Los tribunales decidirán sobre los 5 millones de euros que enfrentan al Ayuntamiento y la Diputación

Irremediablemente, los tribunales tendrán que solucionar la disputa existente entre la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de la capital por la cuantía económica de la liquidación sobre los terrenos de la Villa del Prado. Los informes municipales, favorables al consistorio, piden 4,7 millones de euros para cumplir con los pagos; mientras que los informes de la Diputación, favorables a sus intereses, demandan 5,8 millones de euros.

El motivo de discordia, por el que la Diputación de Valladolid demandó al Ayuntamiento ante Juzgado de lo Contencioso Administrativo, es la ‘factura final’ a pagar por los servicios prestados entre ambas entidades. La administración provincial llevó a este tribunal, hace más o menos un año, al ente municipal por una supuesta deuda en la liquidación que alcanza los 5,8 millones de euros. Para evitar una resolución judicial, Manuel Saravia, concejal de Urbanismo y Agapito Hernández, diputado de Hacienda, se sentaron a hablar ayer para negociar.

Entre los argumentos dados a favor del consistorio, Saravia quiso destacar «que la propia Diputación está incumpliendo la obligación de vender sus suelos con el destino de viviendas protegidas, y no libres, como lo está haciendo; como se pone de manifiesto en el Escrito de Conclusiones presentado por el letrado del Ayuntamiento el pasado 2 de julio», motivo por el que podría ser denunciado.

El edil, a su vez, declaró que fue a negociar un acuerdo extrajudicial que no fuese beneficioso para ninguna parte. La propuesta que el Ayuntamiento presentó a la Diputación consistía en suscribir un acuerdo por el que ambas partes renunciasen a reclamar cantidad alguna a la otra administración, entendiendo que el mismo pacto supondría una ventaja para ambas administraciones, y que el posible perjuicio de una redundaría en beneficio de la otra. Este acuerdo alcanzaría una solución que no sería «manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico ni lesiva del interés público o de terceros», como exige la misma ley antes citada para admitir la desaparición pactada de la controversia.

Saravia transmitió que desde el Ayuntamiento «iremos a matarnos en el juicio», al no quedar remedio alguno después de que Conrado Íscar, presidente de la Diputación, le plantase y acudiese en su lugar Agapito Hernández, que según desveló el edil, dijo que «así está la cosa y no vamos a movernos ni un centímetro».

El diputado provincial indicó que en este momento es «inviable llegar a un acuerdo» y que «el señor Saravia demuestra una voluntad tardía de llegar a acuerdos». La Diputación criticó la falta de intención de llegar a acuerdos desde el Ayuntamiento se ha plasmado en la constante denegación a las alegaciones y recursos planteados por la institución provincial.

INICIO DEL CONFLICTO

Lejos queda el año 2000, momento en que ambas administraciones firmaron el acuerdo de la ‘discordia’ para urbanizar la zona. Diputación y Ayuntamiento negociaban por un fin común: explotar el ‘boom’ del mercado inmobiliario con la construcción de viviendas o la nueva sede de las Cortes de Castila y León y sacar una cuantía económica jugosa para poder cumplir con los proyectos políticos establecidos por cada entidad.

Una vez acabado de desarrollar el Plan Parcial Villa del Prado, tocaba echar cuentas y se plantearon los problemas. Comenzaron a surgir diferencias a la hora de valorar las parcelas que la Diputación, en virtud del convenio. El pliego exponía que para cubrir los costes derivados de la urbanización de los solares, la Diputación, propietaria del 90% del terreno, tenía que ceder el 10% de las parcelas, así como la reserva de un 40% del terreno edificable, según estimó la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA). Este sería uno de los gérmenes del actual conflicto, por el que se discute la tasación de parcelas cedidas, y surgieron discrepancias también en cuanto a las bases legales del sistema de cooperación y otras previsiones recogidas en el Plan Parcial.

Al concluir el mandato en el Ayuntamiento de Francisco Javier León de la Riva, en 2015, «las desavenencias ya estaban planteadas», manifestó Manuel Saravia. Esto es «un conflicto heredado, tanto por la corporación municipal como por la nueva corporación provincial constituida hace dos meses».