Tribunales
Al banquillo un empresario de Valladolid por falsificar el cobro del finiquito de un trabajador despedido
Aportó al Juzgado de lo Social con firma falsa documentos como la nómina de un mes y indemnización por despido improcedente, y se enfrenta a dos años de cárcel
El juicio se celebrará en la sección penal de la Audiencia de Valladolid
Un empresario de Valladolid, Héctor G.G., se sentará el próximo jueves 27 de enero en el banquillo de la Audiencia Provincial (AP) de Valladolid acusado de falsificar documentos de cobro del finiquito de un trabajador que despidió de su empresa Vaditelpro SL.
El fiscal interesa para el acusado dos años de prisión por los delitos de falsedad en documento privado y estafa procesal en grado de tentativa.
El despido fue comunicado al trabajador a finales de 2018 y el afectado presentó demanda de despido y reclamación de de cantidades propias del finiquito frente a la mercantil que dio lugar al procedimiento de despido seguido ante el Juzgado de los Social 1 de Valladolid, órgano que citó a las partes el 17 de junio de 2019 para el acto de conciliación.
En la citada demanda se reclamaba la improcedencia del despido y el abono de la cantidad de 2.105 euros por los días trabajados en el mes de noviembre e indemnización, o la inmediata readmisión laboral.
Según recoge la Fiscalía de Valladolid en su escrito de calificación provisional, en el acto de conciliación, el acusado "aportó una supuesta carta de despido ‘firmada’ por el trabajador de fecha de 10 de noviembre de 2018 y la nómina del mes de noviembre del citado año que incluía finiquito e indemnización por despido improcedente, también ‘firmada’ por el empleado".
Según la Acusación Pública, los documentos recogían una “supuesta firma del trabajador que no había sido realizada por éste, sino por el acusado o por tercera persona a su favor y tenían como objetivo ocasionar el correspondiente error en el juzgador para evitar el pago de las cantidades reclamadas”.
Advertida la instancia de lo Social, el Juzgado de lo Social 1 acordó la suspensión del procedimiento de despidos el 16 de julio de 2019 tras la presentación de querella por parte del trabajador afectado.