El juzgado anula los carriles de bus y bici del plan de movilidad de Puente en Valladolid

Golpe judicial a la estrategia de movilidad que impulsa el Ayuntamiento de Valladolid, con el alcalde a la cabeza, Óscar Puente, contestada por la oposición municipal y no exenta de polémica entre los usuarios. En una sentencia conocida ayer, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 anula el decreto del  equipo de gobierno de junio de 2020 que permitió la implantación de los carriles exclusivos para autobuses y taxis en el centro, en un recorrido que empieza en el puente del Poniente y discurre a lo largo de una veintena de calles de la almendra central de la ciudad. 

Además de los carriles para taxi y bus, el decreto recogía un paquete de medidas que incluía la creación de dos carriles bicis segregados, uno en el Paseo de Isabel la Católica, y otro en la Avenida de Gijón, ambos ya en funcionamiento, y la supresión de la circulación de vehículos por las calles Cánovas del Castillo y Fray Luis de León, en el tramo que llega hasta López Gómez.

El Grupo Municipal Popular, que se mostró en contra de las medidas y acusó al alcalde y a su equipo de gobierno de crear  un «caos» circulatorio en la ciudad, recurrió el decreto, que ahora el juzgado anula por infringir la Ley de Tráfico.

El PP alegó, entre los motivos de impugnación, la vulneración de la Ley de Tráfico al recoger esta norma que la regulación de los usos de las vías públicas ha de hacerse mediante ordenanza y no, como es el caso, con un decreto, argumentación que la titular del juzgado, la magistrada Lourdes Prado, hace suya y anula la aprobación, además de imponer las costas al Ayuntamiento, por un importe máximo de 500 euros. El PP añadía que la ordenanza, al someterse a la aprobación del pleno, tiene «mayores garantías de publicidad y audiencia a los administrados» frente a la «decisión unipersonal» del decreto.

 Al contrario de lo que defendió el Ayuntamiento,  la juez rechaza que las medidas aprobadas puedan considerarse como «actuaciones aisladas» en el ejercicio del Plan Integral de Movilidad Urbana, el Pimuva. En su lugar, la magistrada señala que los cambios  en la movilidad implantados suponen «una afectación general a la regulación y ordenación del tráfico urbano en la ciudad».

En otro pasaje de la sentencia abunda en la misma idea y manifiesta que, «en atención a la afectación» de la ordenación del tráfico que implican los cambios aplicados por el Ayuntamiento se exige que su regulación se realice mediante  una ordenanza. Por si quedaran dudas, apostilla que el Pimuva «carece de valor normativo» y tampoco en el Plan General de Ordenación Urbana, elPGOU, contiene «determinaciones que puedan servir de base normativa a las medidas adoptadas». Es decir, las medidas carecen de un amparo legal.

Anulado el decreto por infringir la Ley de Tráfico, la magistrada no entra a valorar el resto de los motivos planteados por el PP, entre ellos la vulneración de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de  Bases de Régimen Local, pese a que la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, en su valoración de la sentencia dijo ayer que «vulnera todo».

El concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, área a la que corresponde el decreto anulado, anunció que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Vélez dijo que «nunca» se ha utilizado la ordenanza para la puesta en marcha de este tipo de medidas «ni siquiera en los veninte años que gobernó el PP en el Ayuntamiento». Vélez preguntó «¿dónde está la ordenanza que regula el carril bus que se aprobó en la etapa del Partido Popular?» y añadió que la sentencia anula el decreto «por una cuestión formal».

Tras recordar que el fallo «no es firme», y por tanto no afecta a la circulación, mostró su discrepancia con la valoración sobre el impacto de las medidas para señalar que «afecta a unas calles y no a toda la ciudad».