La familia Morchón y 21 empleados de El Salvador, al banquillo por el ‘cambiazo’ de 6.000 ataúdes en Valladolid

Cuatro años casi justos después de que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) entrase en tromba en las instalaciones del tanatorio El Salvador alertada por un presunto cambiazo de 6.000 ataúdes de alta gama por otros de material desechable en las incineraciones que realizó el grupo funerario de la familia Morchón entre 1995 y 2015, la juez que investiga el caso ha dictado auto de transformación de procedimiento abreviado por este escándalo que se bautizó policialmente como ‘Operación Ignis’.

Serán cuatro los miembros directos de la familia de Ignacio Morchón Alonso, el fundador del emporio, y que falleció a los 77 años el pasado 15 de octubre , los que se sienten en el banquillo de la Audiencia de Valladolid. Con la viuda y los tres hijos, otros 21 trabajadores del grupo que engloba la Funeraria Castellana , el Tanatorio El Salvador de la carretera del Cementerio y el cementerio jardín Parque El Salvador de La Cistérniga, también pasarán por la sala de vistas. Y la relativa sorpresa es que también abre juicio contra Justo Martín Garrido, el extrabajador (y encargado de las incineraciones) que denunció los cambiazos sistemáticos tras las bambalinas del tanatorio y el cementerio en las cremaciones, en territorios prohibidos para las familias.

Todo este material fue incautado por el CNP en un registro en el domicilio a Justo Martín Garrido, quien, despechado porque los Morchón no colocaban en la empresa a su hijo cuando Justo se iba a jubilar, les amenazó con revelar “todo lo que sabía sobre los cambiazos” y había documentado durante veinte años en anotaciones en agendas o dietarios, además de fotografías de cadáveres en ataúdes low cost.

Cambiazo sí, cambiazo no

En las 26 libretas que se inician en el año 1995 (libreta nº 1) y terminan en febrero de 2015 (Libreta 26) figuraban anotados por Justo Martín y ordenados cronológicamente (día, mes y año) datos de filiación de personas supuestamente fallecidas, con indicación de la fecha y el lugar de óbito y en la mayoría de los casos también figura la filiación del familiar que solicitó la incineración, la relación de éste con el fallecido, número de DNI, así como su teléfono de contacto y domicilio. En el lateral de cada una de las anotaciones figuraba un apunte con la indicación (C.SI) o (C.NO). Es decir: cambiazo sí, cambiazo no , tal y como publicó EL MUNDO DE VALLADOLID el 14 de febrero de 2019, dos semanas después de que estallase el escándalo.

El volumen de la documentación recabada por el extrabajador es abrumador. El auto del Juzgado de Instrucción 6 que dirige la magistrada Teresa Javato, recoge que existen en total 5.308 anotaciones en las libretas en las que figura la indicación C.SI. Y 1.389 anotaciones con la indicación C.No, figurando en algunas de ellas el motivo por el que no se realizó dicho cambio del féretro.

Otras anotaciones manuscritas indican quienes eran los responsables de los cambios de féretro y si se había producido la apropiación de las flores o coronas mortuorias. En cuanto a las coronas mortuorias, centros y ramos de flores, existe un total de 893 anotaciones de sustracciones en las libretas.

El apartado de antecedentes de hecho del auto judicial explica cuál era la dinámica de supuesto fraude en las instalaciones de los Morchón. Así recoge que la práctica de los cambiazos era ordenada inicialmente por Ignacio Morchón Alonso y se mantuvo después de la jubilación del mismo en el año 2010 y era llevada a cabo por los trabajadores que intervenían en las incineraciones en el Cementerio de Santovenia, ayudados por otros trabajadores como conductores o mecánicos.

“ En dicha práctica de sustitución del féretro, el trabajador encargado de la incineración en el Cementerio de Santovenia , era ayudado por otros trabajadores, normalmente los conductores que habían llevado a cabo el traslado del féretro desde el Tanatorio el Salvador hasta el Cementerio de Santovenia. No siendo posible efectuar los cambios habituales y continuados de féretros por una sola persona, por razones meramente físicas. Teniendo en cuenta que la manipulación de un cadáver no es una tarea sencilla, hay que extraerlo de su caja original, moverlo a la nueva caja de restos o tapa de féretro e introducirlo en el horno crematorio”, relata la juez.

“Aunque se cuente con la asistencia de carretillas elevadoras para facilitar la introducción en el horno crematorio, para la extracción del cadáver de la caja original y la nueva colocación, es necesario al menos la participación de dos personas. También se necesitaba la intervención de otros trabajadores para volver a trasladar de nuevo el féretro que se iba a reutilizar, desde el Cementerio de Santovenia al Tanatorio El Salvador. Siendo denominados dichos ataúdes entre el personal de la empresa como ataúdes 'de reciclaje' (declaración de una antigua empleada)", agrega el auto judicial.