La Junta abre la vía para crear mancomunidades de interés general en Castilla y León

La Junta de Castilla y León abrió este jueves la vía para la creación de las Mancomunidades de Interés General (MIG) con la aprobación por el Consejo de Gobierno del decreto de reglamento, organización y funcionamiento de esta herramienta de unión voluntaria de municipios para la prestación de servicios en el medio rural y urbano, si bien para la aplicación completa del nuevo modelo de ordenación falta la definición del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios rurales.

“Se trata de ser más fuertes, pero no a la fuerza, sino de manera voluntaria”, defendió el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, en relación a la nueva herramienta aprobada para avanzar en el desarrollo del modelo que se recoge en la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, aprobada en las Cortes por consenso de PP y PSOE.

La norma regula los dos tipos de mancomunidades, las rurales y las urbanas. La primera surgirá de la asociación voluntaria de municipios con una población inferior o igual a 20.000 habitantes, tendrán una cartera de servicios igual para todas y una localidad sólo podrá pertener a una MIG, aunque sí puede coincidir una o más unidades básicas de ordenación rurales. La segunda se conforma por poblaciones de más de 20.000 habitantes y su alfoz y se asientan en las áreas funcionales, ya aprobadas, mientras que su cartera de servicios será flexible.

Según el decreto, desarrollado en 35 artículos, la aprobación para la constitución de una mancomunidad de interés general rural se hará por dos vías: por la mayoría de los ayuntamientos que aglutinen la mitad de la población de los municipios asociados en cada una de las unidades básicas de ordenación y servicios o por el 70% de la población, con independencia del número de municipios integrados.

En el caso de una mancomunidad de interés general urbano, que no podrá exceder del área funcional estable al que pertenece, se aprobará su constitución por un tercio de los municipios de ese área o por los municipios que representen un tercio de la población, con independencia de su número.

En ambos casos sólo se podrá pertenecer a una mancomunidad, no a varias, como ocurre en la actualidad con las más de 200 existentes para la prestación de distintos servicios. El consejero de la Presidencia recordó la financiación extra de la Junta para la constitución de mancomunidades de interés general, recogida en la ley de medidas que acompaña al presupuesto.

Sobre el número de mancomunidades que se pueden constituir, el titular de la Presidencia, cuyo departamento ha pilotado el nuevo modelo de ordenación, explicó que no se podrá saber hasta que esté el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios rurales, cuya aprobación requiere una mayoría de dos tercios de las Cortes de Castilla y León, según el consenso alcanzado en su día por PP y PSOE.

El decreto detalla el objeto, el ámbito territorial, las potestades y facultades, el procedimiento de constitución y la declaración como Mancomunidad de Interés General. Además, se contemplan sus estatutos, así como el procedimiento para su modificación, que podrá producirse a iniciativa de cualquiera de los municipios mancomunados o de su Consejo Directivo. Asimismo, se establecen sus potestades, prerrogativas y facultades, dada su naturaleza jurídica de entidad local, como cualquier otra Administración pública. También se destaca la potestad expropiatoria, con autorización previa de la Junta y la prelación para el cobro de créditos.

Con la aprobación de esta norma se establece también la estructura orgánica de las mancomunidades actualmente existentes –presidente, Consejo Directivo y Asamblea de concejales-; es decir, no se crean nuevos órganos y se respeta la estructura existente hasta ahora para facilitar el tránsito de éstas hacia su conversión en mancomunidades de interés general. Por otro lado, el reglamento contiene los procedimientos requeridos para su creación, el desarrollo de competencias y funciones y en su caso, la posible extinción de la mancomunidad .

Además, en la norma dicta que serán los municipios los que se encarguen de desarrollar la regulación prevista de los contenidos mínimos en los estatutos de las mancomunidades, lo que refleja el respeto de autonomía local. Dentro de este apartado, se encuentra el referido a los recursos económicos -que incluyen los criterios para determinar las aportaciones económicas que los municipios asociados deban hacer a la mancomunidad para su funcionamiento- y el régimen del personal al servicio de la mancomunidad.

Sobre este último punto, la mancomunidad asume el compromiso de no dotarse de personal eventual, confianza o directivo y aprovechar los medios personales que provengan de municipios asociados, considerando que los municipios dejarán de prestar determinadas competencias que serán ahora asumidas por la mancomunidad, lo que supone que no se pierden puestos de trabajo sino una redistribución para optimizar los recursos personales.

Informes favorables

Por último, las disposiciones finales del reglamento se refieren al procedimiento de modificación de las mancomunidades actuales para la constitución de las nuevas mancomunidades de interés general. Además, se recoge la previsión de que estas entidades cuenten con la ayuda técnica y jurídica para su constitución por parte de la Junta de Castilla y León y de las diputaciones provinciales

El consejero manifestó que la norma ha cumplido los trámites exigidos como informes de las diferentes consejerías del Gobierno autonómico, Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y Consejo Consultivo de Castilla y León, además de la consulta con el Grupo Socialista.

También, se expuso en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta donde todos los ciudadanos han podido incorporar sus ideas y sugerencias. El pasado 20 de marzo la Consejería de la Presidencia presentó ante el Consejo de Cooperación Local el contenido del proyecto de este decreto.