Diario de Valladolid

Tribunales 

Tres años de prisión por desplumar a su amigo 65.000 euros en compras en Valladolid usando su DNI

Superpuso su foto en el documento e inició una adquisición compulsiva de vehículos y préstamos, ya que se hizo también con el número de sus cuentas bancarias 

Fachada del Palacio de Justicia, sede de la Audiencia de Valladolid.                      .

El juicio más multitudinario hasta la fecha en la historia judicial vallisoletana por el 'caso de las multiestafas' o la 'Operación Árbol', con hasta 65 encausados asistidos por medio centenar de letrados, obligará a la Audiencia Provincial a trasladar provisionalmente su sala de vistas a la Feria de Valladolid durante la celebración del mismo.

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Fachada del Palacio de Justicia, sede de la Audiencia ProvincialE.P.

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La Audiencia Provincial (AP) ha condenado a un hostelero de Valladolid, Jesús V. R., a tres años de prisión de cárcel y al pago de 1.500 euros de multa por un delito de falsedad de documento mercantil en concurso medial con otro continuado de estafa, por desplumar a un amigo 65.000 euros usando su DNI para compras financiadas.

Para llevar a cabo este engaño superpuso su foto en el DNI de su amigo e inició una adquisición compulsiva de vehículos y préstamos, gracias a que también se había procurado los números de cuentas bancarias del perjudicado.

La acusación pública pedía 4 años y siete meses de prisión y multa de 900 euros. Los hechos sucedieron entre mayo y noviembre de 2013.

El apartado de hechos probados de la sentencia recoge que el acusado, durante el año 2012, estuvo frecuentando una cafetería dónde coincidía, dos o tres veces por semana con el que acabaría siendo su víctima y a fuerza de verse comenzaron a relacionarse.

El ahora condenado se encontraba sin trabajo y la víctima trabajaba como conductor, ausentándose con frecuencia de Valladolid. En un momento de su relación acordaron asociarse en un pequeño negocio de bar que se ocuparía de llevar el acusado, según él, con experiencia en hostelería y para lo que precisarían de unos 3.000 euros que solicitarían en algún banco para ponerlo en marcha, acordando que lo tramitase el acusado con la documentación que le facilitara el transportista, el único con trabajo estable, nómina fija y libreta o cuenta de ahorros, al objeto de acreditar solvencia frente a la entidad bancaria.

Así las cosas, el perjudicado proporcionó a Jesús V.R. su DNI, varias nóminas y su número de cuenta para domiciliar los pagos del préstamo, pero el proyectado bar nunca se puso en marcha, pues en realidad, lo que ocultaba a su eventual socio, era un plan para beneficiarse a su costa utilizando la documentación que le había facilitado.

El 15 de mayo de 2013 del citado año Jesús V.R. concertó un contrato de préstamo con la entidad Aktivedengi SL por 390 euros. No se devolvieron y la financiera reclamó al perjudicado al cabo de un mes la cantidad de 442 euros, más del 2% de interés.

El 27 de mayo el acusado suscribió, siempre a nombre de su amigo , un contrato de financiación de bienes muebles con el Banco Santander para  la compra de un vehículo industrial Dacia Duster por importe de 20.806 euros, que no consta que le hayan sido reclamados a la víctima.

Volvió a la carga el 12 de junio y concertó con Finconsum un contrato de financiación de bienes muebles para la compra de un vehículo Chevrolet Trax por un importe total de 22.701 euros. Para hacer frente a los pagos aportó la cuenta corriente de la víctima.

En otro concesionario de Valladolid adquirió un vehículo Mitsubishi. Suscribió el 28 de junio un contrato de financiación con Cetelem por 28.735 euros. Esta financiera reclamó a la víctima 22.625 euros. No terminaron ahí los desfalcos. En noviembre solicitó una tarjeta Visa a nombre de su amigo para compras en una cadena de distribución, pero no consta que llegara a utilizarla.

Aunque lo reclamó la acusación particular, no ha quedado acreditado que utilizase asimismo la documentación para identificarse ante la Dirección General de Tráfico (DGT) al cometer cinco infracciones administrativas entre junio y julio de 2013 por importes de 96, 120, 120, 440 y 800 euros, que le fueron reclamadas al estafado, sin que conste que las haya abonado.

Además de la pena de tres años de prisión de prisión la sentencia de la sección segunda de la AP le condena a devolver los más de 65.000 euros estafados a las empresas financieras.

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