El albergue de Valladolid acoge a 690 personas sin hogar al año tras convertirse en centro de atención 24 horas

En marzo de 2020, la petición de quedarse en casa durante quince días –un plazo que se fue alargando para controlar la propagación del Covid– despertó muchos sentimientos entre la población. Miedo, agobio, enfado... La orden del Gobierno era estar encerrados entre cuatro paredes pero, ¿y la gente que ni siquiera las tenía? ¿Qué pasaba con aquellas personas sin hogar? La respuesta del Ayuntamiento fue trasladar el albergue , donde hasta ese momento se ofrecía pernocta y desayuno en unas dependencias ubicadas en la avenida del Hospital Militar, a un antiguo centro de respiro familiar de la Rondilla que recientemente había cerrado sus puertas, para tener sitio donde ofrecer servicios a los usuarios durante las 24 horas del día. La fórmula parece que funcionó y, superada la pandemia, no sólo se mantiene, sino que sumará nuevas prestaciones. 

Desde hace tres años la ampliación de camas y de espacios para acoger a ciudadanos sin vivienda ha permitido atender a un promedio de 690 personas al año y, hasta mediados de este mes de diciembre de 2023, se han contabilizado 629, según datos facilitados por el área de Servicios Sociales del Consistorio. «Antes teníamos 56 plazas y había periodos en los que no estaba ocupado al completo pero ahora es rara la época en la que no esté lleno , aunque sea verano, cuando históricamente había menos ocupación», explicó el director del servicio de Intervención Social, Angelberto González , en referencia al cambio de modelo por uno de atención continuada, y al aumento de plazas.

En total, ahora hay 62 camas de uso habitual , si bien en momentos de emergencia climática (cuando la temperatura baja de los cero grados) se permite el acceso a otras 25 personas para que no duerman en la calle y, en caso de olas de calor, se facilita refugio diurno en salas habilitadas en el centro.

El objetivo desde aquella declaración del estado de alarma, convertida en punto de inflexión para este recurso de alojamiento transitorio, no es sólo proporcionar colchón, aseo y un café caliente en un determinado horario, sino ofrecer a las personas sin hogar un entorno donde realizar actividades por la mañana y por la tarde . Esto facilita trabajar con ellos, tramitarles recursos sociales que los usuarios antes no contemplaban y motivarles para que, por ejemplo, vuelvan al mercado laboral. 

No con todos se consigue pero, gracias a la conversión del antiguo albergue en un centro de atención 24 horas, ahora sí se puede trabajar en el proyecto de autonomía con personas que consideran «recuperables». Algunos, explica González, son individuos que se han quedado en la calle por «palos que le ha dado la vida», pero pueden volver a salir a flote si reciben la ayuda necesaria . Y es precisamente a ellos a quienes se les suele autorizar una ampliación de estancia, más allá de los 90 días estipulados como límite. Siempre a criterio de los profesionales, cuando lo consideran oportuno. 

También hay quienes llegan al albergue hasta que acceden a una plaza en una residencia asistida porque, tal vez, sufren trastornos mentales después de un historial de drogadicción. O grupos de jóvenes inmigrantes que se mueven por España en busca de trabajos de temporada. Las casuísticas son tan variadas que no permiten dibujar un perfil. Hay muchos ‘quizás’. Las estadísticas únicamente advierten que e l 75% de los usuarios son hombres y que el 60% de las personas son extracomunitarias . 

En todos los casos llegan al albergue derivados desde los servicios sociales. También aquellos que han convertido la calle en su forma de vida y que pasan por las instalaciones de cobijo de manera cíclica, aprovechando la estancia máxima de tres meses al año para después volver a residir a la intemperie. 

«Lamentablemente hay situaciones cronificadas en las que el trabajo individual da pocos frutos porque son casos de difícil solución» , explica el director de Intervención Social sobre este colectivo que «ha tirado la toalla», «no tiene confianza en sí mismo» y se ha «acomodado a esta vida» porque el cambio les supone un mayor esfuerzo.

