Crece un 9% el alumnado de centros especiales en Castilla y León, que la ONU pide eliminar

En 2020, la ley educativa en vigor, la Lomloe, garantizó que en el plazo de diez años los colegios ordinarios contarían con los recursos necesarios para atender a los alumnos con necesidades específicas, lo que supondría reducir el peso de los centros de educación especial. De momento, lejos de caminar en esa dirección, España ha incrementado el número de matriculados en este tipo de centros segregadores un 7%, hasta los 41.521. En Castilla León el aumento asciende al 10% en los dos últimos cursos, hasta los 1.407 alumnos en el año 2022-2023, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación.

De ellos, 1.250 estudian en centros dedicados en su totalidad a la educación especial y los 157 restantes en unidades específicas dentro de colegios ordinarios.

Por provincias, Valladolid es la que más tiene (442 alumnos, 400 en centros especiales y 42 en aulas específicas) y, también, la que más ha incrementado su cifra en los dos últimos cursos, un 22%, el segundo mayor incremento del país, tras Cantabria.

Le siguen Burgos (207 alumnos, un 16% más, 170 en centros especiales y 37 en aulas específicas), Salamanca (195 en total, un 9% más, 174 en centros y 21 en aulas), Zamora (101, un 16% más, 64 en centros y 37 en aulas), Palencia (70, un 4% más, todos en centros específicos) y Segovia (66, todos en colegios especiales, un 20% más).

Sólo tres provincias de Castilla y León han reducido su alumnado en aulas especiales. Se trata de León (con 202 matriculados en centros especiales, un 3% menos), Ávila (84 matriculados, un 10% menos, 64 en centros especiales y 20 en aulas específicas) y Soria (40 niños en colegios especiales, un -11% menos).

Los datos nacionales han motivado un tirón de orejas de la ONU a las autoridades españolas y autonómicas. En un informe fechado el 22 de marzo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad «constata con pesar que la segregación educativa de las personas con discapacidad» continúa «estando vigente en su legislación (Lomloe), aceptada por altos tribunales, promovida por parlamentos y practicada por las comunidades autónomas».

Además de pedir la derogación de «toda ley vigente que perpetúe la segregación educativa» a través de escuelas especiales, reclama a las consejerías de las comunidades autónomas la «derogación urgente de todos los reglamentos, protocolos y normas que han continuado permitiendo decisiones de escolarización y resoluciones de escolarización – basadas en evaluaciones psicopedagógicas– de personas con discapacidad en centros o escuelas especiales y unidades específicas en escuelas ordinarias», que es precisamente el caso de Noa, una alumna de Valladolid cuya familia rechazó el cambio propuesto a un colegio de educación especial y reclama una mayor dotación de especialistas para poder continuar en su colegio actual, el Tierno Galván de Parquesol.

El informe del órgano de la ONU emplaza a las autonomías también a «asegurar que las evaluaciones psicopedagógicas no concluyan ni conduzcan en caso alguno a la separación de una persona con discapacidad de la escuela ordinaria o a la proposición que sea escolarizada en un centro o escuela especial o en una unidad específica en aulas ordinarias», así como «asegurar que dichas evaluaciones identifiquen y desarrollen planes individuales de apoyo con adaptaciones curriculares, y medidas para remover las barreras externas que corresponde para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la educación inclusiva y de calidad de las personas con discapacidad». De igual modo, recomienda «implementar protocolos para procesar, considerar y resolver sin dilación las solicitudes de ajustes razonables que propongan las personas con discapacidad y sus familias».

En Castilla y León hay un total de 28 centros de educación especial específicos, doce de ellos públicos y el resto de gestión privada.