El Común exige a Familia una «estrategia de prevención» ante la violencia en el Zambrana

La conflictividad y los episodios de violencia en el Centro de Menores de Zambrana vuelven a situarse bajo la lupa de Tomás Quintana, Procurador del Común de Castilla y León. No a raíz de una queja concreta, sino de las reiteradas denuncias de trabajadores que, desde hace años, apuntan tanto a la gestión de Adis Meridianos como a la Junta por las condiciones laborales en las que desempeñan su labor. Ahora, la institución dirige sus recomendaciones a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a la que insta a seguir «desarrollando y consolidando una estrategia de prevención y gestión de la conflictividad».

No es la primera vez que el Defensor de Pueblo se hace eco de la situación existente en el Zambrana. Así, fue el 8 de mayo de 2024 –aún sin la gestión de Adis Meridianos– cuando formuló una resolución ante «la existencia de un problema estructural de convivencia que exigía la adopción urgente de medidas organizativas y asistenciales específicas». Entonces ya eran reiterados tanto los incidentes violentos protagonizados por los internos como las denuncias formuladas por educadores y representantes sindicales.

Sin resultar hechos atribuibles a un episodio aislado o circunstancial, el Común concluyó que el panorama en el Zambrana respondía a «una situación prolongada en el tiempo» que exigía «una intervención reforzada» de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Al respecto, el departamento autonómico trasladó a la institución presidida por Tomás Quintana la implementación de medidas tales como «incremento de profesionales de atención directa, ampliación de efectivos y coordinación de seguridad, instalación de nuevos sistemas de videovigilancia y grabación de audio, incorporación de sistemas antipánico y de comunicación inmediata, actualización de protocolos específicos frente a conductas violentas, implantación de mecanismos extraordinarios de cobertura urgente de ausencias y creación de nuevas figuras de apoyo educativo y contención».

Meridianos inició el 1 de julio de 2024 sus trabajos al frente del centro de menores vallisoletano, pero su gestión fue cuestionada de forma temprana por los sindicatos. Si bien en la resolución del Procurador del Común revisada por este periódico no se hace mención concreta a la empresa andaluza, en el escrito se confirma que «persiste la conflictividad» advertida en fechas anteriores. De esta forma, desde Familia se reconoció al Defensor del Pueblo «la existencia de agresiones sufridas por profesionales del recurso, la tramitación de expedientes disciplinarios y la utilización reiterada de medidas de contención respecto de un grupo de menores internos con perfiles especialmente complejos».

Desde el Defensor del Pueblo, además, no se ve comprensible que se minimice la problemática en el Zambrana según la cantidad de menores que se vean implicados, que en este caso resulta ser un «grupo reducido». De hecho, se apunta que «pone de manifiesto las especiales dificultades que plantea la adecuada intervención educativa y convivencial respecto de determinados perfiles especialmente violentos, impulsivos o inadaptados, obligando a la Administración a seguir extremando las medidas de supervisión, organización y protección tanto respecto de los trabajadores como de los propios menores.

Por el tipo de medidas judiciales que integran al centro de menores y por el perfil de conducta de sus propios internos, el Común considera que el Zambrana constituye «un recurso de especial complejidad». «Precisamente por ello, el adecuado equilibrio entre las finalidades educativas y resocializadoras propias del sistema de justicia juvenil y la imprescindible garantía de unas condiciones adecuadas de seguridad y convivencia, exigen una actuación especialmente diligente y reforzada por parte de la entidad pública de reforma, máxime cuando también es la titular del servicio», a quien corresponde cumplir con lo establecido en el Decreto 63/2011, de 27 de octubre, por el que se regula la intervención administrativa y la organización y funcionamiento de los servicios y centros específicos destinados a menores infractores, y en la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León, la inspección y control del citado recurso.

Además, la institución presidida por Tomás Quintana recuerda que el artículo 8 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, atribuye a las entidades públicas competentes la responsabilidad de garantizar la correcta ejecución de las medidas judiciales mediante la adecuada organización, dirección y gestión de los servicios y recursos destinados a menores infractores.

«Por ello, la persistencia de incidentes violentos y la necesidad reconocida de implantar continuas medidas de refuerzo obligan a mantener una especial vigilancia institucional sobre las condiciones de funcionamiento del recurso. Y dada la reiteración temporal de los incidentes y el especial deber de protección que incumbe a la Administración autonómica respecto tanto de los menores internos como de los trabajadores del recurso, resulta necesario que las medidas hasta ahora implantadas sean objeto de evaluación continua y, en su caso, de refuerzo o de reconsideración e implementación», detalla la resolución del Común, que apunta que «la intervención en centros de menores infractores exige compatibilizar adecuadamente la finalidad educativa y resocializadora del sistema con la protección efectiva de la integridad física y psicológica de profesionales e internos».

Debido a que la existencia de entornos de convivencia marcados por una conflictividad pueden comprometer seriamente ambas finalmente ambas finalades, desde el Procurador del Común reclama a la Consejería de Familia que continúe «desarrollando y consolidando una estrategia específica de prevención y gestión de la conflictividad» en el Zambrana, garantizando «la existencia de personal suficiente y adecuadamente cualificado para asegurar una intervención educativa segura y eficaz durante todos los turnos»; «la cobertura inmediata y efectiva de las posibles ausencias y bajas laborables que puedan afectar al normal funcionamiento del servicio»; «la evaluación periódica de las medidas de seguridad implantadas, así como de su eficacia real para la prevención de incidentes violentos y la protección de trabajadores e internos»; «la actualización continua de los protocolos de actuación frente a conductas agresivas o situaciones de crisis, incluyendo actuaciones específicas respecto de menores con perfiles de especial conflictividad»; «el refuerzo de la formación especializada del personal en técnicas de intervención educativa, prevención de violencia, desescalada de conflictos y manejo de situaciones de riesgo», y «la supervisión permanente de las condiciones de convivencia existentes en el centro, adoptando cuantas medidas organizativas adicionales o de refuerzo resulten necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la finalidad educativa y resocializadora».