La oficina de la Junta reconoce que «no puede hacer gran cosa» contra los okupas de Arroyo

Los okupas campan a sus anchas ante la pasividad de las recién creadas oficinas antiocupación de la Junta de Castilla y León . Los propietarios de la comunidad de vecinos de Arroyovereda c ritican la mala convivencia y las dificultades que se viven en el día a día dentro de las zonas comunes con los okupas que hay en la urbanización, pero desde la oficina vallisoletana argumentan que  «no puede hacer gran cosa» porque el propietario de las viviendas es la Sareb, no un particular y es el dueño de la vivienda quien debe denunciar la situación. Este hecho deja en una complicada situación a los propietarios e inquilinos de estos edificios que se encuentran prácticamente indefensos ante los numerosos okupas. Desde la oficina antiocupación de la Junta en la provincia de Valladolid se apunta directamente a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ya que son los dueños de los domicilios en los que ha entrado a vivir gente de forma ilegal: «La solución es que actúe el Sareb» . Es decir, reconoce que no puede hacer nada ante la ocupación masiva que sufren los vecinos de Arroyo.  Además desconocen si la Sociedad ha tomado medidas al respecto: «No somos conscientes de si Sareb ha presentado una demanda o una denuncia». 

Por todo ello, desde la propia oficina califican a los vecinos de estas viviendas de Arroyo de la Encomienda como «afectados» por esta situación, no quienes deben actuar para resolverlo. «Los vecinos no pueden hacer gran cosa más que denunciar problemas en la convivencia» , explican y reiteran que la solución es que el Sareb tome cartas en el asunto y que se ha informado a los vecinos de qué pueden hacer. Unos hechos que dejan a los vecinos indefensos ante el ejército de ‘okupas’ que se han instalado en su urbanización y que según afirmó la propia sociedad a este diario, la cifra de pisos okupados alcanza los 80 .

La sucursal antiocupación de Valladolid coloca el problema en el tejado de la Sareb, pero esta ya se pronunció cuando el conflicto saltó a los medios de comunicación y en mayo sostuvo que tardarían 10 meses en desalojar a los okupas. Este servicio apenas es demandado por los vecinos que se encuentran en este tipo de situaciones , según enuncian desde la propia oficina vallisoletana. Los datos de consultas, tanto telefónicas como presenciales, son bajos en toda Castilla y León desde que entraron en funcionamiento el 19 de junio. En concreto, la de Valladolid,  a fecha del 3 de julio,  recibió 10 llamadas y ninguna consulta presencial. Entre esa decena de consultas se incluyen las de los vecinos de la urbanización de Arroyovereda. Además, la propia oficina reconoce que la mayoría de «las llamadas son de terceros», alertando que un piso de su comunidad o urbanización han sido ocupados y pocas consultas son «para pedir ayuda porque han ocupado una casa de la propiedad de quien llama». 

Pese a las llamadas de estos propietarios, desde las oficinas escasas soluciones les pueden dar ya que, según apuntan ellos mismos, depende de las «actuaciones del Sareb» . Entonces, ¿para qué sirven estas oficinas? Si no pueden solucionar el problema de estas personas que conviven día a día con los okupas, ¿qué uso tienen? Este caso de ocupación en Arroyo de la Encomienda es el más grave no solo de Valladolid, sino de toda Castilla y León, ya que una comunidad de vecinos se ve asediada por un ejército de okupas que se meten a vivir en 80 pisos y no tienen respuesta para ellos. La medida puesta en marcha por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio liderada por Juan Carlos-Suárez Quiñones se ve escasa y limitada ante esta invasión. Tenían el objetivo de subsanar estas situaciones o incluso, como reconoció el Ejecutivo autonómico la semana anterior, por boca de su portavoz, «disuadir de cometer el delito» ya que perseguían un doble objetivo:«ayudar» y «evitar la okupación» . Este caso cuestiona sus resultados puesto que ni siquiera puede actuar porque sostienen desde este departamento de reciente creación que «es necesario que denuncia el propietario» y el propietario de estos pisos es el Sareb. 

