Valladolid aloja en sus viviendas de emergencia a una treintena de familias

El programa de alojamientos provisionales del Ayuntamiento de Valladolid cerró el último ejercicio con atención directa a 33 familias. Este recurso municipal, diseñado para situaciones de exclusión o emergencia habitacional, funciona en la actualidad con «una ocupación estable» dentro de su parque de 40 viviendas. El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, desgranó a este periódico el perfil del usuario de este servicio: «El 58% de los solicitantes es víctima de violencia de género, mientras que el 70% es población extranjera».

La cifra de solicitantes fluctúa cada año debido a la naturaleza temporal de este 'escudo social'. Durante 2024, los servicios sociales intervinieron con 35 familias, ocho de ellas de nuevo ingreso. A lo largo de 2025 entraron en el sistema nueve unidades familiares más. Para Nieto, estas cifras validan un modelo que busca algo más que ofrecer un techo. «Es un programa positivo porque sigue una dinámica que permite intervenir con esas familias e intentar llevar a cabo una integración real en el entorno de la ciudad», aseguró.

El Ayuntamiento descarta por el momento ampliar la cifra de 40 inmuebles municipales adscritos al servicio. La decisión responde a la demanda real registrada en los Centros de Acción Social (CEAS). En este sentido, Nieto explicó que estos pisos cubren «necesidades muy concretas» y «momentos puntuales», a diferencia del parque de alquiler social de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), que tiene un carácter más permanente. «Hay años en los que no se llegan a completar esos alojamientos provisionales», matizó.

La estrategia municipal para reforzar la red de seguridad habitacional pasa ahora por la colaboración externa. El consistorio ha optado por firmar convenios con entidades del tercer sector a través de VIVA, lo que permite derivar casos y ampliar el alcance de la intervención social sin aumentar el stock propio de viviendas.

El marco legal que regula estas concesiones se renovó el pasado 23 de enero con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del extracto de la nueva convocatoria. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2027.

Las bases establecen un contrato de uso de estos alojamientos temporales con «una duración máxima de un año». No obstante, el reglamento contempla prórrogas anuales hasta un tope de tres años si existe un informe técnico que justifique la necesidad de mantener la intervención. El objetivo final, según recogen las bases de esta convocatoria, es facilitar el tránsito hacia una vivienda autónoma.

El acceso al programa está baremado con un sistema de puntos que prioriza las situaciones de mayor vulnerabilidad. Ser víctima de violencia de género, haber sufrido un desahucio hipotecario o residir en espacios inadecuados como naves o chabolas otorga automáticamente 10 puntos en la valoración. Aunque se exige un año de empadronamiento previo en Valladolid, este requisito se elimina para las mujeres que sufren violencia machista.

La entrada en estas viviendas municipales conlleva obligaciones. Los beneficiarios firman un compromiso de actividad que incluye la búsqueda activa de empleo, la escolarización obligatoria de los menores a cargo y el respeto a las normas de la comunidad de vecinos. El incumplimiento de estas cláusulas puede derivar en la pérdida del alojamiento, tal y como apuntan las mismas bases. Las familias que requieran este recurso deben solicitar cita previa en el teléfono 010 para que los técnicos de los CEAS evalúen su caso.