El Defensor del Pueblo cuestiona la discriminación por minusvalía de las polizas tras una denuncia en Valladolid

«El derecho de las aseguradoras a obtener un beneficio económico no puede estar por encima de los derechos humanos ». Es la consigna que Cristina, una mujer de Valladolid con un grado de discapacidad por enfermedad mental, se ha propuesto defender a capa y espada después de recibir un trato discriminatorio al intentar contratar un seguro de vida. Promete dar la batalla en los tribunales «hasta el final». De momento, su caso ha activado la alerta del Defensor del Pueblo, quien a raíz de su queja ha exigido al Ministerio de Asuntos Económicos iniciativas para combatir la discriminación en la contratación de estas pólizas.

Su historia de «injusticia», cuenta, comenzó el año pasado cuando quiso contratar un seguro de vida asociado a un préstamo hipotecario con ING. La póliza le iba a permitir, además de asegurar la deuda, rebajar la letra en unos 60 euros mensuales al tratarse de un producto bonificado. Para suscribirlo, debía rellenar el correspondiente cuestionario de salud, donde en un momento se le preguntaba si tiene una minusvalía superior al 33% . Al responder que sí, porque es su caso, se acabó el cuestionario. 

Aun siendo las aseguradoras entidades privadas que se rigen por la libertad de mercado y que, por tanto, «pueden elegir libremente los riesgos que desean asumir», el Defensor del Pueblo pone en cuestión «si es admisible una exclusión genérica vinculada al grado de discapacidad» en la contratación de la póliza. Así lo manifiesta en su último informe anual a raíz de la queja de esta mujer, de 42 años, residente en la provincia de Valladolid.

En su memoria, y tras repasar la normativa vigente en España, Ángel Gabilondo propone «examinar el asunto en una perspectiva más amplia» , en especial tras la reciente aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que en su artículo 25 contempla la necesidad de «aplicar métodos e instrumentos suficientes para la detección, prevención y cesación de medidas discriminatorias».

La propia reclamante coincide en que «la redacción de las leyes es mera literatura si éstas no van acompañadas de medidas reales para su cumplimiento». Muy en particular, apostilla Cristina, cuando se trata de los derechos de personas con distintas capacidades. Y, más en particular aún, cuando hablamos de enfermedad mental, un ámbito rodeado de «desconocimiento, miedos y tabúes». 

Su batalla contra las compañías de seguros tiene un esperanzador antecedente en otro colectivo, los enfermos de cáncer, que este verano han conseguido sacar adelante en España ‘el derecho al olvido oncológico’ para acabar con la discriminación a la hora de contratar un seguro de vida o solicitar un préstamo. Hasta ahora eran directamente descartados al presuponerles de forma genérica un mayor riesgo de fallecimiento, sin calibrar las razones específicas de cada caso. Cristina celebra esa importante conquista pero lamenta «que haya enfermedades de primera y de segunda».

Porque esa misma discriminación es la que ella ha sufrido por padecer un trastorno mental que no entraña ningún peligro para su vida. «Soy una persona con discapacidad y con enfermedad mental, pero eso no significa que tenga mayor riesgo de fallecimiento» , defiende. Habla directa, sin tabúes, para explicar que, si acaso, algunas enfermedades mentales pueden estar asociadas a un mayor riesgo de suicidio, pero todas las pólizas excluyen de sus coberturas el fallecimiento por esa causa. 

El día que firmó las escrituras hizo constar ante notario la negativa de INGa contratar el seguro de vida a través la Nationale Nederlanden, que es la compañía asociada al banco. La entidad financiera, que hasta ese momento había desatendido sus quejas, decidió finalmente aplicarle la bonificación para que se beneficiase de la rebaja en la cuota pese a no haber podido contratar el seguro con esa compañía. Más por pragmatismo, piensa Cristina, que por convencimiento, para evitarse futuras reclamaciones dado que no es la primera clienta que formula una reclamación por el mismo asunto . 

De momento, el caso está esperando la respuesta de la Dirección General de Seguros, que es el trámite previo a la presentación de acciones judiciales. La abogada que lleva su caso, la vallisoletana Eva Carrasco, defiende que «no se puede apartar de manera genérica a una persona por el mero hecho de declarar un 33% de discapacidad, sin entrar en cada caso particular y evaluar los efectos reales en la salud». 

