Diario de Valladolid

El coste de los servicios se dispara en Valladolid hasta 896 euros por habitante

La inflación explica en gran medida el incremento de 115 euros en 2022, último año del que hay datos / El transporte público urbano es la prestación más cara, con 122 euros por persona

Nuevo bus eléctrico articulado, en las instalaciones de Auvasa. E. M.

Autobús eléctrico articulado, la última incorporación a la flota. E. M.

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Valladolid

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El coste de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Valladolid le costó a las arcas municipales una media de 896 euros por habitante durante 2022, el último ejercicio del que hay datos. Son 115 euros más que los 771 euros de 2021, un incremento del 14% que se explica en gran medida por la inflación. El concejal de Hacienda, Francisco Blanco, lo tiene claro y advierte de que «en un contexto inflacionista, los servicios de titularidad municipal cada vez son más caros, así como el mantenimiento y mejora de las calles, plazas, parques, jardines de la ciudad en los que cada vez exige más esfuerzo».

Desde la aprobación en 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, las entidades locales tienen la obligación de dar cuenta, antes del día 1 de noviembre de cada año, del coste efectivo de los servicios a partir de los datos recogidos en la liquidación del presupuesto general, y en su caso, de las cuentas anuales aprobadas, correspondiente al ejercicio anterior. Dado que la liquidación del presupuesto de 2023 se cerró el pasado mes de marzo, antes de noviembre el Ayuntamiento deberá publicar el coste de los servicios del pasado año, pero, mientras tanto, los últimos datos son los de 2022.

El estudio, recogido por el Ministerio de Hacienda, aunque es el interventor municipal en que recoge los datos, revela que el coste medio por la prestación de los servicios municipales en 2022 en Valladolid está un poco por encima de la media de los municipios del país que tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes, en concreto 18 euros más, una 2%: 896 euros frente a 878 en las poblaciones que superan el listón de los cien mil residentes.

La evolución del coste desde los 705 euros por habitante de 2016, el primer año en el que hay registro, refleja un subida sostenida pero constante hasta 2022, el ejercicio en el que el incremento es más acusado al rozar la barrera de los 900 euros.

En los datos con el coste de los servicios que se prestan a los vecinos se incluyen tanto los que ofrece Ayuntamiento como los que prestan todos sus entes dependientes, desde fundaciones, como de la Deportes y Cultura, a organismos autónomos y entidades públicas empresariales como Aquavall .

Divididos en dos apartados a efectos contables, la lista de servicios objeto del estudio incluye los obligatorios, como el alumbrado público el transporte colectivo urbanos , la limpieza viaria, la recogida de residuos, la extinción de incendios y el abastecimiento de agua, pero también los derivados de competencias propias , un listado en el que figuran, entre otros, la promoción del deporte y la cultura, el urbanismo, la Policía Municipal y la protección de la salubridad pública.

De los 896 euros de media que costó la atención adecuada a los ciudadanos en 2022, una partida de 464 euros, la más importante con diferencia, corresponde a la prestación de servicios públicos básicos, grupo en el que están la movilidad, urbanismo y el  medio ambiente.

En actuaciones relacionadas con la protección y la promoción social, el coste fue de 106 euros por habitante, cantidad que se incrementó un 76% desde 2016, año en el que el gasto medio fue de 67 euros. Otros 149 euros, de los 896, costó la prestación de servicios públicos preferentes, grupo en el que están la sanidad y la educación, mientras los 163 restantes corresponden a medidas de carácter económico, entre las que figuran actuaciones relacionadas con el comercio y el turismo y con el transporte público.

Si se desciende al detalle del coste por habitante según los programas de gasto, los datos del informe desvelan que, dentro de los servicios obligatorios, lo mayor desembolso fue para el transporte colectivo urbano, con 122 euros de media, seguido de las prestaciones a personas con necesidades sociales, con 118 euros. Son los dos únicos servicios que superan los cien euros, mientras el resto se sitúa a una diferencia considerable.

El coste medio por habitante del alcantarillado en 2022 fue de 29 euros y de 32 el de abastecimiento de agua, mientras otros 34 se destinaron a la recogida de residuos. Más costó la pavimentación de las calles, 51 euros por habitante, mientras la limpieza viaria ascendió a 38 euros por persona.

En la lista de servicios obligatorios figura también la prevención y extinción de incendios, con 36,5 euros por habitante, 31 en instalaciones deportivas de uso público y 10,8 euros en parques y jardines públicos.

En cuanto al coste por habitante de los servicios propios , el gasto medio para el mantenimiento de la Policía Municipal fue de 95,9 euros, el mayor de todos los que figuran en esta lista, con un incremento del 8%, seguido de la dotación para equipamientos culturales, con 33,2 euros; la evacuación de aguas residuales, con 23,7 euros y la conservación de centros educativos propios, con 23,6 euros.

Todo apunta que los datos de 2023, que deberán conocerse antes del 1 de noviembre, seguirán la senda de la escalada experimentada en 2022, aunque habrá que esperar al informe del interventor general del Ayuntamiento.

En este contexto de inflación al alza, el concejal de Hacienda afirma que mantener los impuestos sin tocar «puede suponer, de facto, un avance en el descenso de los mismos, puesto que el ciudadano continúa tributando lo mismo por un servicio que se viene encareciendo bastante y esa diferencia al alza es asumida por el Ayuntamiento sin que repercuta a los usuarios».

Dado que una de las promesas del alcalde, Jesús Julio Carnero, fue bajar impuestos y en su primer año no lo ha hecho, Blanco hace una peculiar interpretación y afirma que «no incrementar ningún impuesto es el primer paso para abordar, en un futuro, la bajada» a la que se comprometieron, pero que, según añade, no han podido acometer « dada la situación económica-financiera» que se encontraron.

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