economía
Acuerdo para que el 90% de los ‘fondos Montoro’ vayan a prestaciones sociales
Discrepancias formales aplazan la firma de los 93,8 millones / La Junta quiere que el documento sólo precise el destino de 20 millones y los sindicatos buscan detallar el uso de 43,5 M€
Imagen de personas mayores en una residencia, un colectivo que recibirá una parte de los fondos de Montoro-Ical
Todo estaba listo para que Junta, patronal y sindicatos firmaran ya el documento en materia de políticas sociales gracias a la distribución del Fondo de Facilidad Financiera, más conocido como el ‘fondo Montoro’, que supone el reparto este año de 93,88 millones de euros. Sin embargo, anoche surgieron diferencias salvables entre Junta y sindicatos sobre lo que debe figurar en el documento definitivo.
La Junta propone que sólo se acuerde el destino de 20 millones de euros y el resto se dedique a dependencia, sanidad y educación. Los sindicatos aspiran a precisar en el acuerdo el uso final de 45,3 millones -25 de ellos para dependencia- y asumen que el resto vaya para sanidad y educación.
En cualquier caso, ambas partes se daban anoche unas horas para culminar el acuerdo, porque hay consenso en que los 93,8 millones se destinen a Dependencia, sanidad y educación.
El documento presentado a sindicatos y patronal supone que los dependientes de mayor edad tendrán derecho a la percepción de otras prestaciones, adicionales a la Dependencia, para recibir servicios profesionales públicos a través de ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal y centros de día.
Según fuentes próximas al Consejo Diálogo Social, la Renta Garantizada de Ciudadanía, que será compatible con la percepción de otros subsidios no contributivos parciales, recibirá 3,5 millones de
euros adicionales. Este cambio fue acordado por los grupos parlamentarios en las Cortes y trasladado después a sindicatos y patronal.
En materia educativa, el acuerdo precisa dos ámbitos de inyección de fondos complementarios: la reducción del precio público del Programa Madrugadores y la bonificación del 50% para el primer hijo en familias monoparentales que tengan dos hijos usuarios del servicio y la bonificación del 50% para familias monoparentales con un solo hijo que reciban este servicio. Para estos servicios se destinarán 350.000 euros más que ahora.
Además, los alumnos de familias con menos recursos económicos –los que no superen el umbral 1 de renta fijado por el Ministerio– tendrán una ayuda complementaria de 350 euros, lo que suma 1.150.000 euros más.
El Consejo del Diálogo Social, que preside el jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, firmará también, si no se rompen las negociaciones, el destino de 5 millones de euros para vivienda. Se trata de una nueva línea de ayudas al alquiler para personas con ingresos inferiores al IPREM (532,5 euros mensuales). Además, existe una nueva dotación presupuestaria que suma cinco millones de euros para la lucha contra incendios, con un aumento del 10% respecto al nivel de 2014.
Junta, sindicatos y patronal estiman que para 2016 y 2017 habrá un beneficio asociado de 36 millones de euros por el ahorro de intereses al acogerse Castilla y León al Fondo de Facilidad Financiera.
Esto permitirá mantener en ambos ejercicios la ampliación de la renta garantizada de ciudadanía en los supuestos de compatibilidad con los subsidios parciales, así como las ayudas adicionales a la Dependencia. Con esa cuantía complementaria, en los dos próximos años se mantendrán también los compromisos sobre ayudas al estudio universitario, a los programas de madrugadores, a los comedores escolares y al alquiler de viviendas para los más desfavorecidos.
La firma de este acuerdo, que estaba prevista para antes de Semana Santa, no ha estado exenta de dificultades. Primero, porque Cecale se negaba a firmarlo hasta que la Junta no se sentara a negociar asuntos colaterales vinculados a los cursos de formación, extremo que se desbloqueó el lunes una vez que la patronal aceptó la propuesta de abrir una ‘nueva mesa’ para abordar discrepancias de financiación del Diálogo Social. Previamente el Grupo Socialista tuvo que aceptar que la negociación de los fondos saliera del ámbito parlamentario, algo en lo que les convencieron los sindicatos.
Además, la firma de este acuerdo rompería la norma no escrita de no suscribir acuerdos por el Gobierno regional en víspera electoral. Los sindicatos dicen que al ser fondos para los colectivos más desfavorecidos tiene todo el sentido saltarse esta regla de oro del Diálogo Social.