SALUD PÚBLICA
Investigan una granja en Valladolid: hallan restos óseos y animales sin identificar
Policía Municipal, SEPRONA, veterinarios de la Junta y técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento acudieron el miércoles a realizar una inspección tras una denuncia ciudadana

Momento de la inspección de la explotación ganadera investigada.
Una granja con restos óseos y animales sin identificar. Eso es lo que encontraron este miércoles, 6 de agosto, agentes de la Policía Municipal, del SEPRONA, veterinarios de la Junta de Castilla y León y técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid tras una denuncia ciudadana.
Según fuentes de la Policía Municipal, la actuación se inició a raíz de la mencionada denuncia por la presencia de lixiviados -líquidos residuales procedentes de estiércol- que se filtraban desde el interior de la finca hasta la acera, afectando a la vía pública. El aviso fue canalizado inicialmente a través del servicio municipal de limpieza, que a su vez dio parte a Medio Ambiente para determinar el origen y naturaleza de estas sustancias, tal y como explican las mismas fuentes.
En un primer intento de inspección por parte de los servicios territoriales de Agricultura y Ganadería de la Junta, el acceso a las instalaciones fue denegado por el propietario, lo que despertó sospechas sobre la posible existencia de irregularidades de mayor gravedad. Ante esta negativa, se coordinó una intervención formal con el SEPRONA, los veterinarios oficiales y personal técnico municipal.
La inspección conjunta tuvo lugar este miércoles y permitió constatar la presencia de aproximadamente 90 animales, entre équidos, caprinos, bovinos y aves de corral, distribuidos en tres o cuatro corrales. En dos de ellos, los agentes encontraron una gran acumulación de estiércol adosada a las paredes, desde donde se generaban los lixiviados que acababan en la vía pública.
Durante el registro, se detectaron restos óseos de animales y ejemplares sin la identificación obligatoria, lo que podría constituir infracciones graves e incluso delitos contra la salud pública y el bienestar animal. Aunque de momento el caso no ha sido judicializado, se le ha dado un plazo al titular de la explotación para presentar la documentación que acredite la legalidad de los animales y el cumplimiento de las normativas sanitarias. Según la información recabada, el propietario ha aportado parcialmente algunos documentos, que ahora están siendo revisados por las autoridades competentes.
La investigación sigue en curso y no se descarta la apertura de un procedimiento penal si se confirma la comisión de delitos. Fuentes municipales detallan que se lleva "un par de meses" recibiendo quejas vecinales relacionadas con esta explotación, pero que la inspección completa solo fue posible tras coordinar la intervención de todos los organismos implicados.