El Partido Popular de Valladolid denuncia que El Gobierno oculta cuántas viviendas de la SAREB están libres de okupas

El Partido Popular de Valladolid quiere conocer cuántas viviendas de la SAREB existen en la provincia de Valladolid, un dato que no les facilita el Gobierno, por lo que denuncian un caso de oscurantismo del Gobierno de Pedro Sánchez, al negarse este a responder a una pregunta parlamentaria tan sencilla como cuántas viviendas de la SAREB existentes en la provincia de Valladolid, actualmente en proceso de transferencia a la empresa pública CASA47, se encuentran libres de okupas, según el comunicado remitido por el PP de Valladolid.

Por ello, los parlamentarios populares han registrado dos nuevas preguntas parlamentarias para obligar al Ejecutivo a responder expresamente si dispone o no del dato solicitado y, en caso afirmativo, facilitar el número exacto de viviendas de la SAREB libres de okupas en la provincia de Valladolid.

El Gobierno ha remitido una respuesta plagada de información genérica sobre el proceso de transferencia de viviendas y sobre la creación de CASA47, pero sin responder a la única cuestión que se le planteaba: cuántas viviendas están afectadas por la ocupación ilegal. Una contestación que vacía de contenido el control parlamentario e impide conocer la situación real del parque de viviendas que el propio Ejecutivo pretende convertir en vivienda pública.

Los parlamentarios populares recuerdan que la ocupación ilegal constituye uno de los principales problemas que sufren miles de propietarios en España. Mientras el Gobierno se niega a facilitar un dato tan básico como el número de viviendas ocupadas, el Partido Popular mantiene su compromiso de reforzar la protección del derecho de propiedad y agilizar el desalojo de los ocupantes ilegales. Quien da una patada a la puerta de una vivienda ajena no puede encontrar amparo en la ley, sino una respuesta rápida y eficaz de la Justicia.

El senador por Valladolid, José Ángel Alonso, afirma: “La ocupación ilegal no puede seguir tratándose con normalidad. Detrás de cada vivienda ocupada hay un propietario al que se vulnera su derecho de propiedad y unos vecinos que ven deteriorada la convivencia y la seguridad. Quien da una patada a la puerta de una vivienda ajena no puede encontrar protección en la ley, sino una respuesta rápida y eficaz de la Justicia. Ese es el compromiso del Partido Popular.”

La senadora María Arenales Serrano considera que: “El Ejecutivo vuelve a demostrar una absoluta falta de respeto a las Cortes Generales. La obligación de un Gobierno democrático no es rellenar folios con información irrelevante, sino responder exactamente a las preguntas que formulan los representantes de los ciudadanos.”

Por su parte, los diputados nacionales Mercedes Cantalapiedra y Eduardo Carazo denuncian: “El Gobierno ha convertido las respuestas parlamentarias en un auténtico ejercicio de propaganda. Preguntamos por un dato concreto y nos envían varias páginas hablando del funcionamiento de CASA47. Eso no es transparencia; es una forma de esquivar el control parlamentario.”

 Y añaden: “Si el Gobierno conoce el dato, debe decirlo. Y si no lo conoce, debe reconocerlo. Lo que no puede hacer es esconderse detrás de respuestas prefabricadas mientras presume de una política de vivienda cuya realidad ni siquiera quiere explicar.

Además, el senador José Ángel Alonso ha registrado una pregunta oral para llevar este asunto al Senado y obligar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, a responder públicamente una pregunta que el Gobierno ha evitado contestar por escrito.

“Los españoles merecen un Gobierno que responda con datos y no con propaganda institucional. El Parlamento está para controlar al Ejecutivo, no para recibir respuestas vacías. Vamos a seguir utilizando todos los instrumentos parlamentarios hasta que el Gobierno diga la verdad sobre la situación real de estas viviendas”, concluye José Ángel Alonso.