elecciones 24-m encuesta de sigma dos para la agencia ical
El PP ve tambalearse la mayoría absoluta
Los populares obtendrían entre 39 a 43 procuradores / El PSOE se desploma al peor resultado de su historia con 21 a 23 escaños / Podemos y Ciudadanos irrumpen con una decena de procuradores cada uno y IU y UPL se mantienen

Estimación de la intención de voto en las Elecciones Autonómicas 2015-Ical
Después de 24 años de hegemonía histórica en Castilla y León, el Partido Popular ve tambalearse la mayoría absoluta. La crisis, la irrupción de nuevas formaciones y el descontento del electorado pasa factura a los populares de Castilla y León y los sitúa al borde de un escenario hasta ahora desconocido, con entre 39 y 43 escaños, más aún después de obtener en las últimas elecciones su mejor resultado en la Comunidad. Bien es cierto que entonces acompañó el deterioro nacional del Partido Socialista por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sin embargo, de este descenso del PP no se beneficiaría al principal partido de la oposición que no sabría rentabilizarlo. El PSOE no se haría con los votos perdidos por los populares, volvería a caer y esta vez con su peor resultado en Castilla y León, entre 21 y 23 parlamentarios, lo que sería una nueva debacle socialista.
Frente a estos dos ‘descalabros’, los beneficiarios serían las fuerzas emergentes, Podemos y Ciudadanos, que han conseguido el mismo ‘tirón’ y entrarían por primera vez en el Parlamento autonómico con alrededor de 10 escaños cada uno y grupo propio.
Llama la atención que la llegada a las Cortes de los nuevos partidos no desbancaría al Grupo Mixto y tanto Izquierda Unida como Unión del Pueblo Leonés mantendrían su actual representante cada uno.
Quien correría peor suerte es UPyD, formación que volvería a quedarse fuera del Parlamento.
Estos son los resultados de un sondeo de Sigma Dos para la agencia Ical, realizado entre el 12 y el 14 de marzo, con una muestra de 2.200 entrevistas con un margen de error de más menos el 2,13% para un nivel de confianza del 95,5%.
La encuesta pone de manifiesto que el PP volvería a ganar las elecciones en Castilla y León, reteniendo casi el 40% de los votos, si bien vería peligrar su mayoría absoluta, que en la Cámara autonómica se sitúa en 43 escaños, debido al descenso de más de 12 puntos en la intención de voto con respecto a cuatro años atrás.
Los populares obtendrían una horquilla que va desde los 39 hasta los 43 procuradores, es decir, entre 10 y 14 menos que en la actualidad, lo que le dejaría en el filo de necesitar el apoyo de otras formaciones para mantener el Gobierno.
Los otros perjudicados serían los socialistas que se harían con un 22,2% de los sufragios (7,5 puntos menos que hace cuatro años), lo que les dejaría un grupo parlamentario con entre 21 y 23 representantes en las Cortes, esto es, la pérdida de entre 6 y 8 procuradores.
La fortaleza de las nuevas opciones políticas Podemos y Ciudadanos tendría su traslado a las Cortes con una presencia significativa de ambas formaciones, algo que les podría dar la llave de la gobernabilidad y haría que, por primera vez en la etapa autonómica, la representación se distribuyera en cuatro grupos parlamentarios, además del mixto.
Podemos lograría un 13,8% de los apoyos y entre nueve y once escaños, mientras que Ciudadanos registraría el 13,3% de las papeletas para sentar en el hemiciclo a entre nueve y diez representantes.
El ascenso de siete décimas en la intención de voto de IU, que obtendría un 5,6% de sufragios, no serviría para aumentar su presencia en el Parlamento, pero mantendría su escaño por Valladolid, mientras que UPL también conservaría su procurador.
Por otro lado, más de dos tercios de los castellanos y leoneses (el 68,1%) son partidarios de que gobierne en la Junta el partido más votado en las próximas elecciones, frente al 21,6% que prefiere una política de pactos.
Este apoyo es más acusado entre los hombres que entre las mujeres y se vuelve más matizado entre los votantes del PSOE y de IU, si bien es la opción mayoritaria entre este colectivo.
Por provincias, el apoyo a esta postura es generalizado y supera el 70% entre los burgaleses, mientras que es rechazado por uno de cada cuatro vallisoletanos.