En cualquiera de estos escenarios, la entrada al albergue depende de la valoración que los trabajadores sociales realizan a partir de entrevistas . En ocasiones consideran que hay personas que no están en condiciones de convivir con los demás en el centro y no pueden estar en él, como ha ocurrido este año con 59 casos . 

Tampoco pueden entrar menores , por lo que, si llaman a la puerta familias con niños, el Ayuntamiento tiene que buscar otros recursos. Esta circunstancia hace referencia sobre todo a refugiados que han agotado el tiempo de estancia en la institución que les atendía y, hasta que se resuelve su expediente, quedan en vía muerta. Para estos casos, y para aquellos que consideran de atención urgente pero el albergue está completo, los servicios municipales contactan con pensiones u hostales con los que tienen convenio. Si en el año 2022 recurrieron a esta alternativa para ayudar a 72 familias, y un total de 251 personas, en 2023 se ha dado alojamiento a 91 familias, con un total de 267 personas.

Gracias a esta posibilidad, no existen en Valladolid grandes listas de espera en busca de cobijo como puede estar ocurriendo en otras ciudades, aclara Angelberto González, aunque sí ha habido etapas con «cinco o seis» personas esperando turno para entrar. «La oferta de plazas está acorde con la demanda y, aunque hay más momentos que antes de lista de espera, no suele ser excesiva». El porqué de este aumento, insiste el director del servicio de Intervención Social, responde a que ahora el centro es más grande y permite la estancia durante 24 horas , mientras que antes era sólo para pernocta. 

El incremento de plazas y de espacio no son las únicas novedades que se han introducido desde que están en las nuevas dependencias, ubicadas en el paseo de Extremadura de la capital vallisoletana, en un edificio de 1.682 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y una entreplanta . Ni son las únicas mejoras que se contemplan, dentro del nuevo expediente que el Ayuntamiento tiene en fase de contratación. 

El presupuesto base de licitación roza los 2,5 millones de euros y abarca tres años de gestión del servicio a partir de abril del próximo año. 

Los principales cambios se centran en aumentar las «actividades de impacto positivo en el entorno» y, si hasta ahora se estaban desarrollando dos, a partir de 2024 se pretende llegar a las cuatro. Se trata de impulsar iniciativas abiertas a la ciudadanía que favorezcan la integración de las personas sin hogar, como proyectos de actuación ambiental en La Victoria, Fuente el Sol o la Cuesta de la Maruquesa. 

El pliego también contempla la mejora de dispositivos tecnológicos , tanto para los trabajadores del albergue como para que los usuarios puedan utilizarlos en la realización de talleres, y normaliza la disposición de recursos que los actuales gestores, Fundación Intras, han introducido aunque no fuera obligatorio, porque se ha comprobado que tienen un impacto positivo. Es el caso de las bicicletas y bonobuses.

Así, con el objetivo de facilitar los desplazamientos a las personas alojadas en el albergue, por ejemplo para ir al médico, acudir a una formación o a un puesto de trabajo, la empresa que resulte adjudicataria deberá proporcionar al menos dos bicicletas de paseo y, como mínimo, tarjetas para el uso del bus urbano cargadas con 200 euros .

También se tendrá en cuenta, dentro del capítulo de mejoras evaluables, que impulsen campañas de voluntariado como apoyo a la dinámica del centro y que pongan en marcha un servicio de peluquería y podología. En el primer caso, centrado en acciones básicas de corte y acondicionamiento para mejorar su imagen o por cuestiones de higiene y, en el segundo caso, para mejorar la salud de sus pies, puesto que se trata de población que pasa largas temporadas en la calle, con calzado en malas condiciones, según justifica la memoria. 

Servicios complementarios, en todo caso, que se suman a los de alimentación, limpieza, material de aseo personal, ropa de cama y el resto de gastos de mantenimiento para que las personas indomiciliadas tengan un lugar temporal donde residir.