Tribunales
Pacto para cobrar los 310.000 euros del concierto cancelado en Valladolid por Isabel Pantoja
El promotor del show anulado de junio de 2024 en la plaza de toros, llega a un acuerdo en sede judicial con el productor: devolverá la deuda en dos plazos: una a los 6 meses y otra, al año
La tonadillera Isabel Pantoja durante un concierto en una imagen de archivo.
Dieciséis meses después de que Isabel Pantoja no pisara el albero de la plaza de toros de Valladolid alegando un problema médico, uno más en su vasta carrera de cancelaciones, el litigio que se abrió por la pérdida de 350.000 euros adelantados para que la tonadillera posara sus delicados pies en el coso del paseo de Zorrilla, parece haberse cerrado con un acuerdo.
Todo ello después que de que el promotor vallisoletano rebajase la deuda a 310.000 euros, ya que reconoció que diferentes empresas intervinientes en el montaje y organización del concierto rebajaron sus honorarios o renunciaron a ellos.
Pero faltaban por cobrar 310.000 euros y es lo que ha llevado el litigio en semanas pasadas a un juzgado de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria, donde las partes han llegado a un acuerdo entre el promotor de Valladolid, Roberto Martín, y el productor de la gira '5o años', Enrique Castilla, responsable de Entertainment Group SL, que tiene su sede social en la capital canariona, motivo por el cual el litigio se está dirimiendo el archipiélago.
El acuerdo lo alcanzaron el pasado 23 de septiembre y consiste en que Castilla pagará la mitad de la deuda (algo rebajada) a los seis meses, es decir a finales de febrero de 2026, y la segunda fracción en septiembre de 2026.
El vallisoletano Roberto Martín Sigüenza, promotor del espectáculo cancelado de la tonadillera en Valladolid, ha informado a este diario que lo importante es haber alcanzado un acuerdo, que tiene un refrendo judicial, aunque declinó concretar la cantidad que recuperará porque así lo han establecido las partes.
«Lo importante es que es un litigio que ya está en vías de solucionarse, lo que me permite concentrar energías en proyectos como el próximo concierto de Antoñito Molina en Valladolid o el festival de flamenco en Dubai de después de Navidades del que soy promotor», indicó el empresario vallisoletano.
200.000 euros de caché
Roberto Martín Sigüenza y su abogado acudieron el 23 de septiembre a un Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, por ser la localidad donde se firmó el contrato el 19 de diciembre de 2023 para que la intérprete de ‘Marinero de luces’ actuase en la plaza de toros de Valladolid el 29 de junio de 2024, concierto que no llegó a celebrarse por motivo de enfermedad de la tonadillera.
El acto judicial en Canarias fue una audiencia previa en la que las partes Martín y Enrique Castilla, responsable de Entertainment Group SL- tenían la posibilidad de evitar llegar a un juicio que, de forma automática, se hubiese celebrado veinte días después en el mismo órgano judicial. Pero no ha sido así tras el acuerdo,.
La suma reclamada se desglosa en 200.000 euros por el caché de la cantante y otros 110.000 por los gastos de organización del espectáculo: contratación del coso taurino, energía, escenarios, seguridad, prevención de riesgos, licencias, marketing papel, urbano, redes, radio, televisión, camerinos, desplazamientos de materiales y operarios, hospedaje, grúas, sillas y productores técnicos, entre otros desembolsos.
El promotor vallisoletano ya aseguró a finales del pasado año que Enrique Castilla, había desatendido los términos de la demanda presentada el 22 de julio de 2024 en el Juzgado de lo civil de Las Palmas.
Cabía la esperanza de que, al menos, la aseguradora de Entertainment Group SL para la gira de Isabel Pantoja en diferentes localidades de España, respondiese por la deuda contraída, pero no ha dado el paso.
De hecho, el productor de la gira, Enrique Castilla, ha optado en los meses de litigio, según Martín Sigüenza, por no dar explicaciones, salvo expresar su queja porque la deuda se haya hecho pública en los medios de comunicación. «Es algo que no entendemos porque estaba avisado y las demandas son públicas. No tiene mucho argumento», indicó Martín.