La Junta trasladará a 300 funcionarios a la antigua sede de Hacienda en Valladolid, tras una obra de 14,2 M€
Estima sacar la reforma a licitación este año para que los trabajos arranquen en 2022 y se completen en 2024 / No saben qué servicios derivarán al edificio de Valladolid para ahorrar alquileres, después de siete años vacío
El edificio de la antigua sede autonómica de la Agencia Tributaria, ubicado en la plaza de Madrid de la capital vallisoletana, está a punto de embarcarse en las esperadas obras de rehabilitación para poder albergar nuevos servicios administrativos, después de que en 2014 la delegación estatal de Hacienda se trasladara al barrio de Villa de Prado y las céntricas dependencias se vaciaran. En aquel momento el Gobierno central y la Junta de Castilla y León firmaron un acuerdo por el que el inmueble pasó a manos de la comunidad y ahora, siete años después, ya hay presupuesto y plazos de ejecución.
Será antes de que finalice el año cuando la Consejería de Economía y Hacienda saque a licitación unas obras valoradas en 14,2 millones de euros (IVA incluido), con la previsión de que los trabajos arranquen a mediados de 2022 y se prolonguen durante treinta meses, explicaron fuentes del departamento de Carlos Fernández Carriedo.
Según estas estimaciones, si no hay demoras en la tramitación ni retrasos en las propias labores de reforma, antes de que concluya el año 2024 el emblemático edificio, con fachadas también a las calles Muro y Dos de Mayo, estaría listo para volver a recuperar la actividad, ligado a partir de ese momento a la prestación de servicios autonómicos, que aún están pendientes de definir.
La Junta, en concreto, calcula que puedan mudarse alrededor de 300 empleados de la administración regional que en la actualidad desempeñan sus funciones en locales en régimen de alquiler, si bien todavía no han confirmado cuáles serán esos servicios. Aunque una de las opciones que en su día se puso sobre la mesa era el traslado de la Consejería de Hacienda y de la Gerencia de Servicios Sociales, fuentes de dicha área explicaron que es una opción que ya no se contempla.
En la documentación relacionada con este proyecto, la Junta considera que se trata de un edificio «emblemático» digno de conservación, en una localización «privilegiada» en el casco urbano de Valladolid y con una superficie «apropiada» para su ocupación, por lo que tacha de «oportuna» la rehabilitación integral, en aras de convertirlo en un espacio moderno, «totalmente accesible y equipado con las más novedosas tecnologías», añadieron fuentes de Economía.
Las mejoras para reducir el gasto energético, la renovación de instalaciones y el reacondicionamiento de espacios en el interior permitirán a la Junta trasladar algunos de sus «centros organizativos» para reducir los gastos de arrendamiento que deben afrontar en la actualidad, al no disponer de locales propios.
En estos momentos lo que se está desarrollando es un estudio arqueológico «que valore la incidencia directa del proyecto de rehabilitación en el patrimonio arqueológico y permita determinar, en su caso, las medidas correctoras», explicaron fuentes del área de Economía y Hacienda, antes de aclarar que, por el momento, y a falta de que finalice dicho estudio y se elaboren las conclusiones finales, no han encontrado nada destacable al respecto.
Se trata, en todo caso, de un paso indispensable, puesto que la licencia urbanística municipal está únicamente pendiente de este trámite y, una vez concluya, la Junta podrá iniciar el expediente de contratación de las obras. La empresa seleccionada para la elaboración del proyecto arqueológico es Arbotante Patrimonio e Innovación, por un importe de 15.439,60 euros, y dispone de plazo hasta mediados de octubre para entregar el informe final.
El objetivo es diagnosticar las necesidades asociadas a los movimientos de tierras que pretenden realizarse, centradas en el salón de actos, el refuerzo de zapatas, los fosos de los nuevos elevadores y el drenaje perimetral, según se recoge en el expediente de la Junta. Es decir, se trata de «analizar los diferentes puntos de intervención para que puedan determinarse posteriormente los estudios a realizar durante el transcurso de la obra».
Más allá de estas ‘pistas’ sobre la remodelación, la Consejería de Economía y Hacienda aclaró que no es posible conocer los pormenores del proyecto técnico que la unión de empresas Ábalo Arquitectura e Ingeniería y Cabanillas Arquitectos desarrolló con cargo a los 361.292,69 euros invertidos hace dos años, puesto que no se trata de un documento público.
Únicamente aclaró que se efectuarán refuerzos puntuales de la estructura, se reacondicionarán espacios administrativos interiores, se mejorarán las instalaciones y se dotarán con equipamiento tecnológico avanzado o se mejorarán las condiciones de aislamiento térmico y acústico de los cerramientos exteriores.
Todo ello bajo las consignas de representatividad, funcionalidad y accesibilidad. Esto exige el mantenimiento de la estructura, de la fachada –pues está protegido por el Plan Especial del Casco Histórico– y también del ‘esquema tipológico’ interno, aunque por dentro se renueve todo el interior y se cambie la distribución o se renueven las instalaciones, carpinterías y acabados en aras de conseguir el ahorro energético hasta lograr un consumo de energía «casi nulo».
Así que, a la espera de que a finales de año salgan a licitación los trabajos y se den a conocer los pormenores, lo único claro es la necesidad de una remodelación integral debido al «estado general de deterioro constructivo [...] así como de obsolescencia en la dotación de instalaciones» que, aunque no afecta a la estructura del edificio, sí le condiciona para ajustarse a las nuevas normativas.
Porque, aunque el edificio, erigido en 1930, se sometió a «varias reformas, reparaciones y readaptaciones», en el momento de la permuta y traspaso de la propiedad desde la Administración central del Estado a la Comunidad en el año 2014, se consideraba que estaba «obsoleto», tanto a nivel funcional como arquitectónico. «Su estado de conservación no admite la consideración de su puesta en uso sin la previa realización de obras de rehabilitación que le permitan alcanzar unas condiciones óptimas de seguridad para su utilización», rezan los documentos.
La última actuación de relevancia se remonta a los años 1999 y 2000, cuando se arreglaron las fachadas para consolidar los elementos ornamentales, «que se hallaban en muy mal estado», y aunque también se habían acondicionado las cubiertas, no se llegó a mejorar el aislamiento del edificio.
Con estos antecedentes al realizarse el traspaso de la titularidad, la «prioridad» de la Junta de Castilla y León era contar con un edificio administrativo «totalmente renovado y actualizado, de la máxima clasificación en materia energética, mínima demanda y consumo casi nulo, claramente sostenible y respetuoso con el medio ambiente, con una mínima emisión de CO2 a la atmósfera e innovador en las soluciones tecnológicas que integren sus dotaciones y equipamientos».
Para afrontar todos estos trabajos y disponer de un «edificio nuevo, accesible y equipado con las más novedosas tecnologías», remarcó la Consejería de Economía y Hacienda, han previsto ese desembolso de 14,2 millones de euros, a la espera de conocer la rebaja en la adjudicación y de saber si cuentan con apoyo de fondos europeos, pues la intención es que el proyecto pueda contar con financiación del Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). La Consejería considera que es factible, puesto que «cumple con todos sus requisitos», incluido el fundamental de que con la rehabilitación del edificio se asegure una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable».