Silván firmó el PGOU de 2003 avalado por «la presunción de legalidad» de los técnicos
Izquierdo afirma que algunas alteraciones del texto «eran tan groseras» que cualquiera las apreciaría

Rafael Monedero y Javier Izquierdo a su llegada a la Audiencia.-ICAL
Los técnicos, siempre los técnicos. ¿Qué sería de los políticos sin el recurso de los técnicos? A los técnicos apeló el exalcalde Francisco Javier León de la Riva el pasado martes, durante su testimonio en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2003, cuando se le preguntó si comprobó que texto final del plan incluía las correcciones ordenadas por la Junta de Castilla y León. «Esa no era mi misión», vino a decir el exalcalde y de la misma manera -la contestación fue casi un calco- respondió ayer el exconsejero de Fomento Antonio Silván a las preguntas del abogado de la acusación particular.
«¿Hubo alguien que comprobara que el Ayuntamiento había corregido las deficiencias (detectadas por la Junta)?» preguntó el letrado. «Mi función no era esa como consejero», dijo Silván, para añadir que con su firma estampada en la orden del 18 de agosto de 2003, en la que se daba el visto bueno definitivo al PGOU de Valladolid, se «limitó a recoger lo que los técnicos avalaban con su presunción de legalidad».
El abogado insistió para saber si alguien comprobó que el texto enviado por el Ayuntamiento cumplía las prescripciones ordenadas por la Junta, pero Silván admitió que lo desconocía y añadió que él era «el consejero, no el director general (de Vivienda)», el departamento encargado de revisar si, en efecto, se atendió el requerimiento de la Junta.
Molesto con las preguntas del abogado de la acusación en algún momento de la declaración, realizada por videoconferencia, Silván no recordaba una rueda de prensa León de la Riva en julio de 2008 para anunciar una comprobación del PGOU ante la posible existencia de errores. El exconsejero tampoco se acordaba de haber recibido en la consejería, ya en 2008, un escrito en el que se advertía de las diferencias -las presuntas manipulaciones introducidas que son objeto del juicio- entre el texto del plan publicado en febrero de 2004 y el documento que se aprobó dos meses antes, en diciembre de 2003, en el pleno del Ayuntamiento. «No lo recuerdo», fue la escueta respuesta.
Mejor memoria demostró el exconcejal socialista Javier Izquierdo, la persona que destapó en 2008 la presunta manipulación al tirar del hilo de un recurso presentado por un particular sobre una parcela en la calle Arca Real en el Pinar de Antequera, en el que advertía de que un artículo del PGOU no se correspondía con lo aprobado por el pleno. Al cotejar lo aprobado en diciembre de 2003 y lo publicado en febrero de 2004 detectó una serie de alteraciones, «algunas tan groseras que cualquier persona vería que los artículos se habían modificado de forma notoria». El exconcejal explicó que algunas de ellas se ‘colaron’ en el texto en noviembre de 2003, cuando se elaboraba el documento refundido del plan requerido por la Junta.
Recordó Izquierdo que el Grupo Socialista pidió por dos veces, sin éxito, una comisión de investigación en el Ayuntamiento y luego una revisión de oficio a la Consejería de Fomento, también rechazada, ante lo que decidieron presentar una denuncia ante la Fiscalía.
Preguntado por el letrado de Modesto Mezquita, uno de los cuatro acusados, cómo es que el PSOE tardó cinco años presentar la denuncia, Izquierdo recordó que él llegó al Ayuntamiento en 2007 e hizo lo que consideraba que «debía hacer».