Cinco vallisoletanos encarcelados en el extranjero por tráfico de drogas

En cárceles de Perú, Marruecos, Francia y Bélgica, cinco vallisoletanos viven una realidad tan invisible como brutal: sobreviven entre barrotes extranjeros, acusados de delitos de narcotráfico, mientras esperan —algunos sin juicio, otros ya condenados— una oportunidad para volver a casa. Lejos de su tierra, sin visitas y con condiciones que van desde la dureza extrema hasta el surrealismo burocrático, dependen de la labor silenciosa pero vital de la Fundación +34, que pelea caso a caso por su retorno a España. Son historias distintas con un denominador común: el precio de cruzar una línea peligrosa en el lugar equivocado.

Javier Casado Martín, director de la Fundación +34 y natural de Valladolid, conoce a fondo cada expediente. En una conversación con este periódico, traza un mapa preciso: "Si no me equivoco, están en Lyon, París, Bruselas, Lima y Tánger. Todos por tráfico de drogas. Mulas, básicamente". Estos cinco vecinos forman parte de los aproximadamente 1.300 españoles encarcelados en el extranjero. "De Castilla y León hay ahora mismo 16. Algunos por estafa o hurto, pero estos cinco, todos por drogas", precisa.

Estos dieciséis ciudadanos se encuentran principalmente en prisiones de América: en la cárcel de Devoto (Argentina), hay una persona. Otra se encuentra en la cárcel de Palmasola (Bolivia). En Brasil, un castellano y leonés cumple condena en la prisión de Itaí, mientras que en Colombia, dos personas se encuentran en los centros penitenciarios de Modelo y de La Picota. Asimismo, en Ecuador, una persona cumple condena en la cárcel de Guayas Hombres, mientras que en Perú, tres personas cumplen penas de prisión en los centros de Sarita Colonia y Ancón II. Por otra parte, en Europa, tres personas, de Valladolid, se encuentran en los centros de Lyon, Paris y Bruselas. En África, las prisiones de Tetuán, Tánger y Asilah albergan a cuatro castellanos y leoneses.

La situación más crítica es la del joven preso en Lima, recluido en el penal de Sarita Colonia, en el Callao. Fue detenido con más de diez kilos de cocaína y está en prisión preventiva desde hace más de dos años, acusado de formar parte de una organización criminal. "Está en la peor situación posible: no sabe ni de qué se le acusa exactamente. Y eso en Perú puede durar hasta tres años. En España serían dos, pero allí... tres años sin saber nada te vuelven loco", afirma Casado. Según explica, una condena por tráfico con esa cantidad ronda los seis años y ocho meses. Pero el proceso para ser trasladado es largo y burocrático. "Tiene que pedirlo el preso, tiene que querer Perú, tiene que querer España y luego hay que ir a por él", resume.

El segundo caso más delicado es el del preso en Tánger, Marruecos (Prisión local de Tánger 2), acusado de intentar adquirir hachís para revenderlo en España. Fue detenido a finales del año pasado y, según Casado, aún no tiene condena firme, ya que el sistema marroquí contempla siempre dos juicios, incluso aunque el reo no recurra. "En Marruecos, si no puedes pagar la multa económica añadida, se amplía la condena. Cada país tiene sus reglas, y ahí está la complicación", explica. Aunque ya se celebró el primer juicio y se prevén seis años de pena, hasta que no se dicte sentencia firme no se pueden iniciar los trámites para su traslado.

Los otros tres vallisoletanos se encuentran repartidos por Lyon (Prisión de Lyon-Corbas), París (Centro Penitenciario de Fresnes) y Bruselas (Prisión de Saint Gilles). Casado los identifica como casos tipo de "lanzaderas": transportistas que trasladan hachís desde el sur de España hacia el resto de Europa. "Son coches particulares cargados con material que recogen en el Campo de Gibraltar. A veces ni saben a dónde van hasta que se lo dicen por teléfono. Alemania, Italia, Francia…", describe. A diferencia de los presos en Latinoamérica o África, los trámites con la Unión Europea son mucho más fluidos gracias al acuerdo marco de 2008 para el reconocimiento mutuo de sentencias. "Cuando hay condena firme, ya no hace falta que el Estado lo tramite, se puede hacer directamente desde el juzgado penal de Valladolid", apunta.

Sin embargo, eso no siempre significa que el traslado sea lo más beneficioso para el preso. "En Francia, si eres extranjero y te condenan a menos de cuatro años, puedes salir a la mitad de la condena y te expulsan del país. Eso a veces es mejor que esperar a que te trasladen y pedir el tercer grado aquí", explica Casado. Un ejemplo curioso: "Un español preso en Finlandia me llamó. Tenía celda individual, wifi, portátil y cobraba 700 euros al mes trabajando. Le dije que cumpliera allí. Al salir, le pagaban el vuelo y se llevaba 25.000 euros ahorrados. No todo es tan blanco o negro".

