Diario de Valladolid

INVESTIDURA PEDRO SÁNCHEZ

Jueces, fiscales y abogados salen a la calle en Valladolid contra el 'lawfare'

El manifiesto, leído durante la concentración por el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Carranza, denuncia el nuevo acuerdo entre PSOE y Junts que supone la "fiscalización de los jueces"

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Íñigo Arrúe
Valladolid

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Más de 200 jueces, fiscales, letrados de Justicia, abogados, procuradores y forenses de Valladolid (y más de medio centenar en León) protestaron ayer por la mañana contra el pacto entre PSOE y Junts que dio luz verde a la amnistía a los golpistas catalanes del procés y al prófugo Puigdemont, un acuerdo que consideran directamente un ataque a la separación de poderes y la independencia judicial . Especialmente inaceptable, a juicio de los ayer concentrados, es la aceptación del Gobierno Sánchez de que existió ‘lawfare’, esto es,  una politización activa de la Justicia para perseguir a los cabecillas independentistas catalanes del 1-0. 

La asistencia a la concentración a la una de la tarde en la entrada al Palacio de Justicia de Valladolid, no solo fue contundente por la asistencia. También por las caras visibles de la protesta, ya que estaban, enfundados en togas, los máximos responsables de los cuerpos profesionales de la provincia , como el presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza; la fiscal jefe, Soledad Martín; el decano de los abogados, Javier Martín, o la directora del Instituto de Medicina Legal y Forense, Victoria García Santos, entre otros. 

La asistencia a la protesta fue mayoritaria, por tanto, ya que los cuerpos de jueces/magistrados suman 75 profesionales en Valladolid; el de los fiscales, 26, y los letrados de la administración de Justicia (LAJs) alcanzan los 52. A ello hay que añadir que no todos los que hubiesen querido asistir tenían plena opción para hacerlo, por obligaciones profesionales. 

«Compañeros secretarios judiciales y jueces tenían a esa hora señalamientos y diligencias», recalcaron fuentes de los LAJ consultadas por este diario, que agregaron que en Angustias estuvieron presentes, pese a todo, casi el 50% de los secretarios judiciales, con más de 20 letrados . Conviene recordar que en este estamento judicial hasta la Unión Progresista de los letrados de Justicia (UPSJ) ha expresado su rechazo al contenido del pacto entre PSOE y Junts, especialmente la acusación de ‘lawfare’ en la actuación judicial en el ‘procés’.  El presidente de la Audiencia de Valladolid leyó un manifiesto  en el que calificó de «gravísima» la denominada ‘lawfare’ que recoge el pacto, ya que supone una judicialización «espuria» de la política y la fiscalización, por parte de comisiones parlamentarias, de la actuación de los jueces. 

«Enérgico rechazo»

En este sentido, expresó su «más enérgico rechazo» a  toda «injerencia y fiscalización» por parte del poder ejecutivo o legislativo a la actuación de los jueces. Carranza insistió que los togados «son independientes y actúan sometidos, únicamente, al imperio de la Ley, como garantía última de los derechos de los ciudadanos libres e iguales ante la ley». Y quiso dejar claro que este paso adelante para hacerse oír lo han dado antes presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, incluido el de Castilla y León, jueces decanos, todas las asociaciones judiciales y de fiscales, colegios de abogados y asociaciones de todo orden. 

Preguntado por los periodistas sobre si el manifestarse y además con toga estaba en el papel de los jueces, porque se podría entender como incumplir con el principio de neutralidad, el juez Carranza contestó:  «Cumplimos con lo que nos corresponde y, con absoluta neutralidad política y sin partidismo de ningún tipo, rechazamos cualquier amenaza para independencia judicial», afirmó.

Y fue aún más explícito: «No vamos contra ningún partido político, vamos contra un acuerdo que pone en peligro la independencia judicial , al tiempo que explicó porqué ese enfundaron en el vestuario de trabajo:  «Nos manifestamos con las togas al ser representantes de un poder del Estado que pretende proteger los derechos de los ciudadanos ante actuaciones personales o de otros poderes del Estado». «Sin separación de poderes absoluta no estaríamos ante un Estado de derecho», advirtió.

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