La inspección del Ayuntamiento de Valladolid destapa un fraude de 900.000 euros por tributos impagados

El Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento levantó en   los nueve meses transcurridos de este año 321 actas por tributos escabullidos a las arcas municipales que suman 907.567 euros. Es un dinero que no se ingresó  por parte de los contribuyentes y que ahora se destapa tras la campaña de inspección  que lleva a cabo todos los años el consistorio en busca de quienes evaden sus responsabilidades con el fisco local.

Dos tributos, el Impuesto de Actividades Económicas, el IAE, y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, el ICIO,  centran  la investigación de la Inspección Tributaria municipal y son los que acaparan el  93% de la cantidad recaudada para las arcas del Ayuntamiento: 848.000 euros.

En el caso del IAE, el de mayor morosidad,  con 434.484 euros, el trabajo tiene por objeto comprobar que la actividad por la que se tributa se corresponde con la que se presta y que el titular del negocio paga  por la superficie real que tiene el establecimiento y por la potencia energética instalada, elementos que sirven para fijar la cuantía a ingresar.  

La inspección se realiza en  centros comerciales, grandes superficies , tras detectarse que en algunos casos no están actualizados los metros cuadrados por los que se paga, pero también en hoteles, distribuidoras y empresas con naves de dimensiones importantes para verificar que se tributa por las dimensiones reales del inmueble. 

La investigación requiere de un trabajo complejo de medición de los locales, tanto de la superficie total como del reparto por actividades, ya sea de almacén,  aparcamiento y depósitos exteriores. Los datos se cotejan luego con los planos aportados por las empresas y los extraídos del catastro.

Para determinar los epígrafes por los que debe tributar la empresa  se toman fotografías, con el fin de determinar la actividad o actividades a las que se dedica, y se contrastan con las que figuran en la página web de la titular del negocio.

Junto la IAE, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el ICIO, está también bajo la lupa de la inspección y es€el segundo por la cuantía de las irregularidades detectadas, con 59 actas levantadas hasta septiembre que suman 414.318 euros . En este caso, el objetivo de la investigación se centra en comprobar que la base imponible del impuesto se corresponde con el coste real efectivo de la construcción, instalación u obra realizadas, con el fin de conseguir la correcta liquidación. 

Aunque no todos los años se inspeccionan todos los tributos locales  uno fijo en las campañas es el vados, en este caso para detecta entradas de vehículos que no pagan la correspondiente tasa. Aquí la investigación va por barrios y se centra cada ejercicio en una zona. En lo que va de año son 76 las actas levantadas, por un importe de 22.866 euros.

Una cantidad superior, 32.446 euros, se recaudó por impago de la tasa que se abona por ocupación con vallas y andamios, a los que hay que añadir otros 7.641 euros por la revisión del impuesto de vehículos, con 15 actas.

Una de las actuaciones de la inspección en el caso de impuesto de vehículos se centra en detectar a usuarios que se aprovechan, de forma indebida,  de la exención por minusvalía tras fallecer el beneficiario titular. 

A falta de tres meses para que termine el año, todo apunta a que la cuantía de las irregularidades detectadas por la inspección estará en 2022 por debajo de los 1,4 millones de 2021, una cantidad en la línea de los 1,3 millones de 2019. 

La excepción fue el 2020, un año atípico en el que los procedimientos de inspección estuvieron suspendidos durante cuatro meses, desde marzo hasta junio, debido al covid, y en el que la liquidación  bajos a 548.519 euros.

Uno de los tributos que era fijo casi todos los años en la lista de la inspección era el impuesto del incremento del valor de los terrenos, el de plusvalías, que grava la transmisión de inmuebles o de terrenos a un tercero, bien sea por herencia o por venta, y se autoliquida por parte del beneficiario.   

Todavía en 2021, e l Ayuntamiento levantó un centenar de actas por irregularidades en la liquidación que ascendieron a 95.000 euros , pero en noviembre de ese mismo año el Tribunal Constitucional declaró la nulidad   del sistema de cálculo del impuestos, con lo que dejó de cobrarse, al menos hasta que se establezca una nueva fórmula para establecer la cuantía. Como consecuencia del fallo del Constitucional, el Ayuntamiento ha tenido que devolver tres millones de euros cobrados por este impuesto.