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La Red de Protección a la Familia atiende a 150.000 personas, un 7,5% más

La Junta destinó el año pasado 160 millones de euros, 21 más que en 2013, a financiar los programas sociales coordinados por esta red

Milagros Marcos, en la Comisión de Familia de las Cortes junto al portavoz socialista Jorge Félix Alonso-Ical

Milagros Marcos, en la Comisión de Familia de las Cortes junto al portavoz socialista Jorge Félix Alonso-Ical

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El Mundo
Valladolid

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La Red de Protección a las Familias de Castilla y León atendió en un año a 150.000 personas, un 7,48% más que en 2013, y supera en un 50% sus previsiones de llegar a 100.000 personas a través de los 23 programas que la componen.

Así lo explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, tras la constitución de la Sección de Servicios Sociales de responsabilidad pública, órgano consultivo dentro del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León –que incrementa sus miembros– y horas antes de hacer un balance en las Cortes.

Indicó que se ha llegado a unas 60.000 familias, 20.000 más de lo que inicialmente se había previsto. La titular de Familia atribuyó ese crecimiento al incremento de las prestaciones mediante este instrumento, las modificaciones en la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o el aumento de los programas de empleo, que también incluyen a beneficiarios y que ha asegurado que ya ha permitido que algunas personas salgan de situaciones que requerían atención.

Para el funcionamiento de la Red, la Comunidad destinó el año pasado 160 millones de euros, 21 más que el año anterior, lo que representa un incremento del 15%. Marcos señaló que se ha dado «cumplida respuesta a las expectativas de la Red» y aunque considera que se está «en el buen camino» hay que «seguir insistiendo» e implantar programas con carácter «estable».

De las personas atendidas a través de la Red, alrededor de un 20% han obtenido más de una prestación, 12.828 dos y otras 7.025 se han beneficiado de tres o más.

Milagros Marcos aseguró que los indicadores señalan que la puesta en marcha de la Red de Protección a las Familias ha contribuido a que la factura social, la «brecha» derivada de la crisis haya sido menor en Castilla y León que en el resto de España, como se desprende de las estadísticas del INE, los informes de Cáritas, Unicef o la red contra la pobreza.

Estos estudios apuntan a que la tasa de riesgo de pobreza ha disminuido en la Comunidad tres puntos durante la crisis, que la carencia material severa ha descendido en dos puntos entre 2011 y 2013 o que los niveles de privación severa de los niños son inferiores a los de antes de la crisis.

También, recuerda la Junta, estos datos indican que Castilla y León es una de las autonomías donde más se ha reducido el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión, 42.000 menos que en 2009. 

La consejera recordó que la Red se conforma en torno a varias líneas de actuación, la primera de ellas la de información y asesoramiento, a la que se accede a través del teléfono 012, que ha atendido desde la puesta en marcha de la Red 34.713 llamadas, de las que 23.089 fueron en 2014, el doble de las del año anterior (11.624). Así, el pasado año el teléfono atendió una media de 63 llamadas diarias.

Además, más de 40.000 personas acudieron directamente a los centros de acción social (Ceas), que se complementan con el Servicio de valoración, asesoramiento, planificación de caso y seguimiento, que cuenta con profesionales de referencia y que durante 2014 atendió a 46.652 personas, un 22,7% más en relación a 2013 (38.020).

Por otro lado, entre las prestaciones o mecanismos de atención de la Red se encuentra la Renta Garantizada, que desde su puesta en marcha en 2011, ha tenido 47.000 beneficiarios, con un gasto acumulado de 165 millones de euros. En 2014 el número de beneficiarios fue de 33.912, un 29% más que en 2013.

Así, el gasto realizado en 2014 ascendió a 55 millones de euros, 8,5 más que el ejercicio anterior y una cantidad que duplica la presupuestada en 2011.

Marcos, quien señaló que el 93%de las solicitudes estaban resueltas a 31 de diciembre, incidió en que los titulares de la prestación han percibido de media 540 euros.

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