El juicio de la 'Perla Negra', visto para sentencia

Después de más de diez años de instrucción y tras suspenderse hace dos años porque las partes no tenían la causa al completo, el macrojuicio del ‘caso Perla Negra’, tras una veintena de sesiones por las que han pasado decenas de peritos y testigos, entre los que se encontraban el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera y la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quedó este miércoles visto para sentencia.

A excepción de Alberto Esgueva, empresario y exdirector de internacionalización de la Agenda de Desarrollo Económico de Castilla y León (ADE), el Ministerio Fiscal mantiene la petición de penas para el resto de los acusados.

Por su parte, todas las defensas reclamaron la libre absolución y criticaron que las imputaciones (tanto del Ministerio Fiscal, como de la acusación particular, ejercida por la Junta, como la popular, a cargo del PSOE) están basadas en un relato “imaginario” al que no se han aportado pruebas.

En este sentido, el abogado de Germán Martín Giraldo, administrador de Urban, aseguró que se trata de un juicio que “nunca se debería haber celebrado” por falta de pruebas y argumentó que en el caso de que existiera un delito de revelación de secretos este ya habría prescrito. Mientras tanto, tanto el abogado de Rafael Delgado, como el de Begoña Hernández, ambos exviceconsejeros de la Consejería de Economía y Empleo, alegaron que no se produjo ningún perjuicio económico para la Junta y defendieron la idoneidad de comprar el edificio de Soluciones Empresariales por el ahorro que suponía el dejar de pagar el alquiler de las diversas sedes que Agencia de Desarrollo (ADE) tenía dispersos por Valladolid, informa Ical.

Durante la vista, las defensas también apelaron al principio de jerarquía en la Consejería y recordaron el peso de Tomás Villanueva en el Gobierno autonómico, del que fue vicepresidente, además de presidente del Partido Popular de Valladolid, insistiendo que todas las decisiones de la Consejería de Economía pasaban por él. No obstante, desde la Fiscalía se advirtió que no se puede responsabilizar “de todo” al exconsejero Tomás Villanueva, dado que los acusados conocían perfectamente que se estaban cometiendo irregularidades, por lo que pudieron haberse negado a cumplir determinadas órdenes o bien haber presentado su dimisión

A su vez, muchos de los letrados dejaron entrever un tinte político en el caso. El más explícito fue, el abogado de Juan Carlos Sacristán, que acusó al Ministerio Fiscal de elaborar una “teoría conspiranoica” en la que no se sabe cuál es el fin último de la trama, a la vez que denunció la presencia de la acusación popular, ejercida por el PSOE, asegurando que su único interés ha sido tener acceso a la información de la instrucción para usarla en la comisión de investigación que se abrió en las Cortes de Castilla y León y desgastar al PP. En este sentido, indicó que aprovechando caso como la trama Gürtel o el caso Bárcenas, “aquí se ha investigado a la Consejería de Economía, dirigida por el que también era vicepresidente de la Junta y presidente del Partido Popular de Valladolid, a ver si se descubría alguna financiación irregular del PP”. En este sentido, la mayoría de las defensas reclamaron que se imponga a la acusación popular las costas del proceso por actuar “de mala fe” y con “temeridad”.

El único de los acusados que utilizó el turno final de palabra fue Rafael Delgado, que aseguró que durante los 16 años en los que trabajó para Junta se limitó a cumplir con su trabajo bajo la “obediencia jerárquica”, a la vez que afirmó que no fue consciente de cometer ningún delito durante su gestión. Es más, aseveró que “lo volvería hacer” de la misma forma, dado que su gestión en el edificio de Arroyo supuso un ahorro considerable para la Junta al eliminar el pago de numerosos alquileres.

Delgado también se mostró “perplejo” por la posición de la Junta, dado que mientras ejerce la acusación particular, altos cargos como el actual viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, o el director general de Industria, Jesús Jiménez, mantienen una “versión distinta”.

