MEDIO AMBIENTE
Stop Biogás se rebela contra la macroplanta de biometano de Cogeces (Valladolid) y exige su "paralización inmediata"
El recurso exige la paralización "inmediata" del procedimiento al considerar que "vulnera los requisitos de rigurosidad, seguridad y transparencia"
plataformas de Stop Biogás España se movilizan para denunciar el modelo de expansión del biogás y el biometano.
La Asociación Provincial Stop Biogás de Valladolid ha formalizado alegaciones contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y el Estudio de Impacto Ambiental de la macroplanta de biometano promovida por Biofertilizantes CH4, S.L.U. en Cogeces del Monte.
El recurso, impulsado por vecinos y afectados, exige la paralización "inmediata" del procedimiento al considerar que la documentación presentada "vulnera los requisitos legales mínimos de rigurosidad, seguridad y transparencia".
El documento presentado ante la Administración "evidencia la inviabilidad del proyecto en su estado actual" y "alerta del severo impacto que sufrirán la población local, la red viaria, la calidad del aire y el entorno natural" por esta planta, según ha señalado la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.
La entidad ha incidido en que hay "cinco deficiencias clave destapadas por las alegaciones", como un "déficit de 11.720 metros cúbicos (m3) en la balsa de residuos líquidos".
"Los datos del propio promotor incurren en una contradicción matemática: declara una generación anual de 82.449,85 m3 de fracción líquida y afirma que la balsa garantiza seis meses de retención, lo que exigiría 41.224 m3. Sin embargo, la balsa proyectada apenas alcanza los 29.504 m3. Este déficit estructural del 28,4% sitúa a la comarca al borde de un riesgo inminente de desbordamiento o vertido contaminante ante cualquier parada o incidencia técnica", ha advertido.
Asimismo, ha indicado que la documentación técnica del proyecto incorpora "una advertencia insólita", "admite abiertamente que el diseño del proceso 'aún no es definitivo y es susceptible de sufrir cambios sustanciales'". En este sentido, ha señalado que las alegaciones recuerdan que "la ley exige evaluar una instalación real con parámetros cerrados, no otorgar una patente en blanco sobre simples estimaciones de software que puedan ser modificadas a conveniencia sin control ambiental previo".
También han avisado sobre la "incertidumbre total" en relación con la procedencia de 146.500 toneladas de residuos, pues el proyecto pretende mover 401 toneladas diarias de materia orgánica, de las cuales 108.400 t/año son residuos de alto riesgo Sandach C2, ha lamentado.
"Pese a calificarlas de 'materia prima de proximidad', el promotor no ha acreditado contratos, rutas ni la disponibilidad real continuada de esta ingente cantidad, ignorando que cualquier variación en la 'dieta' del digestor alterará drásticamente la generación de malos olores y emisiones tóxicas", ha apuntado la Asociación Stop Biogás.
Igualmente, ha alertado de la "invasión de camiones y colapso de vías comarcales", pues, tal y como ha afirmado, hay paso previsto de 51 vehículos pesados diarios, lo que "supondrá un incremento del tráfico de más del cien por cien en las carreteras VA-4260, VA-4265 y VA-4280".
Al respecto, el recurso denuncia que no se ha realizado un estudio de tráfico riguroso que contemple el deterioro del firme, el impacto ambiental sobre la fauna, la seguridad en la carretera VA-210 ni la invasión de la vía pecuaria Colada de la Fuentecilla.
El modelo de olores es otro punto que se aborda en las alegaciones ya que para la entidad se producirán "plumas insoportables que alcanzarán los 1,4 kilómetros de distancia" debido a las emisiones de una zona de compostaje de más de 20.000 m2 a fachada abierta.
A esto se suma, según la asociación, "la alarmante cercanía al arroyo de Valdecascón, que se encuentra a solo 960 metros, amenazado por la falta de garantías frente a episodios de filtraciones o lluvias extremas".
El recurso exige así al órgano ambiental que suspenda la tramitación y no otorgue la autorización mientras el promotor no rectifique estas "deficiencias de fondo", a la vez que apela al artículo 76 de la Ley 39/2015 para exigir una respuesta "expresa, individualizada y motivada" a cada una de las alegaciones formuladas antes de emitir cualquier resolución.
PLANTA EN LA CISTÉRNIGA
Por otro lado, la Asociación Provincial Stop Biogás ha reclamado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Cistérniga que les escuche, todo ello después de que les haya "impedido" hablar en un pleno extraordinario el pasado 28 de septiembre en el que se daba aprobación al acuerdo firmado con Laguna de Duero y una entidad privada.
La Asociación provincial y Granja Conchita solicitó en registro electrónico la oportunidad de tomar la palabra para explicar al equipo de Gobierno otras vías alternativas que no supusieran un gasto "opaco" y que "cede dinero a una entidad asociativa privada a costa de los contribuyentes".
"No se nos ha permitido hablar y se ha perdido una oportunidad para ahorrarnos el gran gasto que supone este contencioso opaco", ha criticado al respecto la entidad, que calcula que el proceso costará aproximadamente unos 18.000 euros y 24.000 euros en costas, un dinero que es "muy probable" que se pierda porque el Ayuntamiento fue quien dio permiso a la construcción de una planta de biogás.
En este contexto, el portavoz de la Asociación Provincial Stop Biogás, Luis Miguel Pérez, ha subrayado que la intervención de la entidad ante el pleno iba a servir para ofrecer a todas las formaciones políticas "el conocimiento colectivo y la experiencia" de las plataformas para "advertir de los fallos del proyecto y colaborar en todo lo que se necesite".
"No nos han dejado hablar y es posible que si se pierde el contencioso por cesión a una entidad privada, no podamos evitar la construcción de la planta", ha advertido al respecto, para recordar que la asociación ha solicitado una reunión con la Corporación.