OKUPACIÓN
Arroyo exige al Gobierno cambios legales contra la okupación
El grupo municipal IPAE, al que pertenece el alcalde Sarbelio Fernández, presentará una moción en el pleno de este jueves para defender a los vecinos de la urbanización Arroyovereda y reclamar reformas al Ejecutivo
Independientes por Arroyo (IPAE) planta cara a la okupación y exige reformas legales al Gobierno de Sánchez. El partido del alcalde Sarbelio Fernández presentará una moción en el pleno de este jueves contra la okupación ilegal de viviendas y en defensa de los vecinos de la comunidad de Arroyovereda, que llevan dos años siendo víctimas de esta problemática. Así lo han trasladado en un comunicado remitido a los medios.
En la sesión ordinaria del pleno, el partido exigirá, a través de la citada moción, una batería de reformas legales contra la okupación tras el "fracaso" de la Ley de Vivienda que "ha empeorado la situación preexistente aún más". En el escrito, el grupo recuerda que "las soluciones a la evidente falta de vivienda en el país no pueden pasar en ningún caso por estas expropiaciones encubiertas por parte del Gobierno de España, con las que trata de suplir su falta de acción".
IPAE alude directamente al caso de la comunidad de vecinos de Arroyovereda, en la que hay más de 50 viviendas okupadas y donde uno de ellos ya está "legalizado por la Sareb al incluirlo en su programa de alquiler social". Por ello, en la moción mostrarán "el rechazo a cualquier forma de okupación ilegal de viviendas" y su "apoyo a los vecinos que están sufriendo sus consecuencias". Al hilo de ello, IPAE incide en que los vecinos de esa comunidad de la calle Narciso Monturiol son "víctimas del propio sistema y de una convivencia obligada con quienes han ocupado lo que no es suyo".
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Por todo ello, instan al Ejecutivo nacional a "promover y aprobar todas las reformas legales necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad de las personas y bienes".
En la batería de medidas que presentará IPAE se incluye la necesidad de "arbitrar los procedimientos necesarios para proceder al desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente" y, en concreto, pide al Gobierno de Sánchez "el cese en la aplicación de políticas que, de facto, legalizan okupaciones".
Además, también reclama "habilitar a las Juntas de Propietarios para instar a los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente" y "modificar la Ley de Bases de Régimen Local en el sentido de evitar la inscripción en el padrón municipal de cualquier okupante ilegal y que su inscripción se considere nula a todos los efectos, incluida su utilización como prueba de residencia o domicilio".