Es cierto, apostilla la letrada, que en la contratación de un seguro «prima la voluntad de las partes» y «nadie está obligado a contratarlo si no quiere», pero «la línea es muy fina» y puede volcar hacia el lado de la discriminación. En sus alegaciones, la compañía dice que «el motivo del rechazo no es la minusvalía, sino las patologías y trastornos declarados», pero esa afirmación «es la pescadilla que se muerde la cola, porque no tendría una minusvalía si no fuera por ese padecimiento».

El solo hecho de tener una minusvalía, «sin investigar en qué consiste y si eso te expone a un mayor riesgo», no puede ser razón para denegar una póliza, resume Carrasco. «Y por el sistema de contratación de Nationale Nedernalden, vemos que el primer rechazo se recibe en el mismo momento en el que se declara ese grado de discapacidad », cuenta. Toda la información aportada a posteriori responde a la «proactividad» de la clienta para suscribir el seguro (incluido un informe psiquiátrico actualizado donde queda constancia de que las patologías indicadas están estabilizadas y no asociadas a procesos de hospitalización en los últimos años), no a un esfuerzo de la compañía por conocer los detalles de su salud y poder evaluar hipotéticos riesgos.

Aunque al final consiguió la bonificación y el rechazo no le ha supuesto un perjuicio económico, aún así decidió emprender esta batalla, por su propia dignidad y «para poner voz a otras personas que no pueden defenderse». 

En estos meses, las respuestas que ha recibido no han hecho sino alimentar su determinación. «Por ejemplo, tener que leer que mis patologías siguen activas y que es la razón por la cual no me pueden asegurar;eso es un desconocimiento absoluto de la enfermedad mental» , relata al apuntar a un complejo universo de casos dispares. «La gente puede conocer qué es una depresión o la ansiedad, pero existen muchos otros casos, como trastornos de personalidad que son permanentes, que no entrañan riesgos y que no van a dejar de estar ‘activos’ », cuenta. 

Ha recibido el apoyo de asociaciones como Oadis o el Cermi, que le animan en su «valiente y muy necesario proceso», pero reconoce que echa en falta mayor implicación por parte de algunas entidades para defender una situación recurrente que incluso las propias asociaciones «aceptan con resignación», cuenta. 

«Las aseguradoras incumplen la ley con impunidad:se enfrentan a la discapacidad como un riesgo no asegurable» , añade  esta ‘David’ consciente de que su honda lanza piedras contra un Goliat bien pertrechado de equipos legales. «Cuando los derechos de las empresas juegan por encima de los de las personas es injusto y hay que pelearlo». 

Las piedras lanzadas están, de momento, sobre los dos tejados de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Por un lado, este área del Ministerio de Asuntos Económicos debe pronunciarse sobre su reclamación,  como es preceptivo antes de acudir a la vía judicial.

En segundo lugar, porque el Defensor del Pueblo, a raíz de su queja, preguntó a ese departamento del Gobierno central por las iniciativas que «tiene previsto adoptar para dar cumplimiento a esa obligación legal» y «medir la proporcionalidad y razonabilidad de la denegación de las contrataciones a personas con discapacidad».

En una primera réplica, la Dirección de Seguros explica que «si algún tipo de patología, dolencia o enfermedad, asociada a algún tipo de discapacidad fuera susceptible de suponer un mayor riesgo de fallecimiento [...] y estos extremos quedasen contemplados en la base técnica, podría considerarse que hay razones justificadas, proporcionadas y razonables, para no asumir la contratación». Pero también que la ley Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro regula la no discriminación por razón de discapacidad, y establece que «no se podrá discriminar a las personas con discapacidad en la contratación de seguros». «En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de discapacidad, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente». 

«No hay gobierno que frene la discriminación de la discapacidad por mucha ley de inclusión plena que promulgue si las aseguradoras siguen mirando al mercado con los ojos cerrados y las manos llenas», concluye Cristina, cuya denuncia busca combatir  los clichés enraizados en la sociedad y normalizar lo que es normal. «La enfermedad mental es una condición de vida;lo difícil no es que lo aceptes tú sino que lo acepten los demás», reflexiona mientras señala el mensaje publicitario de la aseguradora:desde su oficina de Valladolid prometen ser ‘tan sociales como tú’.