Penas

Las penas más elevadas de la Fiscalía se solicitan para Rafael Delgado y Begoña Hernández , así como para el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de once años de privación de libertad para cada uno de ellos. El Ministerio Fiscal imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.

En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y el segundo empresario, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Además, pide seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios Francisco Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

La Fiscalía Provincial de Valladolid cifra en más de 23,4 millones de euros el fraude de la cúpula de la antigua Consejería de Economía y Empleo de la Junta. También argumenta que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble mas de 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 50 millones, y también acusa que se hiciera frente al abono de 9,7 millones de euros correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de la empresa Urban Proyecta.

Respecto a los terrenos de Portillo, el Ministerio Fiscal argumentó que las actuaciones concertadas por los acusados provocaron un considerable incremento en el precio de las fincas, encarecimiento que supuso un sobreprecio de, al menos, 3,3 millones de euros.

Las defensas señalan al alcalde

En este sentido, las defensas de los socios de Parque Empresarial de Portillo recalcaron que el impulsor del polígono fue el entonces alcalde de la localidad, el socialista Antonio Sevillano Cortés, a la vez que insistieron en que la venta de las parcelas a Gesturcal se hicieron a precios de mercado.

El abogado de Luis Antonio Recio argumentó que las imputaciones a su cliente no están cimentadas y solo son “humo”, a la vez que criticó la falta de objetividad del informe de la Policía Nacional. Además, aseguró que su patrocinado entró de forma “fortuita” en el capital de Parque Empresarial de Portillo como “pulmón financiero”, a la vez que insistió que no logró ningún beneficio con la venta de las parcelas.

Este letrado también reclamó, en el caso de una sentencia condenatoria, que se tengan en cuenta las diligencias indebidas como atenuante, dado que han sido nueve años “sufriendo” un proceso en el que sus empresas han quedado al margen de contratos con la administración.

En su alegato final también argumentó que, una vez retiradas las acusaciones contra Alberto Esgueva, al que se acusaba de ser el intermediario entre los altos cargos de la Consejería de Economía y Parque Empresarial de Portillo, queda claro que no ha existido tráfico de influencia.

Por su parte, el abogado de Francisco Esgueva, además de lamentar la “pena de telediario” que viene sufriendo su cliente, así como el daño “personal, familiar y económico”, indicó que es “absurdo” e “injustificado” hablar de confabulación, de tráfico de influencias y de revelación de secretos, cuando solo ha existido un trabajo empresarial de un proyecto promovido desde el Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, recalcó que el destino del polígono nunca fue la Junta, y explicó que antes del acuerdo con la junta en 2010, Parque Empresarial de Portillo había vendido a Euronit una parcela que ocupa el diez por ciento del total del polígono. También, indicó que en 2009 no se puede hablar de que las parcelas fuera suelo rústico, tal y como sostienen las acusaciones, ya que en 2008 ya se había aprobado el plan parcial y un año después se dio el visto bueno al plan de urbanización, además de estar construida la línea eléctrica, en la que se invirtió cuatro millones de euros.

En este sentido, aseguró que si la Junta quisiera, en dos o tres meses, una vez realizada la urbanización del polígono, podría poner sus parcelas a la venta.

En su alegato también se refirió a un pleito que Parque Empresarial de Portillo mantuvo con Gesturcal-ADE Parques, una vez cerrada la operación, y en el que quedó acreditado que los incumplimientos procedían de la empresa pública, que fue condenada al pago de diversas cantidades que no habían sido abonadas.

En la misma línea se manifestaron el abogado de Luis Ángel Rodríguez, socio de Parque Empresarial de Portillo, que denunció la falta de pruebas que sostengan las acusaciones, a la vez que lamentó que debido a este caso, su representado lleva desde 2012 residiendo fuera de España, y el letrado de Carlos González Maestro, que apuntó que no se producido ningún daño económico a la Junta.