Las universidades adeudan 6,5 millones en sueldos a 500 investigadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Consejería de Educación en torno a 6,5 millones de euros en concepto de complementos salariales que debe a cerca de 500 personas que forman parte del Personal Docente e Investigador contratadas laborales en las universidades públicas de Castilla y León.

Desde el sindicato reclaman a la Junta que tome medidas y decisiones a fin de que todos los pagos pendientes sean efectivos lo antes posible, y valoran positivamente que desde el gobierno regional se reconozca el «injusto» trato que recibe este personal en relación con los complementos que les corresponden y que actualmente no están cobrando.

Roberto Fernández, vicepresidente del sector autonómico de Educación de CSIF, explica que del montante total que se debía en origen, las universidades han asumido cerca de un millón y medio a través de fondos propios, para así poder abonar por adelantado las cantidades correspondientes a los primeros quinquenios y sexenios. No obstante, remarca que todavía queda una buena parte por cubrir, en torno a cinco millones de euros, que tendrán que salir de las arcas de la Consejería de Educación. Asimismo, este organismo tendrá que afrontar la suma entregada por las entidades educativas, hasta llegar a los 6,5 millones mencionados anteriormente.

Según informan desde CSIF, Educación plantea buscar los acuerdos para el abono de las cantidades adeudadas dentro de la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo del PDI Laboral, y cuyas negociaciones están rotas desde el mes de abril. La Consejería sostiene que la modificación del decreto correspondiente se realizará una vez resueltas las cuestiones derivadas de las sucesivas prórrogas presupuestarias y cuando se suscriba el Convenio Colectivo mencionado.

Por el contrario, Fernández entiende que no sería necesario llevar a cabo ninguna actuación previa a nivel de negociación colectiva. A su parecer, sería suficiente con la reforma de algunos de los Decretos sobre esta materia para que la disposición cuarta del II Convenio Colectivo «deje de producir efectos jurídicos», puesto que en ese caso se aplicaría lo recogido en la norma reglamentaria superior.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios mantuvo una reunión el pasado 3 de enero con la viceconsejera de Universidades e Investigación, Pilar Garcés. Desde la organización sindical apuntan que Garcés trasladó su voluntad de abonar los quinquenios y sexenios «por ser de justicia», según reflejan en una nota de prensa.

No obstante, la viceconsejera hizo también especial énfasis en las dificultades económicas existentes para abonar los complementos de una sola vez. Por ello afirmó que se está estudiando, junto a las universidades, fórmulas para que el abono de la cantidad total adeudada se realice a lo largo de las presente legislatura.

Fernández trasladó también el malestar del colectivo afectado, puesto que lleva muchos años percibiendo unas retribuciones inferiores a las que tendría derecho, de manera que le han pedido a la Consejera de Educación «que trate este asunto con carácter preferente y que haga el esfuerzo de financiar, inmediatamente, el pago de todos estos complementos».

Igualmente, esta demanda fue presentada ante el Procurador del Común, quien apuntó que la alteración del Decreto correspondiente deberá llevarse a cabo a través de un proceso participativo que propicie que esa modificación sea el resultado del acuerdo de todos los agentes afectados, es decir, la Administración autonómica, las universidades públicas y los representantes sindicales. Desde CSIF indican que, para la Consejería de Educación, el acuerdo garantizará el cumplimiento de la propuesta del Procurador del Común.