De hecho, las llamadas recibidas por el resto de oficinas en las provincias no superan las de Valladolid. Las consultas totales llegan a 34, siete de ellas presenciales y con provincias como Ávila, Salamanca o Soria sin ningún tipo de consulta en la propia oficina o por teléfono. Zamora es la provincia, junto a Valladolid, que más consultas ha recibido con un total de 10 (siete llamadas y tres presenciales). En León y en Palencia recibieron cuatro llamadas cada una, en Burgos  tan solo se recibió una llamada, aunque hubo cuatro consultas presenciales. Mientras que en Segovia tan solo se ha recibido una llamada desde el 19 de junio hasta el tres de julio. Un servicio que no ha recogido el uso esperado por los castellanos y leoneses que se ven en este tipo de situaciones. 

Quejas vecinales

La oficina antiocupación de la Junta de Castilla y León en poco o nada cambia la convivencia y el día a día de estos vecinos de Arroyo con los okupas que denuncian los problemas en la convivencia, especialmente en los portales con número par, donde se concentran la mayoría de ellos, aquellos que se encuentran en la esquina entre las calles Narciso Monturiol y Arturo Duperier. «Son poco cívicos», lamentan desde el vecindario . Critican sus actitudes y sus comportamientos que, en ocasiones, dificultan el día a día de los propietarios e inquilinos. Señalan que sus actuaciones están lejanas de una convivencia «cómoda» con el resto de vecinos, incluso afirman que han llegado a verles «trapicheando» .

Lamentan «la suciedad acumulada» que hay en la zona donde se concentran estos ‘inquilinos’ así como un «mayor deterioro» que en el resto de zonas de la urbanización. En la misma línea critican que «hacen obras» en las viviendas y «les da igual si golpean los ascensores o cualquier otra parte del edificio». También denuncian rayones en ascensores y desperfectos en zonas comunes de algunos edificios.    

Los problemas de convivencia no se quedan solamente ahí. La comunidad de propietarios decidió en Junta cerrar la piscina y la pista de pádel este verano. Una decisión que los vecinos acatan a excepción de algunos ‘okupas’. «Se ha puesto un candado, una cadena y un cártel en la piscina, pero se siguen bañando, incluso con ropa» , detallan. De hecho, apuntan que quienes utilizan la piscina, pese a estar prohibida «son menores de edad». Para ello, saltan la valla, con el peligro que eso conlleva para su integridad física. Pero el riesgo no se queda solo ahí, el agua no es apta para el baño, ya que no se debería utilizar, y tampoco hay escaleras para acceder a la piscina. La Comunidad exime de «toda responsabilidad legal» si hubiera algún problema en el recinto y además aseguran que han informado «pública y puntualmente» de que el acceso a estas zonas no está permitido.  

Las quejas vecinales también se centran en «conflictos en el garaje» porque «ocupan plazas que no son las suyas». Otras patas de la convivencia que se ven afectadas es el sueño. Vecinos apuntan que «viven en una franja horario distinta a la del resto» y con la llegada del buen tiempo «salen a la terraza y hablan por la noche» dificultando el descanso  de los domicilios próximos.

Esta situación no se queda solo dentro del edificio, la llegada de estos okupas también se nota fuera de las paredes de la urbanización. En las proximidades del edificio hay un parque que «está más sucio desde su llegada». A mayores, critican que «no tiran la basura en el contenedor» y la dejan «fuera», con las molestias que ello conlleva: «Algunos de los inquilinos okupas arrojan a diario basuras por sus ventanas a patios colindantes o bien a cualquiera de las tres vías públicas anexas que incrementa el riesgo de salubridad del entorno y de dicha zona urbana del municipio que se está viendo afectada mediante el aumento exponencial de roedores e insectos», aseguran. De hecho, según han manifestado los propietarios a través de un comunicado, han llegado a recibir «insultos y amenazas en distintos momentos por personas que no residen legalmente en los inmuebles propiedad del Sareb».