El PSOE pide 34 años de cárcel para los ex viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández por la Perla Negra

El caso de la Perla Negra y los terrenos de Portillo va llegando a su recta final en lo que a la instrucción se refiere y se encamina hacia la fase que acabará desembocando en el juicio. La acusación particular que ejerce el Partido Socialista acaba de elevar al Juzgado de Instruccíón 2 sus conclusiones. En escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, al que ha tenido acceso EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, la acusación del PSOE solicita 34 años de cárcel para Rafael Delgado y Begoña Hernández, los ex viceconsejeros de Economía de la Junta de Castilla y León en los tiempos del fallecido Tomás Villanueva.

A estos años de prisión, el PSOE en sus calificaciones pide 81 años de inhabilitación y una multa de 56,3 millones de euros para el también ex secretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado. En el caso de Begoña Hernández, la acusación socialista mantiene los 56,3 millones de multa, pero eleva hasta los 105 años el período de inhabilitación para ejercer un cargo público.

La acusación popular socialista acusa a los ex altos cargos de la Junta de Castilla y León de revelación de secretos, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude y cohecho y les reclama el pago de más de 50,7 millones a la Junta, en concepto de indemnización por el daño patrimonial creado por el alquiler y posterior compra del edificio de usos múltiples de la Consejería de Economía en Arroyo, el conocido como la Perla Negra, y los terrenos del polígono de Portillo, que nunca llegó a desarrollar.

Rafael Delgado y Begoña Hernández no son los únicos acusados por el PSOE por la Perla Negra y par los que piden penas de cárcel e inhabilitación. A los dos ex viceconsejeros hay que añadir los nombres de Juan Carlos Sacristán, Germán José Martín Giraldo, Salvador Molina, Francisco Armero, Ángel Román Montes, Alberto Esgueva, Luis Antonio Recio, Carlos González Maestro, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Francisco Esgueva.

Para la acusación del PSOE es claro que, en el alquiler y posterior compra por más de 52 millones de euros de edificio de Arroyo, se favoreció a la empresa adjudicataria. “Ésta recibe información privilegiada de los altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo, luego se realizan una serie de maniobras consistentes en primero, formar la mesa de contratación en la ADE y ante el intento fallido por la resolución de la adjudicación ya que no interesaba a la adjudicataria la condición resolutoria, en segundo lugar, se deriva la operación a GESTURCAL sin ningún tipo de justificación porque era una sociedad pública de más difícil control administrativo y sin ser parte del objeto social de la misma”. Además, detallan que “no constan informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE como ente integrante de la administración institucional, ni informes de control de la eficacia realizados por la Consejería de Economía”.

Mientras, en todo lo que tiene que ver con los terrenos del polígono de Portillo, la acusación del PSOE señala que “se deduce que la operación se realizó, aprovechando la estrategia de desarrollo de suelo tecnológico y empresarial por decisión unilateral de Rafael Delgado y Begoña Hernández, para favorecimiento de las empresas relacionadas directa o indirectamente con el primero, con Urban Proyecta y con Alberto Esgueva, que fue una operación que además de tener aspectos de ilegalidad no se ajustó a los principios de responsabilidad en la gestión ni de eficiencia o eficacia suponiendo un mayor endeudamiento para ADE Parques y en contra del principio de estabilidad financiera”.

ACUSADOS Y PETICIÓN DE PENAS

Rafael Delgado: 34 años de cárcel, 81 años de inhabilitación, multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial.

Begoña Hernández: 34 años de cárcel, 105 años de inhabilitación, multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial.

Alberto Esgueva: 34 años de cárcel, 105 años de inhabilitación, multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial.

Ángel Román Montes: 18 años de cárcel, 42 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 56,3 millones y el pago de 56,3 millones de indemnización por daño patrimonial.

Francisco Esgueva: 10 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración, 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial.

Germán Martín Giraldo: 22 años de cárcel, 42 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración, 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 56,3 millones y el pago de 50,7 millones de indemnización por daño patrimonial.

Salvador Molina Martín: 11 años y seis meses de cárcel, 45 años  de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 30 millones y el pago de 25,4 millones de indemnización por daño patrimonial.

Francisco Armero: 11 años y seis meses de cárcel, 45 años  de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 30 millones y el pago de 25,4 millones de indemnización por daño patrimonial.

Juan Carlos Sacristán: 11 años y seis meses de cárcel, 45 años  de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 30 millones y el pago de 25,4 millones de indemnización por daño patrimonial.

Carlos González Maestro: 10 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial.

Luis Antonio Recio: 10 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial.

Luis Ángel Rodríguez: 10 años y seis meses de cárcel, 21 años de inhabilitación para recibir subvenciones y contratar con la administración y 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público, multa de 26,3 millones y el pago de 25,3 millones de indemnización por daño patrimonial.