IU baraja llevar la Ciudad de la Salud de Aldeamayor a Fiscalía

El concejal de Izquierda Unida (IU) en Aldeamayor de San Martín, Antonio Lambás, anunció ayer que su formación llevará a Fiscalía el expediente de la ‘Ciudad de la Salud’, por si hubiere indicios de delito. El Grupo político se planteó tomar la decisión tras hacerse público, la pasada semana, que familiares de cinco concejales de la Corporación poseen parcelas en el sector 17. Es el lugar donde se pretende dar luz verde a la construcción de 1.441 viviendas y 26.000 plazas asistenciales, según el proyecto liderado por Metrovacesa.

La lista de propietarios sobre 180 referencias catastrales del sector no se facilitó a los concejales hasta el pasado jueves. «En ese plazo no nos da tiempo a averiguar si hay más concejales implicados. En el Pleno de este lunes se reconoció que sí hay algunos», explicó Lambás. «Yo quiero que me diga un juez si realmente con esos porcentajes que se ha dicho, de propiedad sobre el suelo, un concejal puede ocultarlo, que es lo que han hecho hasta el día del Pleno».

El coordinador provincial de IU, Javier de la Rosa, supeditó la decisión a la estrategia de otras entidades como Ecologistas en Acción, que actúan en el proceso desde el principio. «Estamos pendientes de una conversación con Ecologistas y si ellos tienen la intención de seguir adelante, no vamos a obstaculizar sus actuaciones», matizó en respuesta a este periódico.

Llevar el procedimiento a Fiscalía es «una de las opciones» que se ha planteado la formación. De la Rosa, sin embargo, no circunscribió las irregularidades a que existan familiares de los munícipes entre los propietarios, pues también «existe una nulidad del procedimiento, porque tienen que darse a conocer todos los propietarios de los terrenos a modificar desde el principio de la tramitación, y eso no se ha hecho hasta la mañana de ayer», explicó.

Frente común

Esa nulidad se basaría en el incumplimiento del artículo 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, como denunció el portavoz de Coalición de Centro Democrático - Candidatura Independiente (CCD-CI), Félix Calleja. Es la única formación política de la Corporación de Aldeamayor que se ha opuesto al proyecto desde el primer momento.

Calleja hizo ayer un llamamiento a todos los partidos que votaron en contra de la modificación urbanística en el último Pleno, para establecer «un frente común» antes de llevar el expediente a Fiscalía. Esos partidos son IU, Somos Aldeamayor (marca local de Podemos), Ciudadanos y el propio CCD-CI.

«Nuestros servicios jurídicos nacionales están estudiando las 180 referencias catastrales para ver si hay más vínculos familiares, aparte de los terrenos de familiares de estos 5 concejales, con las empresas implicadas», explicó Calleja.

Seis empresas, aparte de la promotora que lidera el proyecto, aparecen en la lista de propietarios de los últimos 5 años –periodo que observa el artículo 173 del Reglamento–. En primer lugar está Metrovacesa, con 35 parcelas. Le siguen Inversiones Cerviguera S.L., con 48 parcelas; Fincagest Inmobiliaria S.L., con 4; Juan Vegara Patrimonio S. L., con 17; Ungespa S. L. (que presentó alegaciones porque quería impulsar otro plan parcial en el sector 18), con tres parcelas; Constructora La Cistérniga, con dos y Solar Consulting KWQ S. A., con una parcela. También aparecen en el listado dos fincas con propietario desconocido.

«Creemos que el expediente es nulo de pleno derecho porque la ley dice que esta información debe estar a disposición de cualquier persona que quiera consultar la documentación durante la información pública, y eso no se ha cumplido», añadió.

Así, sobre la nulidad del procedimiento estarían de acuerdo, por ahora, IU, Ecologistas enAcción y CCD-CI.

Informe

El alcalde de Aldeamayor,Fernando de la Cal, por su parte, negó en el Pleno de este lunes que sus padres y hermanos tuvieran terrenos en el sector, aunque sí un tío, que heredó 6.000 metros. Una afirmación que Calleja no cree porque el nombre de esos familiares «aparece en el listado». Este periódico intentó recabar ayer el punto de vista del alcalde, pero su teléfono permaneció «no disponible» en todas las ocasiones.

Sí avala la inocencia del primer edil y los otros munícipes, sin embargo, un informe que presentó en la sesión plenaria el secretario municipal, solicitado por el propio De la Cal. Según el documento, sobre «unas 153 fincas privativas», únicamente se ha detectado la existencia «de tres fincas que son de familiares de corporativos municipales y cuyas superficies son de 1.076, 43.990 y 6.572 metros cuadrados, que representan sobre la totalidad del aprovechamiento privativo el 0,0428%, 1,753% y 0,2620% respectivamente».

Por eso, según el secretario, «no cabe imputar a los corporativos actuales un interés directo en la ordenación, por cuanto el suelo sobre el que se proyecta tiene ya reconocido desde 2002 el derecho a su desarrollo urbanístico por el PGOU». Una explicación que no es suficiente, a juicio de Lambás, de IU: «Yo quiero que eso me lo diga un juez, no el secretario municipal», aseguró, para defender el traslado del expediente a Fiscalía.

«Nuestra formación cree que el secretario ha tomado como referencia municipios con pocos habitantes, no uno como Aldeamayor, que tiene 5.400», valoró por su parte Félix Calleja. «Otra cuestión que estamos examinando es si hay un conflicto de intereses al tener Metrovacesa el 60% de la propiedad cuando su filial, Deincasa, gestiona el agua privatizada de Aldeamayor mediante una concesión que se prolongará hasta 2053, y eso teniendo en cuenta que las tasas del agua son deficitarias en 300.000 euros anuales», concluyó.