De la Riva niega su intervención en el PGOU de 2003 y afirma que confió en Coca y en los técnicos

El exalcalde Francisco Javier León de la Riva declaró ayer, en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2003, que siempre creyó en «la honestidad» de su concejal José Antonio García de Coca, uno de los cuatro acusados junto a Modesto Mezquita, Luis Álvarez Aller y José Luis Cerezo Bada, aseguró que no intervino en la tramitación y gestión de «temas urbanísticos concretos» y se limitó a dar el visto bueno al trabajo del concejal y de los técnicos porque no tenía duda de que «lo que se había hecho era lo que se debía hacer».

La nueva sesión en el juicio por el conocido como el ‘caso’PGOU’no arrojó mucha luz sobre la gran incógnita: quién o quienes cambiaron, parece ser que en el lapso entre la aprobación del texto final y su publicación, una serie de planos y artículos del PGOU de 2003 para aumentar la edificabilidad de algunos suelos y cambiar el uso de otros con el consiguiente beneficio para los titulares de las parcelas.

La declaración de León de la Riva como testigo era la más esperada, por su condición de alcalde en 2003, entre las cinco personas que comparecieron, incluidos otros tres concejales del equipo de gobierno de la época y el secretario general del Ayuntamiento.

Tanto las preguntas de la fiscal del caso como las del letrado de la acusación particular, corregido una y otra por el presidente de la Sala hasta el extremo de que muchas de sus preguntas se quedaron sin contestar por considerarlas «irrelevantes», se centraron sobre todo en la última fase de tramitación del PGOU, a finales de 2003, cuando la Junta remitió el texto al Ayuntamiento para subsanar una serie de errores, y luego en el papel del exregidor en 2008, cuando se constató la alteración de planos y mapas.

Frente a ambos, De la Riva mantuvo que siempre confió en el trabajo del concejal, «como en el del resto de concejales», y del personal técnico. Sobre el texto que se elevó al pleno para su aprobación provisional a finales de 2003, previo paso por la comisión correspondiente, con la subsanación de los errores detectados, dijo que no sabía quién lo elaboró, pero sí que lo presentó García de Coca. Preguntado si comprobó que se habían subsanado los errores, De la Riva dijo que no consideraba que «fuera misión del alcalde cotejar» un texto de 300 o 400 páginas.

Quien durante 20 años fuera alcalde recordó que presidió más de mil juntas de gobierno durante su etapa en el Ayuntamiento y más de 200 plenos, pero aseguró que nunca dio «instrucciones a los técnicos» ni tomó «una decisión contraria a los informes del secretario, del interventor o de la asesoría jurídica».

El letrado de la acusación particular, representada por la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, fue directo al grano y preguntó al exalcalde si sabía quién realizó los cambios para aumentar la edificabilidad o cambiar el uso del suelo en el articulado del PGOU en tres de los casos objeto del juicio: una parcela de la Avenida de Madrid, los terrenos de Cáritas de José María Lacort y la antigua fábrica de harinas La Perla, que pasó a ser hotel de cinco estrellas. La respuesta fue la misma: lo desconocía y además nunca intervino «en la gestión de asuntos urbanísticos concretos»

Ante algunas de las preguntas De la Riva se remitió a lo declarado en el juzgado en 2012 y en otros casos se limitó a señalar que no lo recordaba.

En cuanto a su actuación una vez que en 2008, casi cinco años después de aprobarse el PGOU, se advirtió, por parte del Grupo Socialista, de la existencia de una serie de alteraciones que llevaron al PSOE a pedir una comisión de investigación, que fue rechazada, dijo que habló con el secretario general para abrir una «investigación independiente», encargada a dos letrados. El resultado fue la detección de unos 50 cambios intrascendentes «y 7 u 8 importantes», los que ahora son objeto de juicio.

En cuanto a los tres exconcejales que declararon ayer, María Luisa Ramírez, José Carlos Muñoz y Manuel Sánchez, este último responsable de Planeamiento en 2008 cuando se abrió la investigación sobre las alteraciones del plan y los dos primeros miembros de la Comisión de Urbanismo en 2003, sus respuestas fueron un calco: no tenían conocimientos de urbanismo y se limitaron a dar el visto bueno en la comisión y en el pleno lo que presentaba García de Coca, sin saber lo que se votaba. «Daba por hecho que todo estaba bien», fue la elocuente respuesta de Sánchez.

El secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, dijo, a preguntas del abogado de la acusación particular sobre la investigación abierta a raíz de detectarse las alteraciones que no recordaba «si se tomó medida alguna y si se ha llegado a saber» quién realizó las modificaciones. Pero eso es lo que se trata de dilucidar en el juicio, que continuará hoy con nuevos testigos.