La Fiscalía investiga abuso sexual a una menor de cuatro años
Abandonó el hospital sin una resolución de las autoridades pese al decreto de la Junta que obliga a ello |El sospechoso, pareja sentimental de la madre, reside en América
J. M. LOSTAU
El Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid ha abierto una causa para investigar el supuesto abuso sexual sufrido por una menor de cuatro años tras ser diagnosticada de una enfermedad de transmisión sexual en una consulta médica.
La investigación se inició el pasado 26 febrero después de que el hospital, al que acudió la niña acompañada de su madre, pusiera los hechos en conocimiento del Juzgado mediante una llamada telefónica. Inmediatamente, el órgano judicial ofició a la Fiscalía y a la Policía para que se practicaran las diligencias oportunas encaminadas al esclarecimiento de los hechos.
La Junta de Castilla y León modificó el decreto de protección de menores y el pasado 14 de enero aprobó en Consejo de Gobierno el nuevo que refleja que ningún menor con evidencias de maltrato puede abandonar el hospital mientras no exista una resolución por parte de las autoridades competentes que hayan valorado el caso. En 2017, otra niña vallisoletana, Sara, de cuatro años, falleció por maltrato.
El informe forense recibido en el Juzgado sólo recoge la enfermedad de transmisión sexual; no aprecia ninguna otra lesión en la menor. El Juzgado que instruye la causa no ha recibido ninguna otra llamada telefónica comunicando la existencia de una segunda atención médica a la menor. Tampoco se ha recibido ningún otro parte médico. De modo que al Juzgado instructor sólo le consta la primera asistencia sanitaria en la que se le diagnostica a la menor la enfermedad de transmisión sexual.
De las primeras indagaciones se desprende que los hechos investigados pudieron ocurrir en el extranjero, durante un viaje en el que la niña acompañó a su progenitora para visitar a otras personas. El sospechoso, pareja sentimental de la madre, reside en América.
La jueza, a petición de la Fiscalía, ha oficiado a la UFAM de la Policía Nacional para que practique más diligencias y amplíe la investigación. Igualmente, se ha dirigido a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, administración a la que compete la protección de cualquier menor sin que sea necesaria la petición de un juez, para que completen la información y remitan un informe sobre la situación familiar de la niña.
La Administración Autonómica, a través de los Servicios Sociales, tiene plena autonomía para intervenir ante casos de desprotección. Su actuación no requiere la intervención de un juez.