La Fundación +34 actúa en tres frentes: atención directa a los reclusos (alimentos, medicinas, ropa), asesoría jurídica para facilitar los traslados, y apoyo psicológico y logístico a las familias. "Nosotros hacemos el trabajo sucio: entrar en las cárceles, ver cómo están, atenderles si están enfermos, y hablar con las familias, que a menudo están en estado de shock", dice. Para Casado, el objetivo no es librarles del castigo, sino garantizar que la condena no se convierta en una pena de muerte: "Han cometido un delito y tienen que pagar por ello, pero no queremos que lo paguen con la vida".

La Fundación nació tras la detención de un amigo en Australia en 2011. Desde entonces, el trabajo de Casado ha crecido en alcance e impacto. "Empezamos ayudando a amigos, luego se unieron instituciones. La Junta de Castilla y León fue la primera en apoyarnos. A día de hoy, somos los únicos que estamos dentro de las cárceles", destaca. Además, la fundación impulsó el programa televisivo Encarcelados, que mostró a millones de espectadores la realidad de las prisiones en Latinoamérica.

Javier recuerda con crudeza muchos casos, pero hay uno que le marcó especialmente: los niños. "He conocido a cerca de 30 niños nacidos o criados en prisión. Ahora mismo tenemos una castellana y leonesa a punto de dar a luz. Le hemos comprado una cuna, contratado una enfermera, preparado todo. Porque ese niño nacerá en la cárcel, pero es un niño como tú o como yo", relata.

La organización también establece límites: no ayuda a reclusos condenados por delitos de sangre ni agresores sexuales, aunque sí a sus familias. "Una madre no tiene culpa de lo que ha hecho su hijo", aclara.

Las historias de estos cinco vallisoletanos son solo una muestra de un fenómeno mucho más amplio. El tráfico de drogas, explica Casado, es el único delito en el que "el sujeto pasivo lo hace voluntariamente". Por eso muchas de estas personas no tienen antecedentes penales y actúan movidas por la desesperación. "Entre 5.000 y 10.000 euros por viaje. Para quien está a punto de perder su casa, eso es la salvación. Ninguno de estos cinco tenía antecedentes. El que está en la delincuencia diaria no se va a Colombia a por perico. Roba en una tienda y punto", sentencia.

Mientras tanto, desde la Fundación +34 siguen intentando que esas condenas —merecidas, sí, pero muchas veces cargadas de sobrepeso— no se conviertan en cadenas perpetuas emocionales para sus protagonistas… y para sus familias. "Es una doble condena. Para el que está dentro y para los que se quedan fuera esperando una llamada desde el otro lado del mundo", concluye Casado.

La Fundación +34 se constitutyó formalmente el 23 de mayo de 2014 en Valladolid y está inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León con el fin de ofrecer ayuda acualquier español que se encuentre fuera del territorio nacional en una situación de pena privativa de libertad. Sin embargo, como se menciona anteriormente, no auxilian a presos que están cumpliendo condena por delitos de sangre, terrorismo o de tipología sexual. También auxilian a españoles en libertad que padecen una situación jurídica que les impide regresar al país o que están en desamparo. Por supuesto, también a familiares de los que reciben peticiones de información sobre sus allegados en el exterior así como asesoramiento sobre los procesos burocráticos que deben seguir ante las administraciones públicas tanto de España como del país en el que se encuentran.

El nombre del organismo se debe "a esa primera llamada telefónica a la que tiene derecho cualquier persona en el mundo al ser privada de libertad y que, al realizarla, lo primero que debe marcar es ell +34. Eso simboliza nuestro apoyo desde el primer momento en esa difícil situación", explican desde la Fundación. "Cuando un ser querido es encarcelado en el extranjero, descubres que la soledad y las dificultades tanto sociales como burocráticas no sólo son una posibilidad, sino un hecho. Tras dos años de lucha y constante investigación sobre todo lo que podríamos hacer por nuestro amigo, pensamos que debíamos compartir cuanto habíamos aprendido", detallan en referencia al encarcelamiento de su compañero en Australia en 2011. "Quizás de esta manera, las miles de familias afectadas actualmente por casos similares pudieran servirse de estos conocimientos para no desesperar, conocer mejor cómo afrontar las barreras con las que van a encontrarse y hacer más llevadero un camino que de por sí resulta muy difícil".

En la actualidad, el equipo de la Fundación está formado por más de treinta voluntarios que, junto al patronato, en el que Javier Casado es vocal, dan soporte a los españoles encarcelados en países de continentes como África, Asia o América, donde, tal y como detalla el propio director vallisoletano "las cárceles no son precisamente sitios a los que ir de vacaciones".