Sigue sin relevo el exjefe antidroga de Valladolid tras cinco meses en prisión

Sigue sin relevo en el Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid la jefatura del Grupo de Estupefacientes, cinco meses después de que el anterior titular, Luis Fernández, fuera enviado a prisión por apropiarse de alijos aprehendidos en las operaciones antidroga y venderlos a un clan dominicano. Una trama digna de una película de Bruce Willis pero en el corazón de la meseta castellana.

Se trata de un caso sin parangón entre todas las interinidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin responsable definitivo desde que Fernández fuera detenido, junto a otras seis personas, el pasado 4 de diciembre. Desde entonces permanece entre rejas en Salamanca, en el penal de Topas, a la espera de que termine la instrucción del caso y se ponga fecha al juicio. En este momento, el Grupo de Estupefacientes de Valladolid trabaja bajo la dirección y supervisión del jefe de la sección a la que está adscrita el grupo, es decir, el jefe de Sección de la Policía Judicial.

El Cuerpo Nacional de Policía no salió de su asombro el pasado 4 de diciembre cuando, en el marco de una operación contra el crimen en Valladolid, la brigada de asuntos internos detuvo al jefe antidroga por quedarse, presumiblemente, con alijos de operaciones contra el narcotráfico. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital vallisoletana envió al agente a prisión tras un minucioso registro en su casa de Arroyo y en las taquillas de la Comisaría de Delicias.

En la operación se incautaron 40 kilos de cocaína, cantidad que se aproxima al peso de la droga que la propia Policía Nacional incautó el mes de mayo anterior, cuando tumbó una red dirigida por mercheros de narcotráfico y blanqueo de capitales que operaba en Valladolid y Salamanca, la denominada ‘Operación Churruca’.

El propio Fernández había presentado con todo el boato ante los medios de comunicación, a bombo y platillo, los buenos resultados de la operación, que él esperaba, presuntamente, lo fueran también para sus bolsillos tras haber colocado el alijo a su cliente, el clan dominicano, pero el tiro le salió por la culata.

Instrucción

La instrucción en el Juzgado número 3 de Valladolid hace acopio de pruebas. Durante las pesquisas se han descubierto graves irregularidades en los protocolos de lucha contra el narcotráfico por falta de pruebas de la destrucción de sustancias intervenidas, y en el centro de todas las sospechas está el exjefe de Estupefacientes.

El foco de una de las últimas investigaciones se sitúa en un episodio ocurrido el 24 de julio de 2025. Aquel día, Fernández se desplazó hasta las instalaciones de una planta de residuos asturiana, Cogersa, en la localidad de Serín, acompañado por dos agentes de reciente incorporación a la unidad. El objetivo oficial era la eliminación de 55 kilos de cocaína incautados previamente en esa ‘Operación Churruca’, ese importante golpe contra el transporte de droga desde Galicia hacia el interior peninsular.

Sin embargo, el rastro documental de aquel proceso nunca llegó a materializarse. Tiempo después, la propia planta de tratamiento de residuos contactó con el inspector para reclamar el acta de incineración, un documento imprescindible del que no había rastro en sus archivos. Lo que el mando policial ignoraba era que su respuesta estaba siendo monitorizada por la unidad de Asuntos Internos, que ya seguía de cerca sus pasos tras detectar comportamientos sospechosos.

El modus operandi se sustanció a través de actas fantasma y firmas ajenas. Las pesquisas sugieren que la droga nunca llegó a los hornos. De hecho, parte del cargamento que supuestamente ardió en Asturias fue localizado posteriormente en la vivienda de una integrante de la organización liderada por el propio Fernández. Para encubrir este desvío, se cree que el inspector manipuló sistemáticamente la documentación oficial, fechando intervenciones en lugares donde no se encontraba o incluso rubricando documentos en nombre de otros compañeros para evitar sospechas.

Este entramado habría permitido al oficial mantener un elevado nivel de vida, caracterizado por la posesión de vehículos de alta gama y múltiples propiedades inmobiliarias, gastos que resultaban incompatibles con su salario público.