El PSOE propone fiscalizar la empresa de recogida selectiva

El Grupo provincial del PSOE propondrá al Pleno de la Diputación la creación de una comisión de seguimiento de la empresa adjudicataria del servicio de recogida selectiva de residuos. Así lo desveló ayer en la junta de portavoces celebrada en el Palacio de Pimentel, que sirvió para que las formaciones políticas tramitaran sus mociones de cara a la sesión del próximo miércoles.

Toma la Palabra (TLP, coalición de IU y Equo) demandará el arreglo de la carretera provincial VA-610, que une la E-80 con Pollos y Castronuño, por su estado «absolutamente lamentable». El otro ‘grupo unipersonal’ de la Corporación, Vox, también se inclina por pedir inversiones para la provincia: plantea exigir a la Junta que incluya «partidas presupuestarias suficientes» para que antes de 2022 se haya conseguido «la depuración de agua de las poblaciones con menos de 500 habitantes».

Por su parte, los grupos del PP y Ciudadanos proponen dos documentos distintos de apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Cfse) por su actuación en Cataluña. Mientras los ‘populares’ someten a aprobación un texto en forma de declaración institucional, los ‘naranjas’ lo completan con tres acuerdos encaminados a una futurible aplicación del 155.

Según plantean los socialistas, la empresa adjudicataria del servicio de recogida selectiva de papel, cartón vidrio y envases ligeros, «tiene la obligación de cumplir todas las mejoras enunciadas en su oferta, tal como indica el contrato». Son mejoras relacionadas «con los contenedores, con la realización de actuaciones de comunicación y difusión de la recogida, así como con los vehículos y el personal adscritos a la ejecución del contrato».

De un total de 67 mejoras que se estipulan en el contrato, algunas de ellas son la limpieza de contenedores, instalación de sensores volumétricos, instalación de contenedores pilas, una aplicación móvil para la ciudadanía, 300 jornadas anuales de refuerzo de recogida con la incorporación de cuatro conductores y dos camiones de refuerzo.

Incumplimiento

Según el Grupo socialista, existen «numerosas deficiencias en el servicio de recogida selectiva, relacionadas principalmente con las frecuencias de recogida y el incumplimiento de las mejoras ofertadas por el contratista». La proposición recuerda que el contrato del servicio, firmado entre el Consorcio Provincial de Medio Ambiente y la empresa Onet Seralia el 21 de diciembre de 2016 por un importe de 2,5 millones de euros, tiene una duración de dos años prorrogable a otros dos.

Con todos esos antecedentes, el PSOE propone, además de la creación de la comisión que fiscalice la ejecución del contrato, adoptar las medidas que se vean oportunas para que «la prestación del servicio se ajuste a los pliegos».

Otra de las propuestas enfocada a la mejora de la provincia, la de TLP, hace hincapié en el mal estado de la VA-610: «Desde hace tiempo la carretera envejece y muestra deficiencias de todo tipo», asegura la formación de izquierdas. «Es una carretera estrecha, sin arcenes y con el firme en tan mal estado que, pese a ser parcheado una y otra vez, no deja de levantarse continuamente, por lo que suele presentar muchos baches».

El Grupo integrado y liderado por Virginia Hernández propone, por ello, que el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el área de Cooperación a Municipios, establezcan una «estrategia conjunta con los alcaldes de Pollos y Castronuño» para acordar con la Consejería de Fomento las inversiones necesarias. También pide un sistema de vigilancia para mejorar el mantenimiento de la vía y mejorar la señalización.

El Grupo municipal de Vox, insta a exigir a la Junta inversiones para la depuración en los pequeños pueblos «para cumplir el Acuerdo 180/213», que establece la fecha de 2022 para que esa depuración sea una realidad. La formación de derechas señala que a día de hoy «no se ha alcanzado ningún acuerdo con la Junta, de manera que en la actualidad la depuración de aguas residuales en pueblos de menos de 500 habitantes es precaria o inexistente».

Por último, los grupos que forman el equipo de Gobierno en la Diputación, PP y Ciudadanos, no se han puesto de acuerdo en presentar de forma conjunta una proposición en apoyo a los Cfse por su actuación en Cataluña. Mientras los primeros piden la aprobación de una declaracion institucional, los segundos plantean un articulado para solicitar al Gobierno el envío de un requerimiento previo a Torra, encaminado a la aplicación del 155.