Valladolid lidera la vía de la libertad vigilada a los menores delincuentes con 270 casos

Los fiscales y jueces de Valladolid optan cada vez más, al decidir sus medidas de condena, por una reinserción de los menores delincuentes sin que sea a costa de pasar por un internamiento en un centro. Y Valladolid, es de lejos, la que más aplica esta vía sobre el resto de provincias de Castilla y León. Y cada año va a más.

La última estadística publicada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades refleja que está ganando terreno año a año entre los togados de Menores, que éstos purguen la pena bajo la fórmula de libertad vigilada, en la gran mayoría de los casos, y no de forma interna en un centro sin salir a la calle.

Así, el año pasado 949 menores de Castilla y León purgaron su pena bajo la medida de libertad vigilada, un 17,8% más que en 2023, ejercicio que concluyó con 805 menores beneficiarios de esta medida.

Valladolid destacó de forma llamativa en su avance de 2023 a 2024, ya que pasó de 206 a 270 casos en régimen de libertad vigilada, un 31% más, con 64 medidas nuevas. Está a la cabeza, junto con Palencia que pasa a de 94 a 125 (32,9% más), pero con una cifra mucho más baja de menores implicados.

Tras Valladolid y Palencia, Zamora es la tercera donde más crece, ya que pasa de 81 a 100 (23,4%); y le siguen Soria (pasa de 32 a 38, un 18,75; Segovia (crece de 53 a 57, un 7,5%; Burgos, (aumenta de 93 a 100, un 7,5%); Salamanca (se incrementa de 133 a 142, un 6,4%) y León (avanza de 84 a 88, un 4,7%), en tanto que Ávila repite 29 casos.

Si es importante resaltar el avance de esta medida en porcentaje de aplicación, más ilustrativo es ver el progresivo ‘peso’ que va ganando dentro del abanico de medidas judiciales en medio abierto en los últimos años.

Así, en 2024 la medida de libertad vigilada, con 949 casos, concentró el 53% de medidas no privativas de libertad, de las 1.786 impuestas. Este porcentaje fue seis puntos menor en 2023, un 47%, con 805 medidas de libertad vigilada de un total de 1,707 de medio abierto. Y por poner otro ejemplo, en 2014, sumaba un 43% (755 de 750).

Supervisión de expertos

La medida de libertad vigilada, no privativa de libertad, es, con mucho, el recurso sancionador más utilizado, junto con el de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, por los jueces de menores. Tiene a su favor su mayor eficacia contrastada empíricamente frente a otras medidas, especialmente las privativas de libertad.

En la medida de libertad vigilada, el menor infractor está sometido, durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social. Durante el tiempo que dure la libertad vigilada. Durante el cumplimiento se realiza un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida.

Además, el menor tiene que seguir ciertas pautas socioeducativas y queda obligado a mantener entrevistas para cumplimentar su programa educativo. Así como a cumplir, si el juez lo considera necesario, ciertas reglas de conducta (prohibiciones u obligaciones) como obligación de asistir con regularidad al centro docente, y acreditar ante el juez dicha asistencia regular.

También debe someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.

En casos, se le impone la prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos y ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa y además tiene la obligación de residir en un lugar determinado y de comparecer ante el Juzgado de Menores para informar de las actividades realizadas y justificarlas.

Otras medidas abiertas

Siempre eludiendo el internamiento que se realiza en el Centro Zambrana de Valladolid (régimen cerrado) y en el Centro Los Manzanos de Valladolid (semiabierto, para casos de violencia doméstica), hay otros siete tipos de medidas judiciales para menores infractores.

Son recursos que consisten en tratamiento ambulatorio de salud mental o drogodependencias; asistencia a un centro de día; convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; permanencia de fin de semana en domicilio; prestaciones en beneficio de la comunidad; realización de tareas socioeducativas; y libertad vigilada.

La ejecución de medidas en medio abierto para reparar los daños y entrenarse en habilidades sociales, como alternativa al internamiento en un centro, se aplicó a 1.786 menores infractores en 2024, sumando los 949 de libertad vigilada.

Por provincias, Valladolid se situó también a la cabeza de Castilla y León con 475 frente a los 400 de un año antes, con el siguiente desglose: 270 en libertad vigilada, 78 en prestaciones a la comunidad, 103 en tareas socioeducativas, 19 en convivencia en grupo educativo, dos en fin de semana en domicilio, dos en tratamiento ambulatorio y un caso de internamiento terapéutico.

Por detrás figuraron Salamanca (249 frente a 270 en 2023), Burgos (220 frente a 250), León (191 frente a 174), Palencia (178 frente a 156), Zamora (157 frente 156), Segovia (147 frente a 47), Ávila (102 frente a 85) y Soria (67 frente a 69 del año anterior). El régimen de internamiento los cumplieron 221 menores infractores en Castilla y León el pasado año: 168 en el Zambrana y 53 en Los Manzanos, frente a los 203 de 2023, de los cuales, 157 en Zambrana y 46 en Los Manzanos.

Lesiones y violencia doméstica a la cabeza de los delitos graves en los menores

La Memoria de la Fiscalía de Menores de Castilla y León de 2024 refleja que los delitos de lesiones (222), los de violencia doméstica (142), hurtos (120), robos con fuerza (105) y daños (103) acapararon los primeros puestos de delitos graves cometidos por menores de la Comunidad, una estadística que también recoge 44 agresiones sexuales, 21 casos de violencia de género y tres de homicidio/asesinato.

En delitos leves, los perpetrados contra las personas encabezan la lista (520) y además con un aumento espectacular, ya que crecen un 45% respecto a 2023, año que se cerró con 358 casos. Los delitos leves contra el patrimonio ocupan el segundo lugar, con 305 casos, frente a los 324 del año anterior.

Con todo, la Fiscalía apunta en la memoria que uno de los problemas «más preocupantes» sigue siendo la violencia intrafamiliar. «Muchos de los menores que cometen este tipo de delitos presentan un importante consumo de tóxicos, absentismo escolar y problemas de trastorno de conducta», incide.

Por ello considera «imprescindibles» las tareas de educación y prevención que incumben, y de manera preponderante, a los poderes públicos, a la escuela y a la sociedad, que «bombardea» con constantes ejemplos desafortunados en todos los ámbitos a los adolescentes.

Adicción digital en menores

El Ministerio Público pone también el foco en los casos detectados de adicción a herramientas digitales, sobre todo en casos de violencia doméstica, con consecuencias «perjudiciales» para los menores que se traducen en bajo rendimiento escolar y trastornos.

Y no olvida el bullying en las aulas. «Continúa siendo el delito de acoso escolar el que más se prodiga entre los menores de 14 años, incrementándose su comisión en las redes sociales, y en los grupos de chat, incluidos los del colegio donde estudian. Por ello, sería conveniente que los progenitores de los menores y profesionales de la comunidad educativa se unieran para acordar la prohibición del teléfono móvil en el interior los centros educativos», concluye la memoria de la Acusación Pública.