El 79% de los municipios carece de oficina bancaria

Castilla y León es la comunidad autónoma más afectada por la «exclusión financiera», ya que en la actualidad no dispone de sucursales bancarias el 79,1% de los 2.248 municipios, algo que afecta a un total de 365.511 habitantes, es decir, en torno al 15% de la población total.

Estas cifras corresponden al II Estudio ‘Empleo postcrisis en la banca española’, presentado ayer en Ávila por el presidente de la Federación Fuerza Independencia y Empleo (FINE), José Luis Rodríguez, junto al autor del trabajo, José Manuel García, quienes coincidieron en responsabilizar a este sector de la «desertización financiera en la España vaciada» en la última década.

La FINE, considerada la organización sindical independiente más grande del sistema financiero español, eligió la capital abulense para dar a conocer estos datos, al ser Ávila «el ciego en el país de los tuertos desde el punto de vista bancario», tal y como describió gráficamente García, quien señaló a Castilla y León como la región peor parada.

Así lo apuntan unos datos que no dejan lugar a dudas, ya que sitúan a la Comunidad al frente de una «desertización financiera» que afecta de manera especial a los núcleos rurales, lo que según el presidente de la FINE «contribuye a la España vaciada». Además, denunció que la banca esté «utilizando el cierre de oficinas para justificar el despido de personal», que desde 2008 ha pasado 278.301 empleados, a un total de 187.182 diez años después.

Estas cifras, unidas al cierre de 20.000 oficinas bancarias y a los 100.000 millones de euros de recursos públicos para el sostenimiento del sector, ha tenido como «único objetivo, aumentar la rentabilidad a costa de despedir trabajadores», según José Luis Rodríguez, quien lamentó que esta situación esté generando «una auténtica desertización bancaria, primer paso de la exclusión financiera».

En este sentido, la peor parte se la lleva Castilla y León, donde el 79,1% de los municipios no disponen de oficina bancaria, frente al 51,6% del total de España. Además, es la Comunidad con mayor número de municipios con una sola sucursal, un total de 188.

El resto de las comunidades se sitúan muy por detrás, ya que la segunda en el escalafón, Aragón, cuenta con el 57,2% de municipios sin oficinas, seguida de Navarra -54%-; Castilla La Mancha -52,1%-; La Rioja -51,7%-; Cataluña -50,7%; Comunidad Valenciana -44,8%-; Extremadura -39,2%-; País Vasco -38,6%-; Cantabria -38,2%-, y Comunidad de Madrid -37,4%-.

Algo mejor se encuentran Andalucía -18,5%-; Galicia -13,4%-; Asturias -12,8%-; Región de Murcia -8,9%-; Islas Baleares -4,5%-, e Islas Canarias con el 1,1% sin oficinas bancarias.

Según las estadísticas de la última década, Castilla y León ha pasado de 1.635 municipios sin oficinas bancarias a un total de 1.778 en la actualidad, lo que supone añadir a la lista 143 localidades más a una lista que crece un 8,7% en este tiempo.

Llama la atención el caso de la provincia de Zamora, ya que entre 2008 y 2018 pasó de 185 a 186 municipios sin sucursales, lo que también contribuyó, junto a otros factores como la pérdida de población, a que sea la única provincia en la que la población sin oficina bancaria se haya reducido, pasando de las 51.585 personas de hace diez años, a las 43.332 del año pasado.

Una tendencia que se invierte en el caso de las otras ocho provincias, destacando Segovia y Valladolid con aumentos del 26,6% y del 20,7% en el incremento de población que en este tiempo se ha quedado sin sucursal en su pueblo.

En el caso de la provincia segoviana, los 26.274 habitantes que se encontraban en esta situación hace diez años, han pasado a 33.252 el año pasado, lo que supone un aumento cercano a las 7.000 personas, mientras que en el caso de Valladolid el aumento se acerca a los 6.000 vallisoletanos en este tiempo: de los 28.444 de hace una década a los 34.344 que en 2018 carecían de oficina bancaria.

Sin embargo, aunque porcentualmente no es la que más habitantes se quedan sin este servicio, la de León es la provincia que cuenta con más población se encuentra sin sucursal bancaria: un total de 73.211, tras aumentar en 3.762 personas en los últimos diez años.

El resto de las provincias no salen mucho mejor paradas dentro de unos datos globales que sitúan a Castilla y León a la cabeza de una clasificación en la que no le gustaría estar, ya que ese 79,1% de municipios sin sucursales, supone un total de 365.511 castellanos y leoneses sin un servicio esencial, tras aumentar en 22.261 personas en la última década.

De esta manera, Castilla y León cuenta con el 27,5% de los afectados en España por esta situación, ya que la cifra global asciende a 1.326.722 personas.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que cuatro de cada diez oficinas cerradas en la Unión Europea, lo fueron en España, el presidente de la FINE lamentó que este «cierre masivo de oficinas» esté teniendo «consecuencias muy perjudiciales para la clientela, pero también desde el punto de vista sociológico».

Por su parte, el autor del estudio presentado, José Manuel García, vinculó de manera especial esta situación con a las provincias en las que las desaparecidas cajas de ahorro tenían «mucho peso» y «sustentaban el carácter igualitario» para acceder a estos servicios.

A estos datos demoledores se suma otra circunstancia que según José Manuel García, hace que en el conjunto de España, pero en particular en Castilla y León, se esté produciendo una situación de «oligopolio» o casi «monopolio», teniendo en cuenta que las cinco principales entidades financieras controlan el 68,5% de los activos. Se trata, según García, de una cuota «muy por encima de la cuota de la banca en las principales potencias europeas». Además, se da la circunstancia de que 30 provincias se sitúan por encima de ese 68,5%.

El autor del estudio no es optimista, al augurar que el cierre de oficinas proseguirá en «poblaciones mayores que antes», ya que ahora irán «a por las medianas».