Redondo exige por carta a Carnero que "restituya de manera inmediata" el término violencia de género en VIVA

La eliminación del término violencia de género del protocolo de ayudas a la vivienda de la sociedad municipal de Valladolid VIVA provoca que el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo dirija dos cartas al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y a la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco. En la misiva dirigida al regidor vallisoletano, remitida a los medios por la Delegación del Gobierno, la ministra de Igualdad exige a Carnero que "restituya de manera inmediata" el término de violencia de género en el protocolo de las ayudas a la vivienda de VIVA.

"Como ministra de Igualdad me preocupa especialmente que una Administración pública adopte decisiones que, lejos de reforzar los derechos conquistados frente a la violencia machista, puedan  suponer un retroceso en su reconocimiento y protección. Las instituciones implicadas tenemos la obligación de garantizar esos derechos y de aplicar plenamente el marco establecido por la Ley Orgánica 1/2004 y por el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género", asegura la ministra vallisoletana en la misiva.

Para Redondo, según recoge en la misiva remita a Carnero, resulta especialmente preocupante que el nuevo protocolo haya eliminado la referencia expresa a las mujeres víctimas de violencia de género entre los colectivos que requieren una protección específica, sustituyéndola por la categoría genérica de víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar.

"Esta decisión no es una cuestión meramente terminológica. La violencia de género constituye una forma específica de violencia contra las mujeres reconocida como tal por nuestro ordenamiento jurídico y cuenta, precisamente por ello, con un sistema específico de acreditación al que se anuda una especial protección a las mujeres víctimas de esta violencia estructural", incide en la misiva

Eso sí, Redondo aclara: "Ampliar la protección a otras víctimas de violencia es perfectamente compatible con nuestro ordenamiento y puede resultar conveniente. Lo que no resulta aceptable es hacerlo a costa de borrar la protección específica que la ley reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género".

Segunda carta esta vez a la Junta

A  la misiva al alcalde, el Ministerio de la vallisoletana Ana Redondo suma una segunda misiva, también remitida a los medios por la Delegación del Gobierno, esta vez a la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco en la que le exige que "actúe para garantizar que ninguna víctima de violencia de género vea disminuidos su derechos".

El problema de esta carta, más allá de su contenido, es que en ella el departamento de la ministra vallisoletana desconoce la estructura del Gobierno de Castilla y León: le atribuye a Blanco la Consejería de Familia pese a que la ostenta el vicepresidente primero, Carlos Pollán (VOX), desde hace tres meses. Es más, pese a la cantidad de asesores con los que cuenta, por desconocer, desconoecen hasta que Isabel Blanco es vicepresidenta segunda de la Junta sin Consejería adscrita, pese a ostentar materias como Vivienda, Ordenación del Territorio, Protección Civil, Igualdad de Oportunidad y Despoblación, pero sin Consejería.

Pues hasta eso desconocen en el Ministerio de Ana Redondo, que encabezan la cara con el enunciado: "Carta a la Consejera de Castilla y León-Vivienda VG-1. Excma. sra. Vicepresidenta y Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León". Enunciado en el que sólo acietan con que Isabel Blanco es vicepresidenta.

Ya en la carta, además de mostrar su "profunda preocupación" por la eliminación del término de violencia de género en VIVA, Redondo considera especialmente necesaria la actuación de la Junta de Castilla y León. "En el ámbito de sus competencias en materia de igualdad, vivienda y protección de las mujeres, corresponde también a la Administración autonómica velar para que todas las mujeres de Castilla y León puedan ejercer los derechos que les reconoce la legislación en condiciones de igualdad y con independencia del municipio en el que residan", resalta la minista en la carta que dirige a Blanco.

"Los derechos de una mujer víctima de violencia de género -continúa la carta- no pueden depender de su código postal. No sería comprensible que una mujer residente en Valladolid pudiera disponer de una protección menor en el acceso a una vivienda pública que otra mujer en idéntica situación residente en cualquier otro municipio de Castilla y León".

Redondo recuerda, además, "el profundo rechazo que la decisión delAyuntamiento está provocando entre las organizaciones de mujeres de Valladolid", que amenazan con movilizaciones si no se revierte la situación y que advierten que "Valladolid no puede convertirse en un laboratorio de involución de los derechos de las mujeres". "Eliminar la referencia a las víctimas de violencia de género no supone únicamente un cambio de lenguaje, sino también de prioridades", asevera la ministra su carta a la Junta.

Para la titular de la cartera de Igualdad en el Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo autonómico tiene que actuar. "La Junta de Castilla y León no puede permanecer ajena ante una decisión adoptada en uno de sus municipios que puede comprometer derechos reconocidos tanto por la legislación estatal como por la propia normativa autonómica", incide Redondo en la carta, que concluye con otra exigenci: "Por todo ello, le solicito que, en el ámbito de las competencias de la Junta de Castilla y León, impulse las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y para que el protocolo municipal sea revisado, restituyendo expresamente a las mujeres víctimas de violencia de género su consideración como colectivo prioritario y de especial protección"