Transportes llevará a la junta general de la SVAV la disolución y nombramiento de liquidadores

Valladolid vivirá una jornada crucial (más) para el futuro del tren a su paso por la ciudad. Los encontronazos en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) entre Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y, por el otro lado, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León han llevado a un punto de no retorno. La guerra política entre soterramiento e integración ha llevado al inicio de la disolución de la SVAV, el principal punto de la reunión de este lunes que lleva el Ministerio de Puente, al igual que el nombramiento de los liquidadores.

En primer lugar se celebrará la comisión de seguimiento a las 16.30 horas, más adelante se procederá al consejo de administración a las 17.00 horas. En esa primera convocatoria Transportes denunciará el actual convenio de integración en el segundo punto de la cita: «Estado de la ejecución del convenio y del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. En su caso, adopción del acuerdo de resolución del convenio». Una denuncia a la que Ayuntamiento y Junta se opondrán.

El plato fuerte de la tarde dará comienzo a las 17.30 horas con la junta general extraordinaria donde, de manera formal, se planteará iniciar o no la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. «Deliberación y aprobación, si procede, sobre la disolución de la sociedad, apertura del periodo de liquidación y nombramiento de liquidadores». Así reza el punto segundo de la junta general extraordinaria, aunque todas las cartas estarán boca arriba.

El Ministerio votará a favor de este punto al entender que el Ayuntamiento y la Junta no han cumplido con su parte en el convenio firmado de 2017 que apuesta por la integración: «Es papel mojado», llegó a calificar Puente sobre el actual acuerdo después de que las instituciones lideradas por el PP se opusieran a ejecutar los tres pasos de Ariza, dos peatonales y de bicis y otro de vehículos y el bloqueo en el túnel de Arco de Ladrillo.

En la otra parte de la historia se encuentran el Consistorio y el Ejecutivo regional que apuestan por el soterramiento de las vías del tren. El alcalde, Jesús Julio Carnero, ya dejó clara su postura sobre este punto: «Entendemos que no hay causa para disolver ni que nos tengamos que ir del convenio y así lo manifestaremos». El Gobierno municipal votará ‘no’ a este segundo punto del orden del día, y la Junta hará lo propio. Empate.

El Ministerio de Transportes ostenta el 50% de la participación de la Sociedad (a través del 30% de Adif Alta Velocidad, el 12,5% de Renfe Operadora y el 7,5 de Adif), mientras que el Ayuntamiento y la Junta poseen un 25% cada una. La votación terminará en tablas porque para decretar el inicio de la disolución es necesario una mayoría cualificada del 75%.

La salida que queda es el Juzgado de lo Mercantil, una posibilidad que ya anticiparon algunos miembros de la SVAV: «En los tribunales nos veremos cuando proceda», sentenció el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras terminar el último consejo de administración donde Puente anunció que comenzaba el proceso de disolución. Todo apunta, y salvo un giro inesperado, que será el juzgado quien deba decidir sobre la disolución de la Sociedad ante el bloqueo político total que sufre.

La SVAV cuenta actualmente con una deuda de 600 millones pendiente de asignar ante su disolución. De ese montante, 412 millones corresponden al déficit que asumieron Adif y Renfe cuando se firmó el convenio de integración. A esta cifra se le deben añadir 190 millones de euros de las distintas aportaciones de los socios. Así, el Juzgado de lo Mercantil deberá dilucidar los términos a pagar de cada socio.

La Sociedad posee 100 millones de euros en su tesorería, es decir, el dinero que los distintos socios han aportado a la caja común. Pero aquí también hay una problemática que se tratará en el cuarto punto del consejo de administración. El Ayuntamiento decidió aportar solo 1,23 millones de los 11 que debería haber puesto en 2024.

Un decreto de la propia Sociedad, gracias al voto de calidad del presidente, acordó impugnar esta acción ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y este lunes se conocerá el informe. De hecho, las cuentas de la SVAV reflejan en su memoria que el préstamo participativo del Consistorio para 2024, por valor de 11.075.000 euros, «no está suscrito ni desembolsado». Un hecho en el que se sujetará Transportes para defender que no se está cumpliendo el convenio.