El Ayuntamiento recurre el fallo de Villa de Prado para no pagar 3,7 millones a la Diputación
El intento de acuerdo no prospera y la institución provincial no descarta recurrir también
-E. M.
El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Diputación, tras la sentencia que obliga al consistorio a pagar a la institución una cantidad estimada en 3,7 millones de euros en base a la liquidación de cuentas por las obras de urbanización de Villa de Prado, no fue posible. Pese a que el concejal de Planificación Urbanística, Manuel Saravia, y el vicepresidente tercero de la Diputación, Agapito Hernández, se reunieron el día 26 para intentar un acercamiento y buscar la forma de acomodar la sentencia a los intereses de ambas instituciones, el Ayuntamiento ya tiene presentado el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Con su decisión, el consistorio cierra, el menos en principio, la posibilidad de un acuerdo y se encomienda al TSJCyL para evitar el pago de una cantidad que provocaría un agujero importante en las finanzas municipales.
Al recurso del Ayuntamiento puede seguirle el de la Diputación, que en su día reclamó al consistorio 5,7 millones de euros, bastante por encima de los 3,8 millones calculados ahora en función de los criterios recogidos en la sentencia. El vicepresidente tercero dijo ayer que no descartan recurrir también, aunque añadió que «tienen que valorarlo los servicios jurídicos» y no se mostró sorprendido por la decisión del Ayuntamiento, que le comunicó el propio Saravia.
En el paso dado por el consistorio parece haber pesado el planteamiento, que dejó claro Hernández durante la reunión de con Saravia, de que todo acuerdo pasaba por acatar la sentencia y, por tanto, asumir el pago por parte del Ayuntamiento. La Diputación se comprometía, eso sí, a dar todas las facilidades posibles para que el desembolso resultara lo menos gravoso.
El plazo para recurrir termina el día 11 y de hacerlo también la Diputación ambas instituciones volverán a medirse de nuevo en los tribunales.
El origen del litigio se remonta al convenio firmado en el año 2000 por el Ayuntamiento y la institución provincial por el que el primero se hizo cargo de la gestión y la urbanización de los terrenos de la plan parcial de Villa de Prado y a cambio la institución provincial entregó, como pago a cuenta, 24 parcelas, por las que el consistorio obtuvo 46,6 millones. Tuvieron que pasara años hasta que en 2016 el Ayuntamiento presentó la liquidación de las cuentas, en la que reclamaba 4,5 millones a la Diputación por las obras de urbanización. La institución provincial contratacó y recurrió a su vez para reclamar a l consistorio 5,8 millones.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 admitió de forma parcial el recurso de la Diputación y en una sentencia conocida el pasado día 19 falló que el Ayuntamiento tiene que cobrarse lo que corresponda por los gastos de urbanización «pero nada más».
En caso de existir plusvalías por la venta de las 24 parcelas que la Diputación entregó como pago a cuenta para que el consistorio se cobrara por los trabajos de urbanización, el juez deja claro que ese dinero le corresponde propietario de los terrenos, es decir a la institución provincial.
La Diputación cifra los gastos para urbanizar Villa de Prado en unos 43 millones y dado que la venta de las parcelas le reportó al Ayuntamiento algo más de casi 47 millones, calcula que el consistorio le debe 3,8 millones.
El Ayuntamiento discrepa de la sentencia no sólo en el cómputo de los gastos, al entender que no están recogidos todos, sino en el criterio seguido a la hora de establecer el precio de venta de las parcelas.
El juez dictamina que el consistorio debe realizar una nueva liquidación, pero, y aquí está la segunda discrepancia del Ayuntamiento, establece que se tome como pago a cuenta por parte de la Diputación los 46,6 millones que obtuvo el consistorio por la venta de las 24 parcelas. Desde el consistorio, sin embargo, sostienen que la cantidad que ha de tomarse como referencia es la que se estimó en el convenio, bastante inferior, y consideran que si luego el precio de venta fue mayor este exceso no tiene que computar.
La sentencia causó el lógico malestar en el Ayuntamiento al pasar de reclamar 4,5 millones a tener que pagar, de ratificar la sentencia el Tribunal Superior de Justicia, una cantidad que puede rondar los cuatro millones.