San Marcos de León, ante más de 500 personas en un salón repleto, Herrera planteó una modificación estatutaria para garantizar un suelo de inversión social en el presupuesto, de forma que el 80% de los recursos no financieros se destinen a Sanidad, Educación y Servicios Sociales; una idea que propuso el PSOE en la etapa de Óscar López, aunque vinculada al PIB, y que el Gobierno Herrera lleva años aplicando ‘de facto’.

Además, en la norma suprema autonómica se consagraría, con la «máxima garantía de estabilidad», el modelo de servicios sociales y la Red de Protección a las Familias, que la Junta desarrolló ante la emergencia de la crisis. Un ‘paraguas’ de prestaciones y servicios para las personas y colectivos más vulnerables, al que se incorporarán por ley «como nuevos derechos subjetivos» la cobertura de alimentos básicos o la ayuda antidesahucios.

Un segundo eje de la reforma estatutaria buscaría «fortalecer» las entidades locales en su papel de «prestación de servicios de proximidad». Una «Conferencia de Ciudades», siguiendo la estela de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, serviría de «marco de encuentro y coordinación» con el Gobierno de la Comunidad en asuntos comunes y de vertebración.

No es la única propuesta en materia de municipalismo del programa electoral del PP. Herrera se compromete, si gobierna a partir del 24 de mayo, a exigir ante el Gobierno de la nación un modelo de financiación local cuya reforma discurra en paralelo al autonómico; a destinar al menos 250 millones a la cooperación económica general con las corporaciones locales; a activar un Plan de Convergencia Interior para corregir desequilibrios territoriales a partir del mapa de las áreas funcionales estratégicas, una vez sea aprobado esta legislatura; y a poner en marcha un Fondo Autonómico de Compensación con el mismo fin y regido por el principio de solidaridad.

El candidato autonómico del PP fue desgranando las propuestas más relevantes de un programa electoral, que se articula en cuatro ejes: el empleo; los grandes servicios y la cohesión social; avanzar en el modelo de comunidad; y la mejora de la «calidad de la actividad política».

Es en este último apartado donde entronca la tercera pata de la reforma de la Carta Magna autonómica, que ayer formuló Herrera, semanas atrás avanzó el redactor del programa electoral, José Antonio de Santiago-Juárez, y en enero dejó listo para su debate en esta legislatura el Grupo Popular. La propuesta pasa por regular la limitación de mandatos y aforamientos de sus señorías en las Cortes, la «adecuación del número de procuradores»; o la limitación del número de consejeros de la Junta.

Medidas para «dar respuesta al disgusto y desafección que expresan» los ciudadanos hacia la política y sus representantes, señaló el candidato, quien se comprometió a promover un debate en el ámbito nacional sobre la oportunidad de avanzar hacia un sistema de «listas abiertas o desbloqueadas» y, en el autonómico, a propiciar una reforma del reglamento de las Cortes tendente a «favorecer un contacto más estrecho de los ciudadanos con sus parlamentarios».

A la política social y el modelo territorial dedicó media intervención el presidente. Anunció un «plan de inversiones sociales prioritarias», que cifró en 600 millones en los próximos cuatro años, dentro de uno más amplio de ‘rescate’ del conjunto de inversiones de la Junta –en el dique seco por las restricciones presupuestarias de los últimos años–, que elevó a 2.000 millones.

Tras reconocer la contribución de los empleados públicos al mantenimiento de la calidad de los servicios esenciales, «una clara prioridad política y presupuestaria» de su Gobierno, anunció la «recuperación» paulatina de sus condiciones laborales, así como una oferta de empleo público que agotará la tasa de reposición impuesta desde Madrid.

Para avanzar en el «liderazgo en calidad y equidad» de la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, Herrera comprometió un proyecto de ley del Diálogo Civil, como herramienta de «interlocución permanente» entre el Ejecutivo y la sociedad civil que participa y hace posible la prestación de esos servicios.