El Ayuntamiento pagará la factura de los letrados contratados por De la Riva, Blanco y Sánchez
La minuta que debe abonar el consistorio, personado como acusación en el caso de la ‘comfort letter’, asciende a 34.230 euros / Los tres fueron absueltos y reclamaron el pago de los servicios se sus letrados
El abogado Ferrández Otaño, el ex concejal Manuel Sánchez, De la Riva y el letrado de ambos, José María Tejerina.-J.M. LOSTAU
El último capítulo del juicio contra el ex alcalde Javier León de la Riva y los ex concejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco por el conocido como caso de la ‘comfort letter’ no se escribió con su absolución por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en noviembre de 2018. Faltaba el epílogo y se pondrá hoy en el pleno del Ayuntamiento, con la aprobación de un pago por importe de 34.230 euros para abonar la minuta de los dos abogados contratados por los tres acusados para su defensa: José María Tejerina, letrado de León de la Riva y de Sánchez, y José Ferrández Otaño, abogado de Blanco. Pese a que Ferrández Otaño llevaba sólo la defensa del que fuera concejal de Hacienda es el que pasó la factura más alta: 17.290 euros, de los que 362 son para el pago del procurador.
La minuta de Tejerina por la defensa de León de la Riva asciende a 10.285 euros, 8.500 en concepto de honorarios y 1.785 de IVA, mientras que la presentada por el segundo de sus defendidos, Manuel Sánchez, es de 6.655 euros, 5.500 por sus honorarios y otros 1.115 de IVA.
El abono de las cantidades se acordó en la Comisión de Hacienda de la pasada semana con el apoyo de todos los grupos, sin discusión, y será hoy el pleno el que ratifique un acuerdo.
Fueron los tres ex representantes municipales los que reclamaron al Ayuntamiento el reintegro de las minutas de sus abogados en virtud del artículo 75.4 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el que se recoge que los miembros de las corporaciones locales «percibirán indenmizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo». Blanco presentó su reclamación en marzo, el primero, y en julio lo hicieron León de la Riva y Manuel Sánchez. Los tres ya abonaron la factura a sus letrados y ahora será el Ayuntamiento el que les reintegre la cantidad pagada.
En los tres casos, la asesoría jurídica municipal emitió un informe con idéntica conclusión: los concejales tienen derecho a que se les abone por el Ayuntamiento los gastos de su defensa «cuando la misma se produzca por hechos u omisiones realizadas en el ejercicio de sus cargos y el resultado sea absolutorio». Las dos circunstancias concurren en De la Riva, Sánchez y Blanco. Pero más allá de este derecho reconocido, lo llamativo en el juicio de la ‘comfort letter’ es que el Ayuntamiento fue el que se presentó como acusación contra el ex alcalde y los dos ex concejales.
Dado que al ser el Ayuntamiento la acusación los letrados municipales no podían a la vez defender de los tres acusados, éstos tuvieron que recurrir a contratar los servicios de abogados externos y luego pasaron la minuta al consistorio, que hoy acordará el pago.
Con independencia de ser una cantidad importante, que lo es, el pago de la factura de los abogados tiene otra lectura en clave más personal: viene a ser una especie de nueva victoria de De la Riva, y también de Sánchez y Blanco, sobre el alcalde, Óscar Puente, impulsor de la denuncia. El ahora regidor decidió llevar a su predecesor a la Fiscalía tras descubrir, al llegar a la alcaldía una carta de conformidad, una especie de aval, firmada por León de la Riva, pero sin pasar por ningún órgano municipal, que comprometían la devolución por el Ayuntamiento de los 100 millones de euros que le correspondían del préstamo de 400 millones solicitado por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para el soterramiento. Con posterioridad se descubrieron otras dos cartas similares y en la lista de procesados se incluyó a Blanco y Sánchez.
La Fiscalía pidió para León de la Riva penas que sumaban 9 años de cárcel y 27 de inhabilitación por tres delitos de prevaricación y otros tres de falsedad documental. Tanto para Blanco como para Sánchez solicitó 24 años de inhabilitación por tres delitos de prevaricación.
Si ya las relaciones entre Puente y De la Riva eran poco menos que inexistentes, con la decisión de llevar al ex alcalde a los tribunales se dinamitó cualquier posibilidad de acercamiento.
Los tres resultaron absueltos, si bien en el fallo emitido por la Sección Segunda de la Audiencia se recogía que León de la Riva «actuó de forma claramente negligente, con alto grado de ligereza y despreocupación», aunque no existió «una intención torticera de perjudicar al Ayuntamiento».
La absolución fue la primera victoria y ahora el remate, aunque se trata de un derecho, será el pago de la minuta de los abogados.