Una decena de ayuntamientos de Valladolid cobra ‘aranceles’ en sus piscinas de verano

Dime dónde vives y te diré cuánto pagas. Gravar más a los que vienen de fuera o incluir bonificaciones a los oriundos es la filosofía que impera en una decena de municipios de Valladolid a la hora de establecer las tarifas de sus piscinas de verano. Como si de un arancel se tratase, el coste del chapuzón depende de dónde esté empadronado el usuario. Más barato para los censados y más caro para los forasteros. Y aunque se trata de una distinción que lleva años arrastrando polémica porque tanto la Justicia como el Procurador del Común consideran que «no se ajusta a derecho», los ayuntamientos que lo aplican se aferran a que sí es legal. Lo defienden porque no se trata de una tasa, sino de un precio público.

Sorteado este matiz, en el que la mayoría de consistorios consultados se escuda con el propósito de beneficiar a sus vecinos, tanto la capital como nueve pueblos de la provincia arrancarán la nueva temporada estival con variaciones entre los residentes y los que no lo son. «No hay ninguna norma jurídica que nos lo impida», recalcó el gerente de la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid, Borja Lara, en apoyo a esta medida con una repercusión clara: a los de fuera el abono les cuesta más del doble.

Es precisamente en los abonos donde más se observan las distinciones, y no tanto en la venta de entradas ‘sueltas’. En algunos casos las fluctuaciones son mínimas –como ocurre en Fuensaldaña, donde hay una diferencia de cinco euros en el bono infantil y de 7,5 euros en el de adultos– y en otras notablemente significativas, como ocurre en Aldeamayor de San Martín. Aquí el abono infantil es cuatro veces más caro para los no empadronados, el de adultos cuesta cinco veces más, y el abono familiar se multiplica por seis. A los residentes les va a costar 30 euros y a los no residentes les tocará desembolsar 190.

«Tenemos un gran problema en nuestro municipio porque hay mucha gente que reside pero no está empadronada, y eso genera un agujero enorme, porque recibimos financiación teniendo en cuenta los 6.400 empadronados pero prestamos servicio a 9.000, así que hay un desequilibrio presupuestario a la hora de mantener las infraestructuras», destacó el teniente de alcalde de Aldeamayor, Roberto Martínez, en defensa de la diferencia de precios para «penalizar al que no está empadronado». De hecho este año han aprobado un cambio para que sea más acusada, ya que «antes era mínima» y la medida resultaba «poco efectiva».

En la misma línea se posicionó Alberto Collantes, regidor de Viana de Cega, una localidad en la que los abonos cuestan en torno a un 60% más para los foráneos. Teniendo en cuenta las tarifas del año pasado –a la espera de una actualización–, por el abono familiar tienen que apoquinar 100 euros en vez de 65. «La financiación local depende de los empadronados y nosotros con ese dinero hacemos inversiones, entre ellas en la piscina. Si diferenciar los precios para bonificar a los empadronados no está bien, que ponderen también en la financiación local otro tipo de criterios, como el número de viviendas, para que podamos ampliar los ingresos», alegó.

«Las instalaciones están dimensionadas según el número de habitantes y ésta es una forma de no saturar las instalaciones, porque la capacidad está adecuada al tamaño del pueblo», añadió el primer edil de Valoria la Buena, Javier Calvo, un enclave en el que los empadronados tienen una rebaja del 50% en los abonos. Los mayores de diez años pagan 60 euros pero, si son oriundos, con el descuento se queda en 30. Y los niños en vez de 50, pagan 25. «No estamos en contra de nadie, pero tenemos que velar por nuestros vecinos y evitar que los recursos municipales se masifiquen».

Los argumentos se repiten en Boecillo, que cobra más del doble a un matrimonio de fuera que a uno empadronado a la hora de adquirir el abono. 180 euros en vez de 65. «La piscina es deficitaria y con el dinero de las entradas no se cubren los gastos de mantenimiento, así que tenemos que complementarlo con el presupuesto municipal; y el presupuesto se elabora con los impuestos de los vecinos, por eso ellos tienen una bonificación», sostuvo el alcalde, Raúl Gómez.

En la ordenanza de Boecillo, eso sí, 'hay un asterisco' cuando se hace referencia a los no empadronados. «Los que tienen vivienda legal y pagan IBI en la localidad» también tienen descuento, detalló el regidor. Se trata de un supuesto que también contemplan las ordenanzas de Cabezón de Pisuerga, donde el precio del abono depende de si el usuario está empadronado, no lo está, o si es propietario de una finca urbana y está al corriente de impuestos aunque no esté empadronado. Tomando como referencia el carné de adultos, el precio sería de 20 euros en el primer caso, 80 euros en el segundo o 30 en el tercero.

