El mayor caso de corrupción de la historia de Castilla y León ya tiene fecha para el juicio

El presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza, adelantó que el mayor caso de corrupción de la historia de Castilla y León ya tiene fecha. El juicio de la trama eólica «podría celebrarse allá por el mes de noviembre del año que viene. Estarán varios meses celebrando el juicio, toda una sección quedará bloqueada y eso habrá que pedir refuerzos correspondientes que nunca es fácil». Así lo indicó Carranza en La Quinta Esquina, programa de La 8 Valladolid, El Mundo de Castilla y León y EsRadio Castilla y León.

«Es un caso que tiene miles y miles de folios y se ha pedido un refuerzo para que el ponente de esa sentencia pueda empezar a leer los asuntos. Evidentemente, los jueces leemos a veces en oblicuos, sobre corrido, sabemos dónde tenemos que ir, no hay que leer todas y cada una de las diligencias, pero hay una cantidad de lectura, de datos, de estudio tremendo. Por ello, en este momento hay un juez de refuerzo para que pueda dedicarse a estudiar solo los folios», incidió.

Acerca de las fases de evolución de esta trama el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid apuntó que «estamos en fase de estudio todavía del juez sentenciador. Lo que ha hecho el juez instructor no tiene nada que ver con lo que ha hecho el juez sentenciador. Y el juicio creemos, ya lo adelanto aquí, que podría celebrarse allá por el mes de noviembre del año que viene».

Por su parte, en cuanto al caso de la Perla Negra afirmó que el caso está en este momento «a punto de dictarse la sentencia». Para este «también se ha pedido un refuerzo y hay un juez que ha estado cubriendo la plaza del magistrado oponente, pero no verá la luz este año la sentencia».

«Este año yo creo que ya no, pero en corto espacio de tiempo. No he hablado con el ponente exactamente, él me ha informado, pero por el tiempo más o menos que se ha establecido con el refuerzo, estaríamos a punto de cumplirlo», seguramente en enero.

Como un dato destacado apuntó que a una de las jueces que ha estado reforzando este caso «se le acaba de negar los efectos económicos de su trabajo. No sabemos si es una cuestión presupuestaria o no. Se admitió que estuviera reforzando en la trama de la Perla Negra, pero el Ministerio de Justicia ha denegado los efectos económicos».

«Esperemos que lo corrijan y que con el nuevo presupuesto se remunere, pero así estamos. En precario. Esa juez ha estado ahí trabajando y esperemos que sí tenga efectos económicos porque si no, a ver con qué cara se le puede pedir a una juez que haga ese trabajo de refuerzo y se incorpore a estas cosas», incidió.

Acerca de cómo es el balance de este 2024 aseguró que «ha sido un año convulso en muchas cosas. Hemos tenido concentraciones judiciales a la puerta de la audiencia y de los juzgados, ha habido campañas de todo tipo que afectan a la justicia y hemos tenido que pronunciarnos sobre ello para defender nuestras competencias, nuestra independencia. Y al mismo tiempo, pues ha habido elementos de esperanza, hemos tenido recientemente buenas noticias en relación con el edificio de la justicia que se ha puesto en marcha de nuevo después de un parón de casi un año y esperemos que el asunto vaya adelante.

Tras llegar a un acuerdo sobre cómo se cedía desde el punto de vista urbanístico esa parcela al ministerio, ya que, como explicó, tiene que pasar previamente por patrimonio del estado y el ayuntamiento, «a partir de ahí la pelota está en manos del Ministerio de Justicia».

«El ministerio ha manifestado en múltiples ocasiones que lo va a llevar adelante y estableció un cronograma que nos parece muy largo. Es verdad que el edificio va a ser importante y se va a hacer en dos partes, pero confiemos en que se reduzcan los plazos. No me gustaría para nada estar ya jubilado y pasearme por delante del edificio para ver poner la primera piedra, preferiría verlo en activo».

Por su parte, a raíz de la noticia de que el Tribunal Constitucional admitía recurso de Castilla y León contra la Ley de Amnistía, Javier Carranza, reafirmó su posición expresada hace aproximadamente un año, cuando apuntó que la separación de poderes estaba en grave riesgo y que la amnistía no tenía encaje constitucional.

«Sigo manteniendo mi misma opinión técnica. Yo no soy legislador, no hago las leyes. Por supuesto la ley está en vigor y debe ser cumplida sin perjuicio de los recursos de inconstitucionalidad que puedan plantear las comunidades, que tienen legitimación para hacerlo. Ya Castilla y León había anunciado en su momento por los servicios jurídicos la posibilidad de plantear el recurso de inconstitucionalidad. Desde el punto de vista técnico yo me pronuncié sobre el difícil encaje de la amnistía, dije aquella frase de que las entidades están para ser cumplidas, no para que sean enmendadas por el poder legislativo. En mi opinión, la constitución contempla lo que contempla y una ley de amnistía tiene difícil encaje. Pero dicho esto, los jueces estamos para aplicar la ley», aseguró.