Valladolid, a la cola en casos de violencia de género tras caer las denuncias un 17%

Si tomáramos la Comunidad como un todo, se podría concluir que la violencia de género parece haber dado un paso atrás, al menos a ojos estadísticos. A lo largo del segundo trimestre de este año, un global de 1.235 mujeres aparecían como víctimas de violencia de género. Todas ellas interpusieron un total de 1.238 denuncias. Fueron un 5% menos que durante el mismo periodo de 2018. Ese recorte, además, fue un punto más pronunciado que el experimentado a nivel nacional.

Sin embargo, el mapa de la violencia de género resultó ser muy heterogéneo en la Comunidad si nos adentramos en los datos registrados en cada una de las provincias. Soria, Segovia, Ávila y Burgos escalan posiciones y aparecen dentro del ranking de provincias españolas con mayor número de denuncias. En el otro lado de la misma moneda: Zamora, Salamanca y Valladolid, que se cuelan entre las provincias con menor volumen de casos de todo el país.

Según los datos dados ayer a conocer por el Consejo General del Poder Judicial, Soria resultó ser la cuarta provincia de España donde más repuntó la violencia entre abril y junio de este año. 38 mujeres denunciaron haber sido víctimas de malos tratos. Aunque en números absolutos, tan solo supone ocho denuncias más que en el periodo anterior, el porcentaje representa una subida del 26,7%. Exclusivamente en Cuenca, Santa Cruz de Tenerife y Girona los resultados son peores.

No muy lejos (la sexta de España) aparece Segovia, con una escalada del 20,2%, al registrar 125 denuncias. Ávila y Burgos, por su parte, también contabilizaron más casos que en el anterior periodo de referencia –un 17% y un 15,6% más respectivamente–.

Todos estos aumentos contrastan con la situación vivida en Zamora. Si exceptuamos el caso de Murcia, resulta ser la segunda provincia de España con una mayor constricción de los casos de violencia. Las 70 denuncias formuladas equivalen a un 27,8% menos que las presentadas a lo largo del segundo trimestre de 2018.

Salamanca figura como la quinta con mayor caída, en concreto un 18,2%. Del mismo modo Valladolid y León recortaron el número de denuncias. Palencia, por su parte, no sufrió ninguna alteración: 79 denuncias.

Con todo ello, Salamanca y Zamora se consagran como las dos provincias de España con una menor tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres, con 6,6% y 7,6%, respectivamente. El alza de Soria en el segundo trimestre no impide que sea la quinta provincia del país con una menor tasa. Segovia, por contra, es la única de Castilla y León que se coloca por encima de la media de España (16,4 víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres).

Volviendo a los datos autonómicos, se observa que, pese a menguar los casos de violencia en general, el volumen de mujeres extranjeras que denunció a su pareja o ex pareja se disparó. Lo hizo en un 17%. Esto supone en términos absolutos que 303 mujeres de otros países se incorporaron a la triste estadística. Representan prácticamente una cuarta parte del total de las víctimas cuyo caso pasó por los juzgados. Esa situación contrasta con la caída del 6,2% en el caso de mujeres con DNI español.

Junto a estos datos, hay otro que llama la atención, prácticamente un 84% de las denuncias fueron presentadas en Castilla y León por la propia víctima, ya sea directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales, lo que supone 14% más que en 2018.

Los datos de Castilla y León evidencian una mejor situación que en España, donde solo el 71% de las denuncias fueron realizadas por las propias víctimas, y bajando.

Como en toda estadística, hay una cara b. Las familias miran para otro lado. Y es que solo un 2% de los casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades por algún familiar. Este porcentaje tan reducido llevó ayer a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, a calificarlo de «insatisfactorio».

Se produjeron menos denuncias, menos víctimas, pero también hubo menos mujeres que se echaron atrás tras presentar la denuncia. O lo que es lo mismo, hubo más mujeres que se atrevieron a continuar con el proceso judicial y declarar contra su agresor.

Los datos del CGPJ apuntan a que solo 125 víctimas se acogieron a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, tal y como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando entre abril y junio la cifra se elevó hasta las 153. Es decir, solo un 10% de las víctimas optó por no declarar como testigo, cuando un año antes la cifra superaba el 11,5%. Eso sí, proporcionalmente fueron más las extranjeras que renunciaron que las españolas.

Pese a que la estadística habla de una mejoría en los niveles de violencia de género en la Comunidad, Castilla y León ha perdido esa posición ‘privilegiada’ que le otorgaba ser la autonomía con menor tasa de violencia de género por cada 10.000 mujeres. A Castilla y León le ha arrebatado el puesto Aragón.

Contabiliza un ratio de 10,1 mujeres víctimas de violencia de género, mientras que Aragón lo rebajó hasta el 9,8%. Aun así Castilla y León está lejos del 16,2% anotado por España, y mucho más por el 22,6% de Canarias o el 21,9% de Baleares.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

La caída en las cifras de denuncias no se vio reflejado en una disminución en el volumen de órdenes de protección, al contrario. De abril a junio se incoaron 377 órdenes de protección en la Comunidad (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas). Supuso nueve órdenes más que en el segundo trimestre de 2018, es decir un 2,4% más.

En el 78% de los casos que acabó sentenciado y con orden de protección era un hombre español. Y en un 41% de las situaciones mantenía una relación de ex pareja con la víctima. En otro 30% la relación afectiva que mantenían no era de matrimonio. En seis casos, el juzgado por violencia de género era un menor de edad –todos ellos de nacionalidad española–.

En vista a estos datos, la presidenta del Observatorio valoró en términos generales el incremento de las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las concedidas, en la medida en que, a su juicio, «refleja una mayor concienciación de las víctimas y familiares y una sensibilidad en la respuesta institucional frente a la violencia de género».

A pesar de ello, apeló a la necesidad de apostar por la visibilidad de la violencia de género acompañada por la prevención, la protección y el amparo a las víctimas. E incidió, una vez más, en la necesidad de incrementar el esfuerzo y la generosidad de todos los estamentos sociales y políticos para luchar sin desmayo contra la violencia machista.

Por ello, recordó que las víctimas de violencia de género «se merecen la unidad de todos en la respuesta frente a un intolerable fenómeno que tiñe de sangre nuestra convivencia ciudadana», pide a las víctimas que sigan confiando en las instituciones del Estado, inmersas como están en la tarea de erradicar de la sociedad la violencia de género.