El PP busca el acuerdo en las Cortes para la reforma de la Renta de Ciudadanía

El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León mantiene contactos con las otras fuerzas políticas para lograr un acuerdo sobre la proposición de ley que modificará en esta legislatura la regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía para que sea compatible con los subsidios parciales por desempleo. El texto se tomará en consideración en la sesión plenaria de la próxima semana y se aprobará en el último pleno, previsto para los días 17 y 18 de marzo.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, está negociando con los portavoces de los grupos Socialista y Mixto, Ana Redondo y José María González, para que la proposición, emanada de las negociaciones que mantienen la Junta y los sindicatos UGT y CCOO, lleve la firma de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.

En ese sentido, De Santiago-Juárez explicó que la proposición, que se presentará en los próximos días, será tomada en consideración en el pleno del 26 y 27 de febrero para que las Cortes la aprueben el 18 de marzo, antes de que se disuelvan, ante la convocatoria de las elecciones autonómicas del 24 de mayo. El portavoz del Gobierno autonómico expresó el deseo de la Junta de que esta iniciativa sea respaldada por la oposición, después de que el Ejecutivo y los sindicatos alcanzaran esta semana un acuerdo en el marco de la negociación sobre el reparto de los 93 millones que Castilla y León se ahorrará con la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera (FFF).

Asimismo, el consejero argumentó que la reforma flexibilizará el acceso a la prestación autonómica, que hasta ahora era incompatible con los subsidios por desempleo, aunque éstos no alcanzaran su cuantía, 426 euros, equivalentes al 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Aseguró que la medida permitirá a más personas recibir la Renta de Ciudadanía. El portavoz explicó que la reforma se adopta ahora ya que el Ejecutivo cuenta con “nuevos ingresos” puesto que el cambio conlleva “gasto”.

Por otra parte, el consejero de la Presidencia afirmó que el Consejo del Diálogo Social, en el que participan la Junta, los sindicatos y la patronal, continúa negociando el reparto de los fondos de la financiación adicional. “No hay nada cerrado”, concluyó De Santiago-Juárez.