La concesionaria del parking de la plaza Mayor de Valladolid recurre para frenar la gestión municipal

La gestión del aparcamiento de la plaza Mayor, que el Ayuntamiento  quiere asumir antes de fin de año, se dirimirá en los tribunales. El Ayuntamiento aprobó en la junta de gobierno del pasado 3 de noviembre la recuperación de la concesión con fecha 4 de octubre, en cumplimiento de un acuerdo que se adoptó en diciembre de 1989, pero que no se había ejecutado todavía, aunque la empresa concesionaria, Aparcamientos Españoles S. A., no  se lo pondrá nada fácil.

El pasado miércoles, Aparcamiento Españoles presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para frenar el acuerdo municipal, al considerar que el consistorio pretende «un rescate encubierto de la concesión», sin respetar el procedimiento legal establecido «y evitando las indemnizaciones procedentes».

La empresa sostiene también en el recurso que el Ayuntamiento ha incurrido en defectos procedimentales y que no se han respetado los dictámenes del Consejo Consultivo, que por dos veces se pronunció sobre el asunto, aunque en la primera no entró en el fondo.

Mientras la batalla está ya en los tribunales, el Ayuntamiento prosigue con los pasos para recuperar la concesión y  la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad aprobará en su reunión de hoy que sea la empresa de autobuses urbanos, Auvasa, la que se ocupe de la gestión del estacionamiento cuando pase a manos municipales y también de los ascensores que se construirán en Parquesol. 

Según se recoge en la memoria elaborada por técnicos municipales, la gestión por parte de Auvasa reportaría al Ayuntamiento unos beneficios de 12 millones en 10 años.  

La rentabilidad estimada toma como base el volumen de usuarios actual,  unos 356.000 vehículos al año, y las tarifas vigentes, que, según consta en la memoria, se mantendrían. En este escenario de continuidad, los costes de explotación con Auvasa al frente de la gestión ascenderían a 354.018 euros al año, de ellos 161.833 en gastos de personal, mientras los ingresos alcanzarían los 864.004 euros.

El informe concluye que «resulta clara la mayor rentabilidad en una gestión por Auvasa» y se añade que la asunción del aparcamiento por la mercantil municipal «no pone en riego la estabilidad presupuestaria ni la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal».

Si  al final Auvasa asume la gestión del aparcamiento, habrá de tener en cuenta otra de las conclusiones recogidas en la memoria, en la se advierte  que será necesaria una inversión inicial de 1,5 millones de euros para acondicionar las instalaciones. 

La partida más importante, 1,2 millones, será para  impermeabilizar el forjado y evitar así las filtraciones de agua procedentes de la plaza Mayor. A esta cantidad habría que sumar otros 284.000 euros para el mantenimiento y los sistemas de control y otros 80.460 para  instalar un sistema de iluminación de bajo consumo y pintar el aparcamiento.

Antes, sin embargo, deberá pronunciarse el juzgado y decidir si admite el recurso de la empresa,  que en 1973 asumió la gestión de la primera planta  por un periodo de 43 años. La concesión terminó en 2017, pero las cosas se complicaron con la apertura de una segunda planta en 1997. En previsión de esta nueva planta, en un pleno de diciembre de 1989 se acordó que en el momento de la apertura del segundo sótano se establecería una fecha común para final de la adjudicación. La segunda planta se abrió en 1997, en teoría con 2040 como último año para la concesión, pero no se cumplió el acuerdo del pleno de concretar una fecha única para darla por terminada. 

 Así se llegó 2017 y la concesión de la primera planta caducó, sin que estuviera fijada la fecha unificada para el fin de la adjudicación. 

El Ayuntamiento encargó entonces un estudio a la consultora Nuve Consulting, que estableció como  fecha justa para dar por terminada la relación es 2021, el año en el que los ingresos obtenidos en las anualidades transcurridas desde que   terminó la concesión de la primera planta compensarían las pérdidas por recortar el tiempo de adjudicación de la segunda, fijado en 2040. 

El equipo de gobierno municipal fijó el fin de la concesión para el 4 de octubre, pero Aparcamiento Españoles recurrió y solicitó la intervención del Consejo Consultivo, cuyos dictámenes no son vinculantes. El Ayuntamiento siguió adelante y el pasado 3 de noviembre ratificó la recuperación de la gestión del estacionamiento para pasar a manso municipales. El consistorio considera que de esta manera los 600.000 euros que la empresa declara de beneficios, mientras paga un canon anual de 6.500 euros, pasarán a las arcas municipales.

Además de la batalla legal, la decisión sobre el aparcamiento tiene su vertiente política al rechazar el Grupo Municipal Popular la actuación del equipo de gobierno y plantear que se llegue a algún tipo de acuerdo con la empresa.