política
Soraya Rodríguez sostiene que los casos de Pujalte y Trillo asesorando a Collosa "no son legales"
La parlamentaria por el PSOE de Valladolid lo ve “ilegal porque los diputados no pueden ser contratados o hacer valer su cargo, informado para ejercer cualquier tipo de actividad mercantil”

La diputada socialista, Soraya Rodríguez, en una imagen de archivo-Ical
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Soraya Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, sostuvo en su interpelación al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el conflicto entre intereses públicos y privados, que los casos de Pujalte y de Trillo, asesorando a la empresa vallisoletana Collosa, “no son legales”.
“De ser cierto lo que conocemos es ilegal porque los diputados no pueden, en ningún caso, ser contratados o hacer valer su cargo, informado para ejercer cualquier tipo de actividad mercantil”, subrayó. “Cuando descubrimos que estaban asesorando a la empresa Collosa, a través de sus despachos profesionales, inmediatamente dijeron que era legal porque habían pedido la compatibilidad para ejercer sus profesiones y el Congreso de los Diputados se lo había concedido”, relató la diputada socialista.
Sin embargo, consideró la actuación de “ilegal”, primero al ser conocido que esos asesoramientos, a través de una investigación de la Agencia Tributaria, se han remtido a la Fiscalía Anticorrupción. “Se investiga una red organizada de personas y sociedades, continuada en el tiempo, por la compra y la venta de licencias ambientales para instalar parques eólicos en Castilla y León”, expresó.
Rodríguez señaló en segundo lugar que Federico Trillo, cuando habló de su contrato de 9.000 euros “por tomar un café con la empresa Collosa,” apuntó que no tenía nada que ver con la obra pública, ni con la instalación de los parques eólicos que ya se habían producido. “Mintió porque en septiembre de 2005 su hermano, Pablo Trillo Figueroa, fue nombrado secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León, Consejería que gestiona las licencias y que está en el centro de la trama. Unos meses más tarde, en febrero de 2006, se firma el contrato de asesoramiento de Trillo con la empresa Collosa”.
Además, explicó que, durante los años 2006, 2007 y 2008, ha tenido lugar el mayor número de licencias a través de empresas intermedias que están en la trama que se investiga. Insistió igualmente en que los diputados no pueden ser contratados para ejercer una actividad mercantil. “Asesorar a una empresa que está en una trama para conseguir licencias que más tarde se venden a las empresas finalmente ejecutoras de los parques eólicos, sin duda es una actividad ilegal”, aseveró.
A su vez, relató que en 2011, cuando Trillo es nombrado embajador en Londres, el propio diputado del PP “actuaba de pasador de su contrato a Pujalte quien, pocos días antes de comenzar a cobrar 5.000 euros al mes de Collosa, constituye la empresa Sirga XXI Consultores. En palabras de Ana Torme, socia de este despacho y hoy senadora, se trata de una empresa instrumental que sólo servía para facturar, lo que cobraba el señor Pujalte de la empresa Collosa y según ella sus publicaciones que desconozco cuáles son”, matizó la parlamentaria socialista.
“Trama del PP”
“Le digo a Montoro que están todos”, destacó. “El presidente Herrera, ya que desde su Gobierno se establece y se teje esta trama, con altos cargos de la Consejería de Hacienda; Pablo Trillo, hermano Federico Trillo; los despachos que asesoraban a las empresas de la trama, como el de Trillo, y el de Pujalte y de Ana Torme. En esto no falta nadie”, indicó. Tampoco podía faltar el propio ministro Montoro, explicó, porque “el informe de la Agencia Tributaria parece que ha estado paralizado por la delegada especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, Georgina Lastra, antigua secretaria general de la Consejería de Economía y Hacienda y nombrada delegada especial por Montoro”.
Asimismo, Rodríguez desveló que “como el informe no salía y lo normal es que el informe lo saque el superior, el inspector que lo elaboró se vio obligado a registrarlo, hacerlo público y a partir de ahí intervino la Fiscalía Anticorrupción. Por tanto, ¿faltaba Montoro? No, también está”.
Por otro lado, Rodríguez aseguró que también es ilegal la actuación protagonizada por Agustín Conde, de la dirección del Grupo del PP en el Congreso. “Tener un contrato con un banco para ejecutar los desahucios, mientras te sientas en un escaño del Congreso, donde tienes la obligación de legislar para garantizar el derecho a la vivienda digna de los ciudadanos, es tan poco legal, que ni tan siquiera el señor Conde pidió compatibilidad para ello porque sabía que no era legal”, explicó.
Modificar la Ley Electoral
La diputada socialista pidió al Gobierno que modifique la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que regula las incompatibilidades de diputados y senadores, tal como figura en dos enmiendas socialistas y rechazadas por el PP. Una enmienda restringe el régimen de incompatibilidades, para que sea verdad incompatible la actividad privada con la pública de un diputado y de un senador. “Restringirlas a actividades de carácter intelectual, creativo, docencia y participación en tertulias o conferencias, pero sin cobrar”, expuso.
La segunda dota a la Comisión del Estatuto del Diputado de verdaderas competencias para verificar que los datos aportados en las solicitudes de compatibilidades de diputados y senadores son ciertos, competencia para instruir un expediente y elevar la sanción correspondiente al Congreso de los Diputados. Asimismo, “en el caso de omisiones, falseamiento, incumplimientos de la incompatibilidad, derivar las actuaciones tanto a la Fiscalía General del Estado como a todos los organismos que tengan competencia en las actuaciones que se deriven de la investigación”.
Por último, se dirigió al ministro Montoro para decirle: “Usted y yo no tenemos la misma forma de entender la política. Nosotros no heredamos despachos ni los van a heredar nuestros hijos. No les da vergüenza lo que hacen, pero nos avergüenzan a todos. Tenemos el derecho a que se nos oiga y se nos vea que somos honrados, que trabajamos como diputados y que sólo tenemos una nómina a lo largo de nuestra vida”.