Auvasa incumple la ley al carecer de dos plazas para sillas de ruedas en 33 buses
El Procurador del Común advierte que «la movilidad es un elemento esencial en la integración socioeconómica y su ausencia condiciona el derecho de las personas con discapacidad a la movilidad urbana en igualdad de condiciones»
Autobús urbano de Valladolid con los dos espacios obligatorios para sillas de ruedas. J.M. LOSTAU
Desde 1998, los autobuses urbanos deben disponer de al menos dos plazas para personas que viajan en silla de ruedas. Así lo estableció ese año la ley nacional de Accesibilidad y Supresión de Barreras para los vehículos de nueva adquisición. Esa obligación quedó recogida tres años más tarde en el decreto autonómico de 2001. Que los ayuntamientos lo cumplan es otra cosa. En Valladolid, 33 de los 150 buses que componen la flota de Auvasa sólo tienen un único espacio reservado . Todos ellos, matriculados a partir de 1999.
Son datos proporcionados por el consistorio vallisoletano al Procurador del Común, que ha analizado de oficio las condiciones de accesibilidad en el transporte urbano de varias ciudades de Castilla y León. Su actuación ha desembocado en cinco resoluciones dirigidas a otros tantos ayuntamientos con recomendaciones para suprimir las dificultades que persisten en el acceso al transporte colectivo en Valladolid, Soria, Zamora, Ponferrada y Palencia.
En el caso de Valladolid, Tomás Quintana constata que una quinta parte de los autobuses que prestan este servicio público «disponen de un solo emplazamiento específico para albergar a una persona en silla de ruedas, de modo que incumplen lo exigido» en la normativa autonómica.
Se trata, según el listado facilitado por el Ayuntamiento, de 33 vehículos matriculados entre 1999 y 2004 , todos ellos de la marca Man, y que son los más antiguos de la flota de Auvasa. Por un lado, se trata de dos autobuses de 1999 y otros cuatro del año 2000, del modelo NL 242 GLP. El resto son del modelo posterior, NL 243 F GLP: seis matriculados en 2001, siete en 2002, doce en 2003 y dos más en 2004.
Los 117 buses restantes si disponen de los dos preceptivos espacios para anclar al menos dos sillas de ruedas en un mismo trayecto . Sus fechas de matriculación se sitúan entre 2006 y 2022, cuando se incorporaron los modernos y sostenibles vehículos eléctricos de Solaris.
Tanto la normativa nacional como la autonómica impusieron los autobuses de piso bajo y las rampas de acceso y descenso de viajeros , dejando atrás aquellos escalones insalvables para personas con movilidad reducida. Al mismo tiempo, generalizaron los timbres accesibles junto a las plazas reservadas, así como sistemas de megafonía y luminosos que permiten a los viajeros conocer con suficiente antelación la llegada a la parada.
Esa «incorporación del piso bajo y la rampa en los vehículos es una condición necesaria pero no suficiente, para conseguir la accesibilidad integral », apunta el Procurador del Común al señalar que «existen otros puntos negros a lo largo de la cadena de transporte», como ese «incorrecto diseño de los espacios para la localización y anclaje o emplazamiento de las sillas de ruedas».
En un repaso por los avances a nivel nacional, destaca Quintana «la evolución positiva» en la adaptación de las flotas de autobuses urbanos de toda España en las últimas décadas, trazando «un nuevo escenario de la accesibilidad» gracias «a los esfuerzos de financiación pública emprendidos a través de los convenios entre el IMSERSO y la Federación Española de Municipios y Provincias, al éxito de los sistemas técnicos aplicados y a la reducción sensible del coste entre el autobús de piso bajo y el escalonado, como consecuencia de una fabricación cada vez más estandarizada». Esas mejoras han permitido, a la vez, «mejorar el servicio general, al reducirse los tiempos de embarque, y de esta forma incrementar la velocidad media de las líneas» .
En el caso concreto de Valladolid, el Procurador reconoce «la clara voluntad» del Ayuntamiento «para contar con un transporte urbano plenamente accesible» . Por eso le emplaza a «seguir apostando por la eliminación de los obstáculos existentes en el transporte urbano» de la ciudad. Y esgrime dos argumentos:«que la movilidad es un elemento esencial en la integración socioeconómica, y que su ausencia condiciona el derecho de las personas con discapacidad a la movilidad urbana en la igualdad de condiciones».
«Las barreras presentes obstaculizan la participación social en mayor medida que las propias limitaciones funcionales. Por ello, la puesta en funcionamiento de vehículos adaptados, con un ‘diseño para todos’, constituye un factor indispensable para alcanzar esa igualdad» , recuerda.
Constata también el «proceso de renovación de la mayor parte de la flota de vehículos para su sustitución por autobuses en los que la accesibilidad será parte fundamental de sus características técnicas y de equipamiento». «Es el momento, pues, de que se proceda a la incorporación de unos nuevos vehículos cuyas características técnicas y dimensiones permitan la reserva de dos espacios para personas usuarias de silla de ruedas», remacha.