UGT demanda al consejero de Sanidad por "vulnerar la libertad de negociación"

UGT ha presentado una demanda judicial contra el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, "por vulnerar la ley y realizar actuaciones contrarias a la misma, lo que deriva en un delito contra la libertad sindical y de negociación", y que ha hecho "a sabiendas" ya que se le había "advertido previamente".

Así lo ha confirmado este lunes la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Carmen Ámez, quien ha destacado que "las materias objeto de negociación con los sindicatos con representación en la Mesa General están siendo acordadas con un sólo sindicato -Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE)".

Ámez ha recordado que este sindicato "no tiene ni el 10% de representación en la comunidad y están negociando, sin pasar por las mesas sectoriales, cuestiones tan trascendentales como la participación del personal sanitario en la formación de alumnos de FP o la coordinación de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería".

"Además se da la circunstancia de que el consejero ha seguido negociando por su cuenta después de que le hubiésemos advertido en varias ocasiones de que estaba vulnerando los derechos de los trabajadores a sindicarse donde quieran y no donde medien órganos políticos", ha añadido.

La secretaria general de FPS-UGT ha hecho hincapié en que "en junio de 2013 ya se negoció fuera de las mesas con SATSE el papel de enfermería en atención primaria y especializada o el concurso de traslados y las plazas de enfermero interno residente y la gestión clínica".

A esta se añadió un acuerdo con SATSE-FSES "que se presentó en las mesas generales para informar, no para negociar, respecto al solapamiento de jornadas y ahora, en noviembre de 2014, se alcanza otro acuerdo con SAE sobre la tutorización de alumnos, que debería haberse llevado a la mesa sectorial también".

"Han sido reiteradas las actuaciones del consejero en contra de los derechos de los trabajadores y por eso hemos determinado presentar una denuncia ante el juzgado de guardia para que sea el juez el que determine si las mismas son constitutivas de delito o no", ha asegurado Ámez.

En el caso de que dictamine que sí lo son "se exigirá a la Administración pública que anule los acuerdos realizados", mientras que si se considera que no, "se informará a los trabajadores que están vulnerando sus derechos y se recurrirá a organismos superiores -Organización Internacional del Trabajo-".

"Consideramos que es un tema muy grave y hay que darle una solución y UGT no va a consentir que se siga ignorando a los sindicatos mayoritarios, que no se respeten las mesas de negociación y se obvien las leyes en temas tan trascendentes como la planificación de Recursos Humanos", ha insistido Ámez.