Con el foco puesto en los que sí discriminan, en cada pueblo las normas son diferentes y, repasando la geografía del alfoz y de los grandes núcleos de la provincia, se observa que en Tordesillas han optado por una deducción en la compra de los abonos para los empadronados, que pagan 5 euros menos, tomando como ejemplo el carné de adulto o el familiar.

Y, aunque las diferencias de precios en las piscinas se centran sobre todo en los abonos –la mayoría de ayuntamientos consultados no aplica distinción en las entradas diarias– hay ayuntamientos que no dejan resquicio en ninguna opción, con dos casos llamativos en el mapa de Valladolid: Santovenia de Pisuerga y Renedo de Esgueva. Aunque los regidores de ambas localidades no colaboraron en la petición de información realizada por este periódico, las ordenanzas son públicas y evidencian una política que ‘sangra’ al de fuera.

Baste comprobar que adquirir el pase para entrar un día en la piscina de Renedo le cuesta al forastero 20 euros, frente a los 3,5 euros que paga un empadronado. Casi seis veces más. Y a la hora de conseguir un abono, la filosofía se repite: el infantil cuesta 18 euros a los empadronados y 75 a los no empadronados, y el de adultos 25 en el primer caso y 75 en el segundo.

En Santovenia, por su parte, los mayores de doce años que vienen de fuera también tienen que pagar 20 euros para pegarse un remojón si se trata de un sábado, un domingo o un festivo, mientras que a diario el desembolso fijado es de diez euros. Además, las opciones de los pases de temporada están restringidos a la modalidad individual, con un coste de 150 euros frente a los 40 euros para los que sí están censados, que tienen un abanico más amplio de alternativas.

El debate sobre la desigualdad en los precios públicos despierta cuando se acerca la temporada estival pero se trata de una medida que está siempre latente en muchos puntos geográficos, ya que no sólo se aplica en las piscinas, sino también en el uso de otros recursos públicos (como gimnasios, pistas deportivas o campos de fútbol), en el disfrute de actividades extraescolares, en la programación de actos culturales o en la participación en campamentos. En múltiples ocasiones el precio varía en función del lugar de empadronamiento.

El Procurador, en contra

La polémica sale del letargo en verano porque es cuando se concentra un mayor número de afectados, que llegan a elevar sus quejas ante el Procurador del Común. Y es precisamente esta institución la que reitera en sus recomendaciones que no se puede diferenciar las tarifas por un criterio de procedencia.

En Castilla y León, el conocido como Defensor del Pueblo se ha pronunciado en «numerosas ocasiones» y considera que «no resulta ajustada a derecho» la diferenciación entre personas empadronadas y no empadronadas en relación a tributos municipales o en otros ingresos de derecho público porque «va en contra del principio de igualdad».

Su posición contraria a esta discriminación la sustenta en diferentes sentencias jurídicas, sobre todo en una reciente del Tribunal Supremo, que anuló las ordenanzas fiscales de un pueblo del País Vasco por bonificar las tarifas a los empadronados.

En Laguna de Duero, Zaratán y Nava del Rey el ‘tirón de orejas’ de Tomás Quintana, el Procurador, sí ha servido para proceder a un cambio de normativa y este verano no harán distinción, aunque hayan ‘obedecido a regañadientes’. «Es injusto», manifestó el regidor lagunero, Avelino Álvarez, antes de dejar claro que van a ser «rigurosísimos» con el aforo de las instalaciones, priorizando el acceso a los abonados. «Lo hemos tenido que cambiar porque nos lo imponen», expuso el alcalde zaratanero, Roberto Migallón, quien remarcó que la filosofía del Ayuntamiento es beneficiar a los vecinos y por eso ahora primero abrirán un plazo de adquisición de abonos para los empadronados y luego, si sobran, para el resto.

En Medina de Rioseco también recularon en su momento y aprobaron precios uniformes. «Los vecinos de la comarca también contribuyen a sostener los servicios y para utilizarlos tienen que emplear más tiempo, así que decidimos, por solidaridad, mantener el mismo precio que a los empadronados», aclaró el alcalde, David Esteban.

Y mientras un puñado de enclaves dan marcha atrás y equiparan precios, Tudela de Duero valora la posibilidad de hacer